Política

LEGISLATURA

¿Qué leyes se aprueban en la Unicameral de Córdoba?

En Córdoba, el 40% de las leyes aprobadas en junio son adhesiones a leyes nacionales.

Sábado 9 de julio de 2016 | 00:00

La legislación que impulsan los gobiernos desde sus parlamentos obedece a diversas causas: demagogia, lobby, tendencias. Estas últimas remiten a modas en tanto usos del momento. Abundan los ejemplos. En 1983, después de la dictadura militar, se abrió en el país una oleada de reformas constitucionales que continuó hasta 1996, incluyendo en este impulso reformista la Nacional, en 1994. En Córdoba asistimos a dos de estas reformas. La primera en la etapa pos dictadura. La segunda como parte integrante del proceso de reformas del Estado que tuvo un carácter isomórfico en Latinoamérica. También en los noventa, en el contexto provincial, se produjo la emergencia de Cartas Orgánicas Municipales a modo de tendencia legislativa. Más cercana en el tiempo Córdoba engrosó su digesto con la regularización, mediante leyes, de cientos de Radios Municipales a partir de la primera gobernación de Juan Schiaretti en 2007.

Festival de adhesiones
Hoy observamos una tendencia incipiente a la aprobación de leyes que tienen como eje la “adhesión a Ley Nacional”. Sobre un total de diez leyes sancionadas en el mes de junio del corriente año se han aprobado cuatro adhesiones a leyes nacionales y en los dos últimos años, desde julio de 2014, ascienden a un total de diez.

Abarcan un amplio espectro: Lucha contra el Alcoholismo(ley 10213); Registro Único para Guarda con fines de Adopción (ley 10218); Cirugía Reconstructiva como Consecuencia de una Mastectomía por Patología Mamaria (ley 10273); Modificatoria de la Ley que Adhiere a la Lucha contra el Narcotráfico (ley 10294); Reducción del Consumo de Sodio (ley 10298); Restitución de los Restos Mortales de Aborígenes (ley 10317); Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (ley 10352); Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo (ley 10353); Día Provincial contra el Trabajo Infantil (ley 10354) y Prevención del Suicidio (ley 10357).

Sin embargo el parlamento no siempre está dispuesto a aprobar adhesiones. Cuando la iniciativa conlleva una carga de reivindicación por los derechos de los trabajadores, la juventud y las mujeres, necesitan mucho más que el procedimiento legislativo de rigor para ser aprobadas.

Así observamos cómo la lucha del movimiento de mujeres en Córdoba, demandó dos multitudinarias marchas clamando “Ni Una Menos” para llegar a la aprobación de la ley 10352. Esta forma parte hoy de un amasijo legislativo que no hace honor a la lucha que el movimiento de mujeres desplegó durante más de dos años para lograr que la Provincia de Córdoba promulgara la adhesión a la Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.

Además, una vez votada la adhesión, la misma no es integral, se adhiere en un sentido formal. Se elude el procedimiento establecido en la norma nacional. A la vez que se sostiene un sistema procedimental de intervención que ha demostrado, con el horror del femicidio, cuan obsoleto es.

El resto de las leyes que invocan “adhesión” no merecen resistencia, dado que sus postulados tienden a proteger, prevenir, promover, restituir, se aprueban por unanimidad. Son contribuyentes a la inflación legislativa (Leiva Fernández: 1999).

En algunos casos permiten direccionar fondos desde el Estado Nacional hacia las Provincias. En este sentido es oportuno mencionar la adhesión a la ley 26279, “Régimen de detección precoz en recién nacidos”, iniciativa que habilita la recepción de partidas presupuestarias nacionales para detectar y tratar patologías desde el nacimiento. Aún se encuentra en tratamiento en el seno de la Comisión de Salud.

Sin embargo el texto va más allá de la mera adhesión a la ley nacional, parece constituir una excusa elegante para implementar desde el ministerio de Salud un régimen macartista que habilite la detección de mujeres consumidoras de cocaína y marihuana. El artículo 2° del proyecto de Ley determina: “Establécese que además de los estudios para detección de las patologías indicadas en el artículo 1° de la Ley Nacional, anteriormente mencionada, se practicará la detección de metabolitos de cocaína y marihuana en el meconio del recién nacido”.

Como nota de color de esta iniciativa, que suscriben los médicos - legisladores Oscar González y Daniel Passerini, entre los argumentos que sirven de fundamentos al texto se expresa: “Diversos estudios muestran los efectos nocivos que se producen en los recién nacidos: aborto (sic), muerte intrauterina(sic), malformaciones, bajo peso, prematuridad, sufrimiento fetal (sic), síndrome de abstinencia agudo, subagudo o crónico, infecciones verticales, ruptura prematura de membranas, asfixia, infarto cerebral, patrones de respiración y cardiacos anormales, etc.”. La deficiente redacción con la que se intenta convencer para su aprobación hace suponer que un recién nacido tanto puede abortar, morir dentro del útero del que acaba de salir como padecer sufrimiento fetal, cuando ya no es mas un feto.

Esta falta de cuidado y esmero en la redacción no es casual. La Legislatura Unicameral tiene fines que garantizan la separación de los trabajadores en la labor parlamentaria. No se rinde cuentas a nadie, porque el pueblo es considerado un mero elector que cada dos o cuatro años expresa una voluntad (ficticia) de autogobierno. Las divisiones económicas (…) se enmascaran mediante la igualdad jurídica entre explotadores y explotados, y con ella la completa separación y no la participación de las masas en el parlamento (ANDERSON, P.: 1981).

A diferencia de los parlamentarios de los partidos mayoritorios, que representan los intereses de los poderosos pretendiendo representar a la sociedad en su conjunto, las bancas ganadas por el PTS en el Frente de Izquierda no tienen ese sentido de unidad ficticia de las clases. Desde ellas se denuncian los atropellos, se proponen leyes que protejan a los trabajadores (ley prohibiendo despidos) y se exige que todo funcionario o legislador cobre como una maestra, destinando lo restante de su dieta a los fondos de huelga que impulsan los trabajadores en lucha y a otras organizaciones y causas populares.







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