Mundo Obrero

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA

Prohibición de despidos: alcances y límites de una medida que afecta a millones

Tras miles de despidos ya producidos con la excusa de la cuarentena, el Gobierno toma la medida. Se venían sintiendo fuerte los reclamos y la exigencia de sectores afectados, especialistas y la izquierda. Pero tiene límites: es una medida sin retroactividad y deja afuera a cinco millones de “informales”.

Miércoles 1ro de abril | 10:40

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 329 publicado a última hora del martes en una edición especial del Boletín Oficial, el Gobierno de Alberto Fernández dispuso la prohibición de despidos y suspensiones por el plazo de 60 días.

El artículo 1 del decreto dice que el mismo “se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social” votada en diciembre por el Congreso y de “la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20” del mes pasado, que estableció la cuarentena obligatoria para toda la población.

El artículo dos precisa: “Prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial”. El siguiente artículo plantea lo mismo para “las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”.

Agrega el decreto que “los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto” en esos artículos, “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.

Por último el texto contempla la revisión del decreto por parte de la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación para que evalúe su validez.

Entre los considerandos del decreto (firmado por el Presidente Fernández y todo su Gabinete de ministros) se afirma que el Estado ya estableció “una serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia”, como “postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social”, asistencia “mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios” y “garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas”.

En ese sentido, argumenta, “corresponde tutelar en forma directa a los trabajadores y a las trabajadoras como correlato necesario a las medidas de apoyo y sostén para el funcionamiento de las empresas, en este contexto de emergencia”. Y “que esta crisis excepcional conlleva la necesidad de adoptar medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta situación de emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la población”.

Sin embargo, esos fundamentos no servirían para “tutelar” a las y los miles de trabajadoras y trabajadores que ya fueron despedidos o suspendidos antes del 31 de marzo, durante las dos semanas que la cuarentena obligatoria les sirvió de excusa a las patronales para atacar los derechos laborales. Así, no hay ningún tipo de retroactividad de la norma, lo que prácticamente legaliza la avalancha de cesantías producidas en pequeñas, medianas y grandes empresas a lo largo de los últimos días.

A su vez, en un “mercado laboral” que, según las propias estadísticas oficiales, mantiene a cuatro de cada diez personas trabajando en la informalidad y bajo regímenes laborales ilegales, el DNU se muestra claramente limitado. A esa masa de alrededor de cinco millones de trabajadoras y trabajadores las podrán seguir despidiendo y suspendiendo.

Ese sector, precisamente, viene siendo el más castigado a partir de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno el 20 de marzo. No solo porque a partir de no poder transitar por la calle se ve imposibilitado de concurrir a sus trabajos o a los lugares donde realizaban “changas” o vendían ambulantemente, sino también porque si tenían un patrón, éste directamente los dejó sin ingresos amparándose en el parate económico.

Las “ausencias” u “olvidos” del DNU publicado anoche parecieran darle vía libre a lo que horas antes de ser publicado ya había manifestado el abogado al servicio de las patronales y profesor de la UCA Julián de Diego. En una entrevista con Infobae, el “especialista en derecho laboral” afirmó sin metáforas que “los despidos no se frenan por decreto” y que “se van a dar de hecho, solos, y serán informales en las empresas más chicas”.

La respuesta decretada por el Gobierno parecía responder a una exigencia que los últimos días se fue haciendo cada vez más fuerte. Quienes primero lo plantearon fueron sectores que habían sido afectados, la izquierda y organizaciones laboralistas, que anticipando lo que finalmente sucedió en cientos de empresas, fábricas y talleres exigían una prohibición real de despidos y suspensiones para toda la clase trabajadora durante el período que dure la emergencia sanitaria por la pandemia.

Luego, y con la tibieza propatronal que los caracteriza, algunos dirigentes sindicales le pidieron al Gobierno algún tipo de acción en ese sentido. El texto conocido anoche, claramente, es una respuesta insuficiente para millones de trabajadoras y trabajadores.

Con el DNU publicado, se hace más necesario aún que la clase trabajadora exija con fuerza la prohibición de despidos y suspensiones, durante todo el tiempo que dure esta emergencia, para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del país, empezando por quienes no tienen ni siquiera los mínimos resguardos de la legislación por estar en la precariedad absoluta de la informalidad laboral. Eso implica, obviamente, la retroactividad de actual DNU para dejar sin efecto los miles de despidos y suspensiones ya consumados en las últimas semanas.

También urge la exigencia de que se garantice un “salario de cuarentena” de $ 30.000 para esos sectores que trabajan en la informalidad y en el cuentapropismo y para monotributistas que hoy no pueden salir a ganarse el pan. Sin ingresos diarios y con fuertes aumentos de precios en la canasta básica alimentaria, queda en evidencia que los $ 10.000 decretados por el Gobierno para monotributistas (solo una parte de los informales) no alcanzan para nada.

A su vez, se debería decretar que ante los despidos masivos de personal o el cierre de las empresas en el marco de esta emergencia y esta crisis, se garantice el derecho al trabajo a través de la ocupación y puesta en funcionamientos de fábricas, talleres, comercios y demás unidades productivas poniéndolas a producir con un fin social.

Estas medidas deberían ser decretadas antes que otras, como cierto “salvataje” estatal a grandes empresarios que piden subsidios a cambio de no despedir y así mantener sus fenomenales ganancias. El Gobierno ya anticipó que en las próxima horas dará a conocer un “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”, donde probablemente atienda más de un requerimiento de esas patronales que no pierden nada con esta crisis (incluso algunas ganan más).

Leé el DNU completo

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