Géneros y Sexualidades

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Por la aplicación inmediata del aborto no punible

Luego de cuatro años del fallo de la Corte para facilitar el acceso a abortos no punibles sólo ocho provincias aplican la Guía Técnica correspondiente para estos casos.

Lunes 2 de mayo de 2016 | 00:26

El 13 de marzo del año 2012 en un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad que las mujeres violadas, sean "normales o insanas", podían practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. A estos casos se los denomina abortos no punibles. En el mismo fallo se dejó expresamente establecido que quedaba exento de castigo el médico que practicara la intervención.

A posteriori, y para facilitar el acceso a esta práctica médica, desde el gobierno nacional se elaboró una Guía Técnica para la Atención Integral de abortos no punibles.

Si bien tanto el fallo de la Corte Suprema, como la guía para abortos no punibles debe ser aplicada en todo el territorio nacional, cada provincia definió unilateralmente cómo proceder en estos casos.

De acuerdo al gráfico que antecede las provincias que se ajustan al Fallo de la Corte Suprema de Justicia aplicando el protocolo correspondiente son Jujuy, Chaco, Santa Fe, Misiones, La Rioja, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Poniendo palos en la rueda

La provincia de Córdoba elaboró su propia guía con restricciones mayores a las dispuestas por el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, ni siquiera esta última pudo entrar en vigencia, ya que una agrupación ultra católica presentó un recurso de amparo y medida cautelar para anular la aplicación del mencionado protocolo.

Luego de cuatro años el pasado 14 de abril y a instancias de Laura Vilches, diputada por el PTS en el Frente de Izquierda, la Unicameral tuvo que sentarse a debatir.

Si bien el Tribunal Superior de Justicia usó una maniobra para dilatar el debate, el mismo ya está instalado, dejando a su vez al descubierto el poder brutal que tiene hoy en día la iglesia católica, ejecutado en este caso a través de una ONG conocida con el nombre de El Portal de Belen.

En la provincia de Mendoza sucedió algo similar durante una sesión en la Legislatura, cuando un grupo pro vida ingresó al recinto para intimidar a la senadora Noelia Barbeito en el momento en que estaba solicitando el estado parlamentario de un proyecto de ley para que se aplique en esa provincia la guía técnica. La propuesta de Barbeito era muy importante ya que si el proyecto toma estado parlamentario puede ser tratado en la Comisión de Género de la Cámara Alta. Lo mismo hizo Cecilia Soria diputada de la misma fuerza política.

Los Gobiernos de Salta y Tucumán unidos para discriminar

La provincia de Salta, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, redactó un protocolo que obliga a las víctimas de violación a realizar una declaración jurada ante funcionarios del Ministerio Público en la que manifiesten que el embarazo es producto de un abuso o una denuncia policial antes de solicitar el aborto. A todas vista requisitos impuestos para disuadir y amedrentar a las mujeres que intenten interrumpir su embarazo.

En esta provincia las estadísticas indican que 7.200 mujeres fueron atendidas en hospitales por abortos inducidos o espontáneos. Pero la realidad es que al gobernador Urtubey poco le interesa la vida de estas mujeres, que en su mayoría son pobres. En su gestión está acostumbrado a vulnerar derechos, prueba de ello es que en todas las escuelas salteñas es obligatorio el dictado de la religión católica como materia, en tanto no dejan que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral.

En Tucumán no solo no aplica lo normado por la Corte Suprema, sino que además detiene y transgrede los derechos mínimos y elementales de mujeres que abortan en forma espontánea. Tal como le sucede a Belén, que fue detenida acusada de homicidio agravado por el vínculo. Una situación gravísima de criminalización de una mujer que además es pobre.

Legisladores del FIT ponen sus bancas al frente de las luchas
De la misma manera que Laura Vilches y Noelia Barbeito, Raúl Godoy en Neuquén y Patricio del Corro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron los legisladores responsables de levantar el reclamo por la aplicación inmediata de esta guía que permitirá el acceso sin obstáculos a aquellas mujeres que por una situación violenta hayan quedado embarazadas y decidan interrumpir la gestación.

En más de la mitad de las provincias argentinas la guía técnica para abortos no punibles se aplica en forma muy restrictiva o directamente no existe.

El mapa de nuestro país es una muestra de cómo se pueden legalmente vulnerar los derechos de las mujeres. Es por eso que las intervenciones de los legisladores del PTS en el Frente de Izquierda resultaron fundamentales para instalar el tema en las agendas legislativas de modo de visibilizar la necesidad imperiosa de que se cumpla con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia.

Desde hace casi 30 años el aborto es la primera causa de muerte materna en el país y, pese a las rudimentarias cifras conocidas, se sabe que hay casi tantos abortos como nacimientos.

Las mujeres se realizan abortos, esté prohibido o no. La criminalización solo empuja a que cientos de ellas en su mayoría jóvenes y pobres recurran a la clandestinidad de una práctica que probablemente las conduzca a la muerte.

FIRMÁ por el pleno derecho al aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires







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