Política

APERTURA DE SESIONES

Los frentes de tormenta de Manzur

Hoy el gobernador dará su primer mensaje en la Legislatura de Tucumán, donde difícilmente haya grandes anuncios.

Juan Rovere

@juanroverepts

Martes 1ro de marzo de 2016 | Edición del día

Lejos de una "luna de miel", Juan Manzur viene gobernando durante más de 120 días con importantes frentes de batalla en crisis que lo están convirtiendo en un gobierno débil, sin tropa ni recursos propios.

La madre de todas las batallas: salvar el régimen político

Luego de las escandalosas elecciones del 23 de Agosto, Manzur asume con una imagen de gobierno ilegítimo y el régimen político sufrió un golpe importante. Por un lado, el sistema electoral fraudulento basado en los acoples que cumplía la función de equilibrar la disputa interna entre los diferentes punteros (principalmente del PJ pero también del Acuerdo del Bicentenario). Cientos de partidos fantasmas eran creados por cada puntero para disputar un cargo y al mismo tiempo “sumar” a un mismo candidato a gobernador o intendente. Lo ficticio de esos “partidos” puede verse en que luego sus autoridades forman parte al mismo tiempo de las autoridades del PJ o la UCR.

Quienes logran bancas obtienen el premio mayor de los “gastos sociales”, pero para quienes pierden queda el premio consuelo de algún cargo menor en gobernación o municipios. La dificultad de Manzur reside en no contar con tropa propia para realizar ningún tipo de reforma “profunda” que pueda darle legitimidad y lo muestre con iniciativa propia. No tiene legisladores que le respondan directamente, poder político para imponerse ni “caja” para cooptar voluntades.

Pero un régimen político podrido, no se expresa sólo en su sistema electoral. Casi desde el inicio del gobierno de Manzur se desató una batalla en el Poder Judicial que pasó de los fuegos de artificios a destapar ollas con verdaderos escándalos políticos. Si la Justicia tucumana –a partir de fallos como el de Marita Verón y el caso Lebbos– estaba manchada por encubrimiento al poder político, el nombramiento de Edmundo Jiménez como Ministro Fiscal (jefe de los fiscales) hizo que se profundizaran las grietas en los tribunales.

Jiménez fue uno de los principales digitadores del sistema judicial desde tiempos de Palito Ortega, promoviendo y desplazando jueces y fiscales fue una pieza “clave” de la impunidad del poder. Como premio recibió su actual cargo vitalicio, pero para evitar los “controles” de la Corte Suprema Provincial busca la autonomía total para controlar presupuesto y personal.

Esta disputa, en la que la Corte tiene el apoyo de Manzur y Jiménez del Ministro de Justicia macrista Garavano, está dando lugar a carpetazos que salpican a toda la justicia y el poder político. Desde la designación de familiares, amigos, archivo de causas con implicancias políticos hasta la reapertura de juicios como el caso del legislador Gassenbauer.

El único temor compartido por todos los sectores es una intervención federal que podría significar la entrada directa del macrismo en un poder clave de Tucumán. Para variar, Manzur sólo puede limitarse a reunirse protocolarmente en apoyo a la Corte, pero no tiene ningún sector propio sobre el cual ejercer influencia en su favor.

Manzur al gobierno, José (Cano y Alperovich) al poder

Junto con la debilidad de origen, el triunfo de Mauricio Macri profundizó la debilidad del gobierno de Manzur. En primer lugar porque un eventual gobierno de Scioli le hubiese permitido mediante el manejo de la “caja” mantener tras de sí a legisladores e intendentes e ir construyendo poder propio. Pero como dice el dicho popular los males siempre vienen juntos. Ilegitimidad y dependencia financiera de un gobierno opositor derivaron en el nombramiento de José Cano como virtual Ministro (y “gobernador”) por el que pasa cada peso destinado a Tucumán.

Cano y su socio peronista Domingo Amaya (también funcionario macrista) operan para desgastar a Manzur y utilizan los (aún débiles) recursos económicos para construir poder territorial recibiendo la visita de legisladores e intendentes supuestamente “oficialistas”. Ambos dejaron de denunciar a Manzur como gobernador ilegítimo, atentos a la posibilidad de utilizar el mismo sistema fraudulento de punteros para el 2019. Como parte de esta estrategia de desgaste es el inicio del proceso judicial por el “Plan Qunita” mediante el cual se realizaron contrataciones con millonarios sobreprecios. El objetivo es cambiar “de Rey” pero mantener y legitimar el “antiguo régimen”.

La debilidad de la oposición en la Legislatura, dónde además de ser minoría están dispersos en bloques unipersonales (incluidos los legisladores del PRO) que les impiden tener iniciativa unificada, la compensan con esta especie de co-gobernación encabezada por Cano. Pero al mismo tiempo, el plan de ajuste macrista puede significar un costo político importante para quien públicamente debe mostrarse como “benefactor” pero que tendrá que justificar cada ajuste realizado por el gobierno nacional.

A diferencia de José Alperovich, quien rápidamente pudo despegarse del mirandismo al alinearse plenamente con Kirchner, Manzur debe, por las debilidades antedichas, apoyarse en el alperovichismo ya que es el único factor que le da estabilidad: mayoría parlamentaria, poder territorial, apoyo de un sector de la justicia local y “votos” en la Cámara de Diputados y Senadores para negociar.

Su falta de independencia y legitimidad le impide por el momento tener iniciativa política e intentar imponer una agenda propia. Esto es utilizado por el propio Alperovich para mantener “tropa propia” y recorrer barrios y localidades permanentemente, en lo que parece va a ser una campaña electoral de 4 años entre Alperovich y Cano, quedando Manzur como un largo gobierno de transición. Esta debilidad explica la “distancia” del mellizo Orellana que se fue del bloque del FPV en diputados y del acercamiento de Ruiz Olivares (el acople Acción Regional es el que más votos sacó en la provincia) al PRO.

El ajuste del Bicentenario

Por último está la situación económica, que tampoco tiene buenas noticias para Manzur. El 75% del presupuesto depende de los giros coparticipables de la Nación. Por las medidas económicas del gobierno de Macri (principalmente la baja de las retenciones y veto al aumento de un 15% a las coparticipaciones provinciales) el presupuesto provincial va a estar muy ajustado, lo que repercutirá tanto en las paritarias como en “la caja” para los punteros.

Pero además, el plan económico recesivo y en favor de los grandes monopolios repercutirá fuertemente en la provincia. Las medidas anunciadas para el sector azucarero sólo beneficiaran al sector más concentrado (y que produce bioetanol) y de ninguna forma da respuestas a los pequeños cañeros y a los ingenios más chicos. Estos se convertirán en subsidiaras de los grandes grupos o se tornaran paulatinamente en inviables.

Por otro lado la quita de restricciones a las importaciones repercutirá fuertemente en sectores que producen para el mercado interno, como las textiles, metalúrgicas, plásticos, químicos, etc. Además la recesión, la inflación, la restricción del crédito y los tarifazos afectarán fuertemente al comercio. También la construcción se está viendo afectada ya que bajo fuertemente la inversión pública que era lo que venía manteniendo niveles altos de empleo.

La excepción son quizás el citrus y las productoras de alimentos (y parcialmente los productores de granos y los grandes terratenientes) cuya productividad le da competividad interna y externa, e incluso pueden llegar a realizar renovación tecnológica (aprovechando el quite a las restricciones para importar). Esto no quita que aprovechen la situación política y social para realizar ataques que permitan mayor disciplinamiento y aumentar los ritmos de producción.

La posibilidad de la izquierda

Este 24F se volvió a mostrar en todo el país que es la izquierda quien puede verdaderamente encabezar la resistencia. El fuerte del Frente de Izquierda radica en la conquista de bastiones en el movimiento obrero y estudiantil, y la utilización de las bancas parlamentarias de forma independiente de los bandos patronales que realizan (o avalan) el ajuste. Esto ha redundado en un desarrollo de la influencia política que desde el PTS pretendemos utilizar para ganar las calles contra el ajuste y el cercenamiento de las libertades democráticas.







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