Economía

DEBATE ECONOMICO

Mendoza: la izquierda y los trabajadores contra la agenda de los partidos patronales

Al calor de las elecciones provinciales, en Mendoza se vienen desarrollando debates respecto a la denominada “matriz productiva” y la economía provincial. Veamos qué hay detrás.

Miércoles 10 de junio de 2015 | Edición del día

La UCR y el PJ son los partidos que vienen gobernando Mendoza, al igual que al país, durante los últimos 32 años. El balance para el pueblo trabajador es la misma situación de penurias y dificultades (aun en momentos de crecimiento económico de la economía general y ni hablar en los momentos de crisis), mientras los grandes capitalistas y terratenientes no han dejado de enriquecerse en todos estos años.

Las mayorías trabajadoras no han contado más que con leves concesiones, avances y retrocesos cíclicos, mientras los grandes empresarios como Vila-Manzano, Pescarmona, Cartellone y el capital multinacional, se han enriquecido y apropiado, literalmente, de las riquezas de nuestra provincia, las mejores tierras, los recursos estratégicos como el petróleo, las bodegas, los medios de comunicación; bajo su poder y al amparo y a veces en conjunción con los partido patronales (a través de la facilitación de verdaderos negocios millonarios, subsidios, préstamos de excepción y tantas otras ventajas), han florecido los casinos, los barrios privados y los shoppings.

El Frente de Izquierda, en contra de estas políticas y para darle salida a la crisis que atraviesa el país y la provincia, pero a favor de los intereses de las grandes mayorías, busca terminar con estos grandes privilegios tocando los intereses de los grandes capitalistas.

Matriz productiva y recursos económicos

Si hablamos de la denominada matriz productiva de la provincia, en la reunión desarrollada con representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET) el 14 de Mayo, los candidatos del FPV, Adolfo Bermejo y Diego Martínez Palau, “presentaron su plan de reestructuración del Estado” brindándonos elementos para conocer el programa del PJ.
Al momento de hablar de la ampliación de la matriz productiva Bermejo indicó que “requiere del desarrollo de nuevos emprendimientos como la minería y la explotación de hidrocarburos, que permitirán una tracción muy fuerte sobre el sector industrial de la provincia”. En este sentido explicó que “el mayor potencial de la industria metalmecánica está dado por el desarrollo del de sector hidrocarburífero (YPF) y minero”.

Como leemos, se presenta como el programa de un gestor con tintes “desarrollistas”, abriendo tímida pero con repetitiva constancia la puerta a las multinacionales imperialistas del petróleo y la minería (contaminantes y saqueantes). Lo que no dice Bermejo es cuál es el tipo de desarrollo de estos emprendimientos. A través de un guiño a los empresarios esconde a quienes serán los únicos beneficiados de estas políticas que no tienen nada que envidiarle a los entreguistas gobiernos de los ‘90. Con ello esconde también que el verdadero problema reside en qué clase social controla los recursos naturales.

En manos del capital imperialista y sus pares nacionales, ya hemos visto claramente como en el caso de las comunidades de Catamarca, La Rioja y San Juan, el desembarco de las multinacionales mineras como la Barrick Gold, lejos de traer progresos no han traído más que penurias, pobreza y contaminación para el conjunto del pueblo trabajador. Recordemos que la actual ley en vigencia que determina el porcentaje de regalías mineras, por más discursos y relatos de parte del kirchnerismo con tintes progresistas y de enfrentamiento al capital internacional, proviene del menemismo y no ha sido ni en un milímetro modificado. El mismo significa tan solo un 3% de regalías del valor de las extracciones realizadas para el país (e incluso de acuerdo a diferentes mecanismos y leyes especiales posibilitados por los políticos patronales, a veces incluso menos). Por si fuera poco, el agravante de que este saqueo se realiza bajo condiciones abusivas y de explotación para los trabajadores, y contaminantes para el medio ambiente. Es por eso que para los trabajadores y el pueblo pobre, la defensa del agua encarnada en la lucha por la Ley 7.722 es irrestricta, es muestra también de su conciencia y resistencia, resistencia a sufrir el enorme pasivo ambiental que significaría el avance de este curso que quieren imponer tanto el PJ como la UCR, comprometiendo enormemente el recurso hídrico, el recurso más preciado en nuestra desértica provincia.

Por eso, como viene proponiendo el Frente de Izquierda, la única forma de llevar adelante la explotación de estos recursos naturales estratégicos como la minería y el petróleo, sin afectar al medioambiente, es que los mismos estén a disposición de los intereses de las grandes mayorías y no de un puñado de capitalistas que no tienen empacho en saquear y contaminar con el sólo fin de obtener beneficios extraordinarios. En tal sentido, los únicos que pueden llevar adelante este programa son los trabajadores, bajo su gestión, en conjunto de las asambleas socio ambientales y los vecinos de las comunidades.

La industria vitivinícola: ganadores, perdedores y tendencia a la concentración

La vitivinicultura (tanto provincial como nacional) viene sosteniendo a través de los últimos cuatro años una situación de crisis permanente que se expresa en varios sentidos. Uno de ellos, que perjudica en especial y enormemente a los pequeños productores del sector, es que a pesar de la inflación constante existente en el periodo mencionado, los precios de la uva y el vino se han mantenido prácticamente sin modificaciones.

Según una de las tantas notas publicada en los medios de Mendoza al respecto, en este caso de Laura Saieg, dada a conocer en el diario Los Andes del 17 de mayo pasado, “mantener un viñedo en primera zona de Mendoza tiene un costo de $ 61.328 por hectárea. Esto representa un incremento del 26% en pesos, en comparación con la temporada 2014/2015, cuando el valor era de $ 45.382. Pero el dato más llamativo es que en relación a 2013 -cuanto el costo era de $ 31.298 por hectárea- la suba fue de 96%”. Más adelante sigue: “Analizando los datos del Observatorio Vitivinícola Argentino, queda en evidencia el retraso y la baja competitividad que vienen experimentando los productores en los últimos años, ya que los valores están lejos de ser rentables, diferenciándose casi un 25%. Además, el incremento de las uvas de temporada a temporada no ha superado el 10%, lejos del porcentaje de aumento de los costos analizados anteriormente”.

Pero esta crisis no afecta a todos por igual, ni mucho menos. Como consecuencia de esta situación nos encontramos con una situación inédita, nunca antes vista en la historia de la vitivinicultura argentina, que es un brutal proceso de concentración en torno a cinco grandes pulpos bodegueros: RPB (Grupo Baggio), Grupo Peñaflor, Fecovita, Garbin y Cepas Argentinas, quienes han aprovechado la crisis para avanzar contra los pequeños productores, comprando viñedos y bodegas a precios de remate, llevando a cabo una verdadera expropiación de los mismos. A través de su poder y sus enormes capacidades de lobby imponen los valores de la uva y del vino, utilizando múltiples maniobras especulativas y financieras en acuerdo con los bancos, el gobierno y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (cómplice por falsear y ocultar los datos cuantitativos de al menos las últimas dos cosechas, lo que significó una verdadera especulación sobre los valores de los vinos y de la uva aprovechados por las grandes bodegas). Maniobras que han sido denunciadas por las propias entidades de productores en múltiples ocasiones.

Es por ello que se impone salvar a los pequeños productores que no explotan fuerza de trabajo con un verdadero plan de subsidios, créditos especiales, y exenciones impositivas; pero para resolver y dar una salida de fondo que evite los atropellos y para salvaguardar la producción a futuro de cientos de pequeños productores, lo central es la estatización de las grandes bodegas bajo gestión de sus trabajadores. Serán estos quienes podrán desarrollar un plan racional para el sector que contemple el bien colectivo y evite la explotación de los grandes a los chicos, y de los empresarios a los trabajadores. De igual modo, estamos junto a los trabajadores viñateros y de las bodegas para que mejoren sus salarios y condiciones de vida.

El problema de la vitivinicultura no es un problema aislado. Es el mismo problema que contemplamos nacionalmente con la crisis del azúcar en el norte, la olivicultura en la provincia, o la frutihorticultura en Río Negro. Todos son claros síntomas de una crisis del “modelo” productivo nacional, con el final de ciclo del kirchnerismo, la caída de los valores internacionales de los commodities y los bienes primarios, y el atraso productivo y de infraestructura que posee el país que no fue revertido, al igual que en el resto de Latinoamérica, en esta década de ascenso y crecimiento. A lo largo de la historia, como regla en la mayoría de los casos, vemos que las crisis de las economías regionales las terminan pagando con quebrantos o la desaparición directa los pequeños productores. La contracara es la concentración en cada vez menos capitales que aprovechan la crisis para sacar una tajada.

Como conclusión de lo descripto hasta ahora, tenemos que decir que el problema del desarrollo o la matriz productiva no es un problema que se resuelve entregando recursos naturales a su expoliación por el capital imperialista ni consiguiendo inversiones extranjeras. El problema del desarrollo no lo ha resuelto la burguesía provincial, ni la nacional. Afecta a toda América Latina. Es un problema histórico que tiene que ver con que la clase dominante en asociación con el capital extranjero no tiene ningún interés en desarrollar la estructura productiva. La existencia de unos u$s 400 mil millones en el exterior que fugó la burguesía “nacional” es una muestra contundente de que optan por fugar antes de invertir en el país. Estos días se está discutiendo el caso HSBC, un armado gigantezco para evadir impuestos con facturas apócrifas y fugar capitales. Están implicados, entre las más notorias empresas y empresarios, Telecom, La Serenísima, Cablevisión y Multicanal, Gustavo Grobocopatel y Raúl Moneta (quien es recordado por haber fundido el banco Mendoza).

¿Gobiernos patronales o un gobierno de los trabajadores?

Los candidatos del ajuste, tanto radicales, PRO y peronistas, vienen planteando fuertemente en estas últimas semanas sobre la necesidad de achicar el Estado y de hacerlo más "eficiente". Como resultado del pase a planta permanente de más de 1.000 trabajadores conseguidos con la lucha de ATE, la UCR-PRO se opone a que miles de trabajadores estatales dejen de sufrir ese gran fraude que es que el Estado mantenga a trabajadores precarizados, no reconociéndoles la estabilidad y sus derechos elementales a quienes han estado años desarrollando sus tareas. Sin embargo estos mismos políticos, cuando el Frente de Izquierda denuncia que con los sueldos de gerentes de empresa que tienen los 86 diputados y senadores provinciales se podría asegurar el salario de más de 500 empleados estatales (esto sin contar los costos de mantenimiento de la casta política y judicial de conjunto: con sus asesores, ministros, jueces, etcétera), y cuando la izquierda propone que todos los funcionarios públicos ganen lo mismo que un docente; esta misma casta política hace oído sordos demostrando que para ellos el ajuste lo tienen que recibir los trabajadores y el pueblo pobre pero jamás los empresarios y ellos mismos como garantes de sus negociados.

Al Estado lo quieren achicar para consolidar la pobreza estructural, la falta de escuelas, hospitales y viviendas. El Frente de Izquierda está a favor de que el gasto público se saque de encima el lastre de los sobreprecios de los contratistas amigos revisando los contratos, que se eliminen los subsidios estatales a las ganancias empresarias. Pero en un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores, serán necesarias muchas más manos para llevar las enormes tareas necesarias, como son la construcción de hogares decentes a miles y miles de mendocinos. El último censo realizado en 2010 estimó que en Mendoza el déficit habitacional es de 110.000, mientras el gobierno de Paco Pérez a través de los fondos del plan PROCREAR y del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) apenas ha podido dar respuesta a una ínfima parte de esta demanda con 24.000 viviendas construidas (contemplando las llamadas "soluciones habitacionales"); esto es apenas un 21% del total necesario. Esto quiere decir ni más ni menos que a este ritmo se necesitarían más de 20 años para poder dar salida a este grave problema que afecta a miles de trabajadores mendocinos. Y esto sin contar el crecimiento demográfico ni la situación de crisis que estamos atravesando con despidos y suspensiones que agravarían el problema.

El último Censo Nacional de Población y Vivienda indica que el 37% de los hogares mendocinos no tiene acceso a desagüe de red y el 33% no tiene acceso a red de gas. El 12% de las viviendas tiene características deficitarias. Un plan de obras públicas, bajo gestión de los trabajadores buscaría resolver prontamente todos estos problemas, sería formulado en función de las necesidades de las mayorías del pueblo trabajador atacando estos déficits, además de orientarse a construir más y mejores escuelas, hospitales y viviendas. Sería una gran palanca para generar miles de puestos de trabajo.

¿Impuestos para quién?

Junto con los recursos obtenidos vía estatización de los recursos naturales para llevar este plan de obras públicas, es necesario también un cambio de la matriz impositiva, donde paguen más los que más tienen. Es decir, que paguen más los grandes capitalistas y menos los trabajadores y el pueblo pobre. Punto esencial de este cambio es la eliminación del IVA a los consumos populares (a la compra de alimentos, indumentaria, etc.).

Se trata de un impuesto enormemente regresivo que obliga a que paguen por igual (la misma tasa) todas las personas sin distinción de su posición económica. Mientras tanto, recordemos que el Gobernador Pérez fue parte, por ejemplo, del acuerdo para darle mayores exenciones impositivas y baja de las regalías a las petroleras; otro claro ejemplo de para quienes viene gobernando el PJ. EL gobierno nacional está en guerra para preservar el impuesto a las ganancias que afecta a los salarios. El ministro Axel Kicillof hizo un cambio cosmético hace un par de semanas que generó más bronca entre los trabajadores.

Mientras tanto ese impuesto no lo pagan ni los curas, ni las ganancias que hacen los especuladores con bonos, plazos fijos, etc., ni los jueces que cobran miles de pesos por mes. Es necesaria la abolición del impuesto a las ganancias aplicado al salario y aumentar las alícuotas a los gerentes, a todos los que ejercen funciones de mando en las fábricas y lugares de trabajo, como así también a las grandes empresas

Ganancias capitalistas y explotación obrera

En la misma reunión con la ASINMET del 14 de mayo pasado que mencionáramos más arriba, el candidato a vice gobernador por el PJ y ex ministro de Transporte provincial, Diego Martínez Palau, opinó que “cada una de los ejes propuestos apunta a fomentar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, lo cual tiene entera relación con la matriz productiva que queremos para la provincia y las demandas del mercado”. Para los y las jóvenes trabajadores de la provincia, estos comentarios no pueden ser más que tomados como hipocresía o cinismo.

La realidad es que los números de la precarización laboral en Mendoza según el INDEC son de 34%, valores similares a los de comienzo de la década del ‘90. Con el agravante que es la juventud la que se encuentra en peores condiciones, siendo los y las trabajadores de entre 18 y 24 años a quienes más les cuesta conseguir trabajo en blanco y estable, siendo víctimas de las leyes flexibilizadoras, de los contratos basura, de la figura de "pasantía".

Respecto a los salarios, Mendoza se encuentra por debajo de la media nacional, ubicándose en el puesto 14. Los trabajadores en blanco de la provincia cobran de media $7.000, por debajo de la canasta básica, siendo este número además, un 29% inferior a la media nacional. Pero al mismo tiempo, si tomamos a los trabajadores en negro y precarizados, quienes son la gran mayoría, el salario promedio no supera los $4.000 para las mujeres y $5.000 para los varones.
Ante esta situación, debe darse una gran lucha de las masas trabajadoras mendocinas para que ningún trabajador gane menos que la canasta familiar (valuada en alrededor de $12.500 por los trabajadores del INDEC que enfrentan a las patotas y la manipulación estadística), tal como es propuesta programática del FIT, en conjunto con la declaración de la emergencia laboral, el reparto entre todas las manos disponibles de las horas de trabajo manteniendo el salario para que no hayan desocupados. El 82% móvil para todos los jubilados y el pase a planta permanente de todos los trabajadores.

Una lucha de escala nacional

Sabemos que todas las medidas que señalamos aplicadas en Mendoza generarían una gran conmoción a nivel nacional porque tocan intereses de las grandes patronales. Por eso llamamos a los trabajadores, a la juventud y a las mujeres a movilizarse para conquistar este programa obrero. Lo que nos planteamos no está desligado de una transformación integral del país de la mano de la clase obrera que contemple la estatización de los principales resortes económicos nacionales como las grandes industrias, el transporte, la cadena petrolera, etc. También el no pago de la deuda externa y la nacionalización de la banca generarían millonarios recursos para las tareas que nos proponemos. El gobierno nacional abandonó el discurso de desendeudamiento y volvió a endeudar al país con Bonar 2024, YPF, swap de monedas con China.

Está hipotecando el presente y el futuro del pueblo trabajador. Veamos un ejemplo: este año se pagará de deuda externa cerca de $100.000 millones a nivel nacional. Esa enorme cantidad de recursos que reciben un puñado de especuladores cuadruplica todo el presupuesto de asignación universal por hijo que reciben cerca de 5 millones de niños y adolescentes. Hoy la banca en lugar de movilizar el desarrollo productivo es una gran vía para las presiones cambiarias y todo tipo de maniobras especulativas. Macri plantea sacar las retenciones a la soja y al agro. Este año habrá cosecha récord de soja y otros granos, pero los grandes exportadores presionan por una devaluación reteniendo las ventas. Como sabemos la devaluación ataca de manera directa el salario obrero por la vía de la inflación que desata, como ocurrió el enero del año pasado con la aplicada por Kicillof y Fábrega. La consecuencia fue una pérdida del poder adquisitivo del salario de 5%, reconocido por la CTA oficialista. Hoy la política del equipo económico se dirigió en sentido contrario y practica el atraso cambiario que agudizó la recesión económica.

Lejos de esas dos variantes (devaluación o revaluación), el FIT plantea el monopolio del comercio exterior y el control de cambios para poner las divisas en función de atender las necesidades del pueblo trabajador. No sólo eso. Hay que repatriar los u$s 400.000 millones de fondos fugados por la burguesía nacional en el extranjero que equivalen casi a un año de producción (al PBI). Todos los gobiernos radicales y peronistas permitieron alegremente esta fuga. Estas son las tareas a realizar por un gobierno obrero en la provincia y en el país.







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