Economía

TUCUMÁN

Menos del 1 por ciento de los terratenientes acaparan la mitad de las tierras de Tucumán

Son 60 explotaciones agropecuarias que concentran el 52 por ciento de las tierras cultivadas de la provincia.

Lunes 11 de septiembre | Edición del día

La escalada represiva del gobierno nacional contra una comunidad mapuche de la provincia de Chubut que desembocó en la desaparición de Santiago Maldonado, puso al descubierto la siniestra colaboración entre un Estado gendarme de la propiedad privada capitalista y Luciano Benetton, magnate de la moda que acapara casi 1 millón de hectáreas en la patagonia, descargando todo su peso contra una comunidad que reclama su derecho a la existencia. Y junto con Benetton se vuelve a hablar de los dueños de la tierra en Argentina. Es que en nuestro país, la concentración de la tierra alcanza niveles exorbitantes.

Según un informe de Oxfam de 2016, mientras el 83 por ciento de las explotaciones agropecuarias ocuparon el 13 por ciento de la tierra (con una extensión de 100 hectáreas promedio), tan solo el 1 por ciento de los terratenientes acaparaba el 35 por ciento de la tierra con una extensión promedio de 22.000 hectáreas (cada hectáreas es el equivalente aproximado a una manzana). La superficie de las tierras en manos de los primeros 10 grandes propietarios extranjeros del sur argentino llega a casi 1,8 millones de hectáreas (180 mil hectáreas promedio).

La concentraciones de tierra no es privativa del sur argentino; en Salta, la compañía norteamericana de seguros AIG es propietaria de una extensión de tierras de 1,5 millones de hectáreas (equivalente al 7 por ciento del territorio provincial). Catamarca y San Juan también están entre las provincias con mayores niveles de concentración y extranjerización de las tierras.

En Tucumán, aunque la extensión de las grandes propiedades es comparativamente menor que el promedio nacional, la concentración de la tierra se ubica muy por encima del promedio nacional.

Según el último censo agropecuario, apenas 60 terratenientes -menos del 1 por ciento- concentraban más de la mitad de la tierra cultivada. De ese reducido grupo, los primeros 16 propietarios con más de 10 mil hectáreas concentraron el 30 por ciento de la tierra.

El proceso de concentración de la tierra en nuestra provincia viene avanzando a pasos acelerados, a tal punto que entre los censos de 1988 y 2008 las explotaciones agropecuarias registradas se redujeron a la mitad sobre una superficie incluso más extensa. Este proceso es el resultado de la creciente concentración y centralización del capital en la agroindustria.

Los dueños del azúcar

Según reportes de la EEAOC, la superficie cultivada en nuestra provincia se ocupa principalmente para el cultivo de caña de azúcar (278 mil hectáreas) y la siembra de soja (172 mil hectáreas); le siguen, por extensión, el trigo (110 mil hectáreas) y el maíz (64mil hectáreas), aunque estos últimos son cultivos de ciclos más cortos de rotación. Por último, el limón ocupa también una importante porción de tierra (40 mil hectáreas).

En el segmento cañero, las grandes extensiones de tierra están mayoritariamente en manos de los dueños de ingenios. Según el censo, apenas 28 explotaciones cañeras concentran 88 mil hectáreas, o sea, casi la mitad de la superficie cultivada.

Los más importantes cañeros son Jorge Rocchia Ferro (Grupo Los Balcanes), con una extensión de 20 mil hectáreas; el Grupo Minetti (Ing. Bella Vista e Ing. La Fronterita), con 9500 hectáreas; el Grupo Budeguer (Ing. Leales) con 4500 hectáreas (cifra estimada a partir de los rendimientos de azúcar declarados por la empresa); Emilio Luque (que recientemente ha adquirido las 3400 hectáreas con la compra del Ingenio Concepción); y el Grupo Lucci (Citrusvil) con 5000 hectáreas dedicadas a la caña. La alimenticia Arcor (Ing. La Providencia) tiene 2000 hectáreas propias y el Ingenio Santa Bárbara, propiedad de Julio Colombres, presidente del gremio patronal CART, tiene una finca propia de 1200 hectáreas.

Se trata entonces de una burguesía azucarera que combina la propiedad de la tierra y del capital industrial imponiendo, a partir de la centralización de los canales de comercialización, condiciones leoninas sobre los productores más chicos, y que está haciendo negocios exorbitantes con el crecimiento internacional de los biocombustibles.

Multinacionales sojeras, grupos económicos, y familias tradicionales

Los departamentos de Burruyacu, Cruz Alta, y La Cocha concentran el 75 por ciento de los campos sojeros. Entre los principales terratenientes se encuentran familias de apellidos tradicionales como los Paz Posse, y Robles Terán (Sociedad Rural de Tucumán), la familia Colombres Garmendia, Bernardo García Hamilton (accionista de La Gaceta y productor agropecuario), etc.

Al mismo tiempo se va entrelazando la propiedad de la tierra y los agronegocios con el encumbramiento de importantes empresarios a las funciones de gobierno y la justicia. José Alperovich, Alberto Colombres Garmendia, Osvaldo Jaldo (importante empresario ganadero), Facundo Garretón, o el diputado Juan Casañas, son algunos de los políticos sojeros más conocidos.

La expansión y diversificación de los principales grupos económicos de la provincia está fuertemente vinculada a la actividad agropecuaria. Pero a diferencia de algunas de las familias tradicionales de la provincia que aún conservan la propiedad de las mayores extensiones de tierra, estos grupos empresarios proyectan sus negocios sobre cientos de miles de hectáreas distribuidas en centenares de pequeños y medianos propietarios de tierras. Algunos, incluso, empiezan a expandir sus negocios a otras provincias del NOA. La concentración del capital en la agroindustria, con su centralización creciente, tiende a subsumir a la tradicional clase terrateniente.

El Grupo Lucci, por ejemplo, además de ser uno de los principales exportadores de limón y sus derivados (Citrusvil), y de la plantación de caña (El Pucará), también tiene campos ganaderos y es un gran productor de soja; en total explota 100 mil hectáreas sobre la superficie de tres provincias; el Grupo Los Balcanes, se ha diversificado hacia el jugoso negocio inmobiliario y hotelero y hacia la especulación financiera a través del manejo de warrants azucareros; Emilio Luque, dueño de la homónima cadena de supermercados, además de incursionar recientemente en el negocio azucarero a través de la adquisición del ingenio más grande, viene expandiéndose hacia la industria alimenticia, y tiene presencia en Santiago del Estero; la empresa Arcor compra la producción de 450 cañeros por una extensión adicional de 15 mil hectáreas adicionales.

En el negocio de la soja también están presentes algunas de las multinacionales más importantes con campos y plantas de acopio regados por todo el territorio nacional, como Bunge & Born que tiene dos plantas de acopio en Delfin Gallo y Las Cejas; Nidera, la multinacional proveedora de semillas y agroquímicos, con un campo experimental Burruyacu; y la nacional AGD, líder en productos derivados de la soja, con una planta de acopio en Cevil Pozo. Se calcula que en nuestra provincia hay 60 mil hectáreas de tierras en manos de empresas extranjeras.

99 a 1

La concentración del capital y de la riqueza en Tucumán es de las más extremas del país. El reducido pero poderoso núcleo de poder empresarial que gobierna a provincia también entra en permanentes choques con las comunidades originarias que resisten el avance del desmonte de tierras.

En junio de este año la justicia y el gobierno dispusieron el desaolojo violento contra 16 familias diaguitas de la comunidad Indio Coalalao que se resiste a entregar sus hogares al terrateniente y funcionario judicial Javier López Zavalía.

Hace casi ocho años el comunero Javier Chocobar, de la comunidad Chuchagasta, era asesinado por negarse a abandonar sus hogares. Pero en todos estos años el empresario Darío Amín y los dos policías acusados no han sido siquiera llevados a juicio.

La expropiación de esta minoría parasitaria que acapara enormes extensiones de tierra es condición necesaria para terminar con la contaminación de los ríos y el medioambiente, el desmonte y las inundaciones, y garantizar el respeto a la autonomía de las comunidades originarias.






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