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Para el gobierno de Jujuy la educación es un costo

Desde el Ministerio de Educación de la provincia remitieron una nueva nota múltiple a los supervisores zonales de las regiones I, II, III, IV y V por la cual se les indica que deben realizar informes de relevamiento de docentes y estudiantes. Un nuevo recorte a la educación pública.

Eduardo Hernández

Diputado del PTS-FIT en Jujuy | @hehernandez2

Lunes 20 de mayo | 11:03

En una nueva embestida contra la Educación Pública se conoció la Nota Múltiple Nº 414/DEP19 mediante la cual la directora de Educación Primaria Prof. Patricia del Carmen Tapia Dip solicita a los supervisores un listado de escuelas de 3era y 4ta categoría indicando cantidad de alumnos, docentes y personal de servicio. La finalidad de este listado es “evaluar el costo económico que significa la formación de estos niños”. De este modo, el Gobierno de Jujuy a través de su funcionaria declara explícitamente que la educación para ellos es un costo que debe reducirse, y no un derecho. Este derecho no se recorta a los hijos de empresarios, sino que “estos niños” son los hijos de los sectores trabajadores y pobres. Mientras recortan en las escuelas públicas siguen sosteniendo los privilegios del sector educativo privado con abultados subsidios. Claro está que para Morales y Calsina las ganancias de los empresarios de la educación no forman parte de los “costos” que debe soportar el estado.

Esta medida también parece anticipar nuevas puestas en disponibilidad de maestros/as pues Tapia Dip sostiene que “se sabe que en algunos casos existen más docentes que alumnos”. De este modo se cuestiona la planta docente de instituciones que por la exigencia de la comunidad educativa han llegado a incorporar docentes de diferentes áreas para poder brindar a los estudiantes una propuesta educativa integral y de calidad. Otra vez la doble vara, desde el gobierno se investiga, se difunde, se cuestiona la cantidad de docentes en las escuelas estatales pero se oculta la cantidad de familiares que el propio gobernador y sus funcionarios tienen enquistados en cargos del estado, con sueldos muy alejados del salario de pobreza de un docente que ronda los $17000 y ni siquiera llega a cubrir el costo de la canasta básica total.

Al finalizar la nota se solicita “propuestas de recategorización” de las escuelas evaluadas “de acuerdo a la normativa vigente”. De este modo se continúa y acentúa un proceso impuesto y unilateral de reorganización del sistema educativo público Jujeño basado en criterios economicistas (reducir gastos), que afecta a los sectores más empobrecidos donde los docentes, alumnos/as y padres/madres son convidados de piedra.

Esta medida, como el cierre de carreras terciarias, el cierre de los institutos CEIJA, la fusión de divisiones de un mismo grado, la unificación de las juntas de clasificación y calificación docente y tantas otras, es una muestra más de las imposiciones del gobierno de Gerardo Morales en materia educativa, que tiene como brazo ejecutor a su Ministra de Educación, la abogada Isolda Calsina.







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