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Red Internacional

Las y los docentes de música del nivel inicial verán reducida su carga horaria y su sueldo. Se vienen organizando en comisiones y ante este nuevo ataque, exigen reunirse con un representante de Suteba.

Rodrigo FerreiraDocente de música - zona oeste

Jueves 7 de octubre | 00:00

La resolución N° 4.622 es una normativa de la DGCyE del 2011 que indica que en los Jardines de Infantes de la Provincia de Buenos Aires debe haber diversidad de lenguajes en el área de Artística (Música, Teatro, Danzas, Plástica). Actualmente, la carga curricular de este área es de 12 horas semanales y, por lo general, están destinadas a Música. Con la aplicación de esta resolución, esas 12 horas se dividirán entre Música y otro lenguaje.

Desde el punto de vista pedagógico y del acceso al trabajo de las demás áreas artísticas, esto está muy bien. Sin embargo, se quiere aplicar esta resolución sin ninguna inversión y en detrimento de los docentes de música, que pasarían de tener 12 módulos a tener solo 6. Lo cual sería lisa y llanamente un ajuste .
Para la educación inicial, la situación es crítica desde hace años y ningún gobierno lo resolvió. Recordemos que fue el mismo Macri, en el año 2016, quien dijo que faltaban construir 3.000 jardines de infantes. Y por su parte la oposición de aquel entonces devenida hoy en el Frente de Todos lo denunció abiertamente por haber construido tan solo un jardín en toda su gestión.

Los jardines de infantes públicos son muy escasos, y para las familias trabajadoras conseguir una vacante es prácticamente imposible. Esto sumado a que durante la pandemia y bajo el gobierno de Axel Kicillof muchísimos jardines privados cerraron sus puertas permanentemente. Como resultado, miles de niños quedan sistemáticamente fuera de la escolarización inicial. Llevar adelante un plan de construcción de jardines y escuelas implica un mayor presupuesto para educación. Pero la incompatibilidad de seguir destinando plata al pago de la deuda ilegítima con el FMI y defender los intereses de la clase trabajadora ya es un hecho.

Este ataque no es aislado, sino que es parte de un ajuste a la educación pública que se expresa en los graves problemas de infraestructura. Como es el caso de la Escuela Secundaria N° 17 de Merlo donde las familias, los estudiantes y docentes conformaron una comisión donde se vienen organizando en defensa de su edificio. Que es histórico y que el municipio pretende cerrar, y trasladar toda la escuela a otro edificio alquilado. O como el ataque que enfrentan los CENS: por un lado les están negando la titularización, y por otro la “recategorización del alumnado” implica el vaciamiento de algunos cursos y el cierre de otros. Miles de docentes ven en peligro su fuente de trabajo y miles de estudiantes verían afectada su calidad educativa.

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Además, entre este y el anterior año, hubo más de 50 mil docentes sin trabajo en toda la Provincia, a quienes el Gobierno solo les ofrece programas educativos precarizados, por fuera del estatuto docente y con fecha de vencimiento. Como el FORTE y ATR, donde se trabaja los sábados, no se toman las justificativos de ausencia aunque sea por enfermedad y un sin fin de condiciones flexibilizadoras para el trabajo en la educación.

Es la antesala de una reforma laboral en la que se viene avanzando desde antes de la pandemia, con planes precarizados como el FINES. Pero desde que comenzó la pandemia el estado no solo no garantizó la continuidad pedagógica, sino que ahora pretende resolver esto con una mayor precarización educativa. En la otra cara de la misma moneda están los docentes estables que siguen sobrecargados de trabajo. Lo que demuestra que trabajo docente hay, y que es necesaria la creación de cargos y la construcción de escuelas para así poder repartir el trabajo entre todos los docentes que hoy se encuentran sin trabajo o trabajando de manera informal.

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Durante la pandemia fueron las y los docentes los que garantizaron la continuidad pedagógica. Y debido a que el gobierno provincial de Kicillof, no garantizo dispositivos ni conexión a internet gratuita para ningún estudiante, muchos se quedaron sin el acceso a la educación. A esto se suma la pobreza de más del 70% de niñas y niños en PBA y el aumento de la desocupación en las familias, que viven en condiciones de hacinamiento y sin cobertura de salud. Mientras en la educación secundaria las propias estadísticas oficiales dan cuenta que un millón de estudiantes tuvieron que dejar la escuela para ir a trabajar.

Todo este panorama muestra el fracaso educativo tanto del gobierno nacional como provincial, que por más que hayan cambiado funcionarios “que no funcionan” (como el ministro Trotta) siguen siendo los responsables de la precarización docente y parte de un gobierno que prioriza el pago al FMI por sobre un mayor presupuesto para educación.

¿Y El sindicato ?

El sindicato sacó un comunicado planteando que esta resolución ya se viene aplicando desde el 2011, pero lo cierto es que no cuestionan en lo más mínimo la aplicación de esta resolución que implica, de acá a futuro, la reducción de la oferta laboral. Mientras dicen defender los puestos de trabajo ya conquistados, dejan a su suerte a miles de compañeros que trabajan de manera precaria e informal en la educación.

Hay que señalar que toda esta política de ajuste a la educación pública de conjunto se hizo con la complicidad del sindicato, que no convocó ni a una sola asambleas ni a un plan de lucha para el conjunto de los trabajadores de la educación. Desde la comisión de docentes de música de Merlo se exige una reunión con algún representante sindical para atender este problema de manera urgente.
Que el Suteba provincial convoque asambleas de docentes de la rama de artística para decidir un plan de lucha en contra de este recorte que afecta la oferta laboral en el área.

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Cómo seguir

Desde el año pasado la docencia precarizada se organiza en comisiones. Fue clave el apoyo del sindicato recuperado Suteba La matanza, que fue el primero que abrió sus puertas e impulsó la autoorganización de las y los docentes precarizados. Además surgieron comisiones de seguridad e higiene en las que se organizaron docentes, familias y estudiantes para exigir mejoras para la comunidad educativa y su infraestructura. Estas comisiones son, ni más ni menos, una expresión de descontento con un gobierno de ajuste.

Desde la agrupación La Marrón (PTS en el frente de Izquierda) apostamos al desarrollo de las comisiones y su coordinación y que esa fuerza desde abajo sea capaz de imponer a los sindicatos un plan de lucha para pelear contra el ajuste: la precarización de la educación y la reforma laboral sobre la que quiere avanzar la derecha. Que pelee por la creación de cargos, la construcción de escuelas y jardines, por dispositivos y becas para los estudiantes, por mayor presupuesto para educación y un IFE para las familias sin ingreso. A su vez, que pelee por el no pago de la deuda ilegítima con el FMI y por la reducción de la jornada laboral con un salario igual a la canasta básica. Para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y así acabar con la precarización laboral en su conjunto.




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