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Por una Ley de Emergencia Habitacional en la Provincia de Buenos Aires (I)

Es necesario utilizar la banca del FIT ocupada por Christian Castillo para presentar un proyecto de Ley de Emergencia Habitacional que sirva como tribuna de los que no acceden a un hábitat digno.

Miércoles 28 de enero de 2015 | 13:20

La crisis habitacional es la expresión más cruda de la calidad de vida que sufren millones en las ciudades del país vinculado al vivir cotidiano de las familias con trabajos precarios o con ingresos medios a bajos que viven en asentamientos precarios, villas o periferias urbanas. Acostumbrados a lo cotidiano de los desalojos, enfermedades por problemas de salubridad o contaminación ambiental, al gran problema de las inundaciones, valores de suelo inalcanzables y precios de alquileres que ocupan gran parte de los ingresos.

Los límites de la Ley de Acceso Justo al Hábitat

En este escenario crítico, lo más progresivo que dio el kirchnerismo es la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires que fue aprobada en 2013 e impulsada principalmente por sectores progresistas territoriales, planificadores, académicos y funcionarios ligados al gobierno nacional. En líneas generales la Ley aporta herramientas legales de intervención urbano territorial a los municipios enfocadas a la urbanización de villas y asentamientos, crea un protocolo para la realización de desalojos por parte de las fuerzas de seguridad, implementa un impuesto del 10% a la valorización inmobiliaria que se da a partir de la intervención del Estado, así también como a los grandes desarrollos inmobiliarios que superen los 5.000 m2 y un incremento del 50% del impuesto inmobiliario a terrenos baldíos. Además plantea la creación de un Fondo Fiduciario Publico para el financiamiento y asistencia técnica en vivienda para familias de bajos recursos que no puedan obtener créditos por la banca formal.
Si bien la Ley plantea cambios a la política fuertemente neoliberal de las últimas décadas y de la Ley 8912 de la dictadura (incorpora conceptos como el derecho a la ciudad, la participación de usuarios en la gestación de proyectos o la función social de la propiedad) de conjunto la propuesta tiene varios límites. Uno de ellos es el de intervenir en el mercado inmobiliario muy tímidamente, con impuestos muy bajos para un sector económico que tiene ganancias de miles de millones de dólares anuales y que de todas formas va a continuar haciéndolo a costa de una ciudad para pocos. Otro límite es que deja en manos de la “buena voluntad” de los intendentes del conurbano nada más y nada menos que el uso de herramientas de gestión urbana que favorezcan a los sectores populares y que ayuden a controlar los valores del suelo, cuando son los propios municipios los que están íntimamente ligados a través de pactos económicos y políticos con las empresas inmobiliarias que operan en su territorio. En esta misma sintonía, se espera que no haya desalojos violentos a partir de la redacción de un protocolo para que lo efectúe la desprestigiada policía bonaerense del gatillo fácil y las futuras policías comunales.

Por una verdadera reforma urbana

Es necesaria una reforma urbana integral que demande buenas condiciones ambientales y de vivienda, integrada a la vida urbana con equipamientos sociales, como escuelas, hospitales, espacios para la cultura, recreación, etc. para un desarrollo cultural rico y diversificado para toda la población , un plan urgente de infraestructura para áreas de las ciudades hoy inundables y también de movilidad que permitan una articulación entre los distintos modos de transporte, privilegiando la creación de transportes públicos accesibles, de calidad y no contaminantes, y no el automóvil.

En la reforma urbana necesaria el acceso a la vivienda es el punto principal, pero por ser un problema que se expresa en “casas” o espacios habitables necesarios, no quiere decir que su resolución sea la cantidad de edificios a construir. Este criterio ha sido por décadas el ADN peronista, con una lógica clientelar y de contención por un lado y de impulso económico al sector por otro. El problema tiene que ver con quienes ganan y quienes pierden en la construcción social de las ciudades, por eso un primer paso para su resolución tiene que combinar por un lado limitar fuertemente al mercado inmobiliario y lograr importantes conquistas sociales para las mayorías trabajadoras por otro.







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