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Piñera quiere que la Policía pueda detener y revisar a menores desde los 14 años

Con el nombre "control preventivo de identidad" y con la excusa de "combatir la delincuencia" el Gobierno chileno impulsa una ley para criminalizar a los jóvenes y pobres.

Lunes 8 de abril | 18:15

En medio de una mala racha en las encuestas, que muestran como su popularidad se desploma, el presidente chileno Sebastián Piñera quiere poner el eje en temas de "seguridad" para tratar de apuntalar su decaída figura. Esta no es una política exclusiva de Chile, sino que es el mismo recurso utilizado por Macri en Argentina o Bolsonaro en Brasil, pretendiendo elevar la edad de imputabilidad de los menores, modificando el código penal, o militarizando las ciudades.

En el caso de Piñera su proyecto de "control preventivo de identidad" le da poderes a los Carabineros (Policía) para que, con la excusa de "combatir la delincuencia", puedan detener y revisar a menores a partir de los 14 años. Se trata de una clara política de criminalización de la juventud, y en particular de los sectores más pobres. Si ya hemos visto en los últimos años imágenes de los Carabineros persiguiendo, reprimiendo y golpeando a estudiantes y jóvenes que salían a protestar, ahora Piñera quiere darle un marco legal a esos atropellos.

Esta política de "Control Preventivo de Identidad" se complementa con otras iniciativas similares que buscan reforzar un discurso centrando en la seguridad como las iniciativas "Aula Segura" y el programa “Elige Vivir Sin Drogas”.

Piñera sabe que apelando a esta política de odio pude intentar revertir, aunque sea parcial y momentaneamente, su caída en las encuestas. Así lo muestra un estudio de Criteria Research que señala que proyecto de ley para rebajar la edad del control de identidad obtuvo una aprobación del 76%.

¿Qué significa el Control Preventivo de Identidad?

El Gobierno propone con este proyecto entregarle más atribuciones, por lo tanto mayor facilidad, a Carabineros para realizar los controles de identidad. Por ejemplo, el aumento de más de 3.000 carabineros en las calles, inversión tecnológica como cámaras y drones, inspección de vestimenta, mochila y accesorios. Lo que no es más que otorgarle más facultades a una institución profundamente cuestionada por casos de corrupción, abuso y violencia policial, y por asesinatos, por ejemplo, contra menores de edad como fue el caso de Camilo Catrillanca y Manuel Gutiérrez, entre varios otros. Esta institución represiva ha demostrado total arbitrariedad al efectuar los controles de identidad, afectándoles a los jóvenes más precarizados de la sociedad. También es de conocimiento público las reiteradas irregularidades de carabineros, el abuso policial, casos de menores desnudadas en comisarías, golpizas, entre otras situaciones de violencia.

Se trata de una medida que no se propone cambiar la vida de las y los jóvenes vulnerables y precarizados, sino más bien los criminaliza y los arroja a una peor situación social.

En este sentido, es bien sabido que el gobierno de Piñera no busca dar solución a las falencias en el sistema, es más las profundiza, como lo hace en materia de educación tanto la básica como la superior, quitando las becas de gratuidad a miles de jóvenes que no pueden costearse las millonarias carreras de la universidad, o por otro lado, en un ámbito social, donde en las poblaciones no existen espacios de esparcimiento ni programas de deportes o que permitan el desarrollo pleno de los jóvenes que se encuentran en un contexto social de extrema pobreza y violencia.

Esta normativa apunta a discriminar a los jóvenes de estratos más pobres. Los carabineros a la hora de hacer controles de identidad actúan con completa arbitrariedad, debido a que se aprovechan de contexto de vulnerabilidad para cometer faltas y delitos que atentan contra la plena libertad de los jóvenes, y esto lo demuestra información entregada por el Ministerio Público donde arroja que el año pasado se efectuaron 70.000 controles de identidad a menores de edad, a pesar de que la ley vigente no lo permite, y del total de esos controles el 94% de los afectados resultó inocente de la sospecha.

Teniendo en cuenta que atenta contra el derecho básico a la libre circulación de las personas, siendo una medida totalmente represiva, ya ha sido cuestionada por organismos internacionales como la Unicef, organismos de derechos humanos y por reconocidos académicos en Chile.

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