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Legalizar las drogas también para prevenir adicciones

Diez policías de la Bonaerense detenidos por liberar zonas. Aumentan las causas de detenciones de jóvenes por tener un porro, mientras otros están sometidos a un consumo compulsivo.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Sábado 2 de junio | Edición del día

Ante la detención de diez miembros de la Bonaerense por liberar zonas y extorsionar a comerciantes de barrios, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo aseguró:"Hoy no perdimos a policías, nos sacamos de encima a delincuentes. Como dijimos el primer día: el que mancha el uniforme, se va". Una frase pomposa que sirve como campaña en tanto todo continúa igual.

Como todo el Gobierno de Cambiemos, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, acuden a la “rentable” campaña de inseguridad. Rentable, porque cuando no tienen ningún éxito de gobierno, los problemas de seguridad están ahí, a mano. Solo hace falta buscar algún caso marquetinero, para mostrar eficiencia y decisión para “combatir la inseguridad”. Rentable, también, porque bajo el pretexto de la inseguridad ejercen el control social y la mano dura contra los sectores más vulnerables.

Es vox populi que las fuerzas de seguridad, a las que el Gobierno armó hasta los dientes, están involucradas en el pequeño y gran delito. La Bonaerense tiene un poder territorial y está en las calles las 24 horas de día. Conoce el territorio mejor que cualquier puntero político y ningún negocio ilegal se ejerce sin su participación. Controlar políticamente a esta fuerza fue el anhelo de todos los gobernadores. Fracasaron tanto cuando diseñaron el control civil o las purgas. La Bonaerense ejerce su autogobierno.

No es que les interese la buena conducta de los uniformados, solo quieren controlarlos y ante esta imposibilidad, Vidal y Ritondo se propusieron objetivos menos “ambiciosos”. Por eso, la exoneración de algunos miembros de la policía es la mejor política para mostrar eficiencia mientras que nada cambia.

Nada cambia porque las pandillas que, por ejemplo, venden sustancias ilegales, lo hacen en complicidad con las fuerzas de seguridad.

Sin embargo cuando la Gobernadora, con su voz coucheada, dice “"Estamos del lado de los que sufren de ésta adicción y no de los que la promueven", no es más que una mentira. Según el Sedronar, la Argentina invierte 1,4 % del PIB para políticas antidrogas, de ese total destina 95 % para combatir la oferta y 5 % para superar la demanda. En otras palabras, el 95 % del dinero se utiliza para el control social: equipar a las fuerzas represivas y perseguir jóvenes que se fuman un porro en una plaza. Lo demostró el fiscal Federico Delgado que desde el 2011 elabora estadísticas sobre las causas que llegan a su fiscalía, donde registró que el 80 % los expedientes abiertos son por tenencia para consumo personal.

El 5 % restante del presupuesto está dirigido a asistir a las personas que tienen un uso problemático con el consumo de algún tipo de sustancias. El 0,17% del presupuesto general provincial 2018 está dirigido a asistir a quienes lo necesiten.

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Legalizar, la única política realista

Hace 100 años se prohibía el consumo de algunas de las sustancias que hasta el momento eran de venta libre. El impulsor de esta política fue Estados Unidos, el objetivo: controlar los cuerpos. La nueva sociedad fordista precisaba incorporar nueva fuerza de trabajo, pero la necesitaba sobria.

Recién en la década del 70 el imperialismo yanqui exporta la “guerra contra las drogas”. El objetivo, nuevamente, fue el control social. Esta vez estaba dirigido a militarizar Latinoamérica.

La guerra contra las drogas resulto un gran negocio capitalista, que sobre la ilegalidad, se desarrollaron poderosos carteles de la droga.

Pero esta ilegalidad es también responsable de consumos problemáticos, que muchos de ellos no reciben asistencia. Según un informe de la oficina de drogas y delitos de Naciones Unidas en el mundo hay 250 millones de consumidores de drogas, de los cuales, solo un 11 % (27 millones) son considerados consumidores problemáticos. Para dar “respuesta” a este problema de salud ponen en marcha una maquinaría policial, militar, con despliegues de helicópteros, radares, aviones y cifras millonarias.

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Por otro lado no es ingenuo que desatiendan los problemas de salud de un sector de la población. Karl Marx en El Capital se refería a la existencia estructural de una «población obrera sobrante». Decía que los capitalistas conservan solo una parte de ese ejército de reserva como fuerza de trabajo para nuevos ciclos de producción, en tanto al resto de esa población sobrante los arrojan a la miseria.

A este sector marginado gobiernos como los de Vidal, solo le reservan represión, y si padecen por el consumo problemático, la salud pública no será un destino para ellos. En cambio, en muchos casos, estos sectores vulnerables son utilizados por esas mismas fuerzas represivas como mano de obra para el delito.

Legalizar todas las drogas es la única política sería, no solo para combatir el narcotráfico, sino para que esas sustancias no estén adulteradas. Que frente a un uso problemático la respuesta sea de salud pública y no represiva.

La prohibición generó un negocio millonario y sangriento de los que se benefician los grandes capitalistas. Claro esta que su prohibición no evita que 250 millones de personas en el mundo accedan a ellas.

Legalizar todas las drogas, es parte de una política para combatir tanto el narcotráfico como el reforzamiento represivo del Estado que se apoya en este negocio. Legalizar las drogas y una política sanitaria para la atención de los consumidores en riesgo y la reducción de daños, es un derecho y una libertad todavía pendientes para los usuarios de sustancias. Mientras tanto la penalización a los usuarios es una herramienta que tiene el Estado capitalista para criminalizar a la juventud (sobre todo de los sectores populares).

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