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Por falsas amenazas de bomba inician juicio contra mil padres de escuelas bonaerenses

Aunque el Gobierno provincial no informó antes de estas investigaciones ni expuso ninguna prueba que acredite las acusaciones, estudia 1051 causas donde exige el pago de 60 mil pesos a los imputados y de no poder pagarlo deberán responder con su patrimonio

Jueves 16 de mayo | 18:51

Las causas investigan hechos realizados en los últimos tres años. Iniciadas por el delito de “intimidación pública” en base al artículo 211 del Código Penal que se encuentran en distintas instancias, pero todas tienen en común que el Estado es el querellante.

El Estado provincial es quien administró todas las denuncias, el que definió los operativos realizados y el que sin pruebas que merezcan la mínima confiabilidad, define quienes son los responsables de los llamados y ahora arma estas causas judiciales.

La Fiscalía de Estado bonaerense se presentó entre 2018 y este año como particular damnificado en 1051 causas por amenazas de bombas a colegios de la provincia, de las cuales solo 84 son ocurridas en La Plata.

El Poder Judicial de La Plata envió más de 60 causas a la Fiscalía para que inicie demandas civiles contra los padres de los supuestos responsables de amenazas de bombas a escuelas de la capital provincial durante el año pasado y principio de este.

La Fiscalía 17, que encabeza Juan Cruz Condomí Alcorta, está a cargo de la investigación de este tipo hechos en el distrito de La Plata. Desde allí se informó que "para cuando haya condenas penales" podrán "comenzar las demandas civiles y procurar el pago de unos 100 mil pesos por cada operativo desplegado ante cada amenaza”. En ese sentido, la fiscalía intentó argumentar la medida persecutoria basándose en que el Estado provincial "sufre un perjuicio ante cada amenaza desarrolla operativos de desalojo de alumnos y docentes con policía y SAME; además, despliega un escuadrón antiexplosivos para que revise las instalaciones"

Ahora, con esas causas iniciadas, se intenta que los padres de los chicos que supuestamente hicieron los llamados, paguen el costo de "los operativos de seguridad y antiexplosivos que debieron montarse en cada establecimiento educativo" costo que por supuesto define el Estado provincial a través de los ministerios de Educación y Seguridad y fijó en 60. mil pesos.

Como los importes que se les exigen abonar están muy lejos de las posibilidades de la mayoría de las familias bonaerenses quieren que respondan patrimonialmente “por la conducta de sus hijos”.







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