Política

CABA: PROTOCOLO REPRESIVO

Luis Cevasco: un fiscal misógino, antiobrero y defensor de Videla

Está a cargo del Ministerio Público de la Ciudad. Conocido como la mano derecha del macrismo. Organizador de las marchas por Nisman, se destaca por atacar a trabajadores y sectores populares.

Gloria Pagés

Hermana de desaparecidos | CeProDH | @Gloria_Pages

Domingo 1ro de mayo de 2016 | Edición del día

Nombraremos algunos ejemplos pero antes es bueno saber, para conocer quién es el hombre que pretende regular el Protocolo represivo en la CABA, que Luis Cevasco en 1998, como titular de la comisión experimental de fiscales para delitos complejos, se había manifestado en contra de que juzgaran a Videla por apropiación de bebés. Para defender al genocida, Cevasco recordó que ya había sido condenado en 1985 y que se había establecido que el “robo de bebes no formó parte del plan de exterminio. Una sentencia que ahora diga lo contrario sería contradictoria con la anterior”. De este modo, para el fiscal, los delitos de lesa humanidad de Videla eran “cosa juzgada”.

Más cerca en el tiempo, en octubre de 2014, se llevó a cabo el juicio contra Diosnel Pérez y el “Tano” Narduli, dirigentes sociales del Parque Indoamericano, a quienes Luis Cevasco, en ese momento fiscal adjunto, acusó de haber sido los instigadores de la toma del parque por parte de familias sin techo. Luego cambió la carátula para acusarlos de ser coautores de la toma. Una causa absolutamente armada para acusar a las víctimas de la represión policial que sufrieron los vecinos y que dejó un saldo de tres muertos a manos de un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Metropolitana. Los dirigentes fueron absueltos luego de un juicio en el que, por supuesto, no pudieron encontrar la menor prueba en su contra

Los trabajadores del Subte, agrupados en el Asociación Gremial de los Trabajadores del Subterráneo y Premetro, fueron también víctimas del fiscal, quien en agosto de 2008 siendo también fiscal adjunto y en línea con la política de Macri hacia los metrodelegados, lo acusó de entorpecer el transporte, un delito castigado con hasta dos años de cárcel, cuando se trataba de una medida de fuerza gremial. También pidió acusarlos del artículo 69 del Código Contravencional porteño, el cual prevé multas de hasta 5 mil pesos o arresto de hasta diez días a "quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos". Para ello se valió del argumento de que los “metrodelegados carecen de personería gremial”, personería que sistemáticamente el Ministerio de Trabajo a cargo de Carlos Tomada negó hasta noviembre de 2015.

El fiscal en cuestión, fue duramente criticado cuando se discutía su pliego para ocupar el cargo que ahora detenta, por Jorge Hernández, el padre de Jimena, una niña de once años que en 1988 fue asesinada en el natatorio del Colegio Santa Unión. Cevasco en ese momento fue el juez de la causa y el padre de la niña lo denunció por haber filtrado a la prensa que la niña había tenido relaciones sexuales con anterioridad a su muerte, investigando a la víctima en lugar de a los asesinos y poniendo la carga de la culpa sobre la niña.

Estos son sólo algunos ejemplos de las actuaciones misóginas, promotoras de la violencia de género, además de su aversión por los luchadores que tiene este fiscal, encargado por estos días de hacer aplicar el protocolo represivo en la Ciudad de Buenos Aires.

Porque enfrentamos el ajuste y la represión del macrismo, no vamos a permitir que avance sobre las libertades más elementales.







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