Política

CIFRAS DISCRECIONALES

Los “gastos sociales”, la caja negra de la casta política tucumana

Acompañan la dieta de cada legislador, quien los utiliza a su antojo. El monto asciende a cifras millonarias y los movimientos se multiplicaron en tiempos electorales.

Maximiliano Olivera

@maxiolivera77

Miércoles 9 de diciembre de 2015 | Edición del día

Incorporados en los 90 con una ley propiciada por el gobierno de Palito Ortega, los gastos sociales son el único pago en mano que realiza la Legislatura y tienen un carácter discrecional, es decir que cada legislador elije lo que hace con ellos. Según el manual de clasificadores presupuestarias de Tucumán se trata de “auxilios o ayudas especiales” que pueden extenderse a “actividades culturales, artísticas, deportes, etcétera, cualquiera sea su forman”.

Los 49 legisladores reciben, además de la dieta básica de $25.000 aproximadamente, una importante suma en concepto de gastos sociales. Ninguno admite el número real que cobra e inclusive desconocen lo que cobran el resto de sus pares, ya que el monto es determinado individualmente y es secreto. Se estima que las sumas van los $80.000 a $200.000 mensuales, y que el monto depende de las afinidades políticas en el recinto.

Un presupuesto millonario

Los gastos sociales ocupan un lugar importante en el presupuesto de la Legislatura. El presupuesto provincial para el 2015, aprobado el 28 de noviembre de 2014, era de $31.400 millones, donde $959 millones correspondían para la Legislatura. En el desglose presupuestario se estipulaba $156 millones en términos de “ayuda social a personas”. El 9 de septiembre de este año se votó una ampliación presupuestaria que elevó el monto de los gastos sociales a $505,6 millones.

El presupuesto provincial para 2016, aprobado el pasado 8 de octubre, se fijó en $42.172 millones. Aun sin certezas se puede calcular que $1.307 millones corresponderán a la Legislatura y de allí unos $212 millones irán para los gastos sociales.

El traslado del dinero tiene una peculiaridad: los fajos de billetes son acomodados en valijas que recorren las cuadras que distancian la sede del Banco Tucumán-Grupo Macro y la Legislatura. Se calcula que en cada valija se puede acomodar hasta 6 millones.

Los movimientos en tiempos electorales

Una lectura de los movimientos de la cuenta destinada a los gastos sociales (a los que accedió el diario La Gaceta) dan cuentan de los importantes movimientos en tiempos electorales.

En junio se extrajeron 47.8 millones y en julio 53 millones. En agosto, el mes de los comicios provinciales, se utilizaron 91,7 millones. 53 millones fueron extraídos entre el 13 y el 20 de agosto, es decir, en el tramo final la campaña provincial.

Pero los movimientos millonarios no se limitaron a los comicios. El mes de la transición entre Alperovich y Manzur devino en la extracción de 105.3 millones. Solo en el día de la asunción de Manzur como sucesor de Alperovich, el 29 de octubre, se movieron 25 millones.

Murmullos en la Legislatura

El hecho de que los gastos sociales hayan tomado mayor notoriedad a la que siempre tuvieron despertó murmullos entre los legisladores. Algunos son clásicos. Todos tienen la sospecha, más no la certeza, de que el legislador vecino recibe más. Otros son nuevos y tienen que ver con la imposibilidad de “cumplir con los compromisos asumidos” –eufemismos de los legisladores sobre el aparato punteril–, el retraso en el pago e inclusive la imposibilidad (todavía) de nombrar asesores.

Las responsabilidades de la “ruta de la valija” recaen esencialmente sobre el elenco gobernante. En tiempos de Alperovich, Manzur presidía la Legislatura. La Tesorería, de donde parten los pagos, está bajo la órbita de la Secretaría de la Legislatura, a cargo de Juan Antonio Ruiz Olivares, en el último tiempo alperovichista.

Ruiz Olivares es el dirigente del acople Acción Provinciana, que fue el que mayor votos sacó en la contienda provincial. Pero Ruiz Olivares sufrió un desplante cuando se discutía la presidencia del bloque oficialista: la mayoría de votos no se transforma automáticamente en mayoría de legisladores.

El antiguo tesorero Claudio Antonio Pérez reemplazará a Ruiz Olivares como secretario de la Legislatura. Con mayor poder, los gastos sociales seguirán bajo su control.

Los gastos sociales derivaron en presentaciones en la Justicia de la mano de los peronistas disidentes que nunca faltan. El fiscal Washington Navarro Dávila desestimó el pedido de pesquisa afirmando que el transporte de valijas con dinero no constituye delito.

La caja negra de la casta política

Con un margen de error bastante angosto, Manzur inició su gobierno buscando la legitimidad que los comicios no les dieron. Con gestos intenta diferenciarse e lo que fueron los doce años de Alperovich. Propicia una reforma política con el objetivo de dar crédito al sistema político (y electoral) provincial. Pero que en la agenda se ponga en discusión los gastos sociales no estaba en sus cálculos.

Así como la caja negra permite reconstruir el recorrido de un avión y los minutos previos de un accidente, los denominados gastos sociales permiten un retrato de la casta política que estuvo en el ojo de la tormenta a fines de agosto de este año, cuando se denunció fraude en los comicios provinciales. El fraude de los cientos de acoples que presentó cada puntero es parte de un régimen político desgastado que montó el alperovichismo. Los gastos sociales son una fuente millonaria de financiamiento de esta red punteril.

El ejército de punteros desplegado en la provincia además de garantizar votos, mantienen un control férreo sobre los sectores más precarizados y empobrecidos. Si la burocracia sindical controla las fábricas el descontento obrero, el puntero disciplina el cuestionamiento de las condiciones de vida y sus responsables. Detrás de los gastos sociales también hay un gran cinismo de la casta política: afirman que los gastos sociales los utilizan para comprar remedios, mientras son los responsables del desfinanciamiento de la salud. Las migajas que se reparten también son para mantener el control policíaco. Si no hay votos, no hay ni remedios.

El Frente de Izquierda ha levantado un programa contra la casta política: que todos los funcionarios cobren un salario igual al docente, con revocabilidad de sus mandatos y señaló que detrás de los privilegios que gozan los políticos patronales se encuentra la orientación social de cada gobierno. El elenco de políticos patronales (oficialistas y opositores) está al servicio de las grandes patronales y sus ganancias. Los millones de los gastos sociales son la punta del iceberg.







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