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Randazzo y Macri: ¿transporte o persecución judicial?

Durante los últimos días las novedades en materia de transporte poco tienen que ver con avances en infraestructura. Tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el de la Nación corren el eje al área judicial.

Viernes 19 de septiembre de 2014 | Edición del día

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Si alguien esperaba que el ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo anunciara que finalmente se concretaron la tan prometida electrificación del ferrocarril Roca o el soterramiento del Sarmiento, se equivoca. Lo que sí fue noticia esta semana es que procesaron a un joven que en mayo pintó graffitis en una de las nuevas formaciones que trajeron de China para el Sarmiento, además de embargarlo por $5.000. Vale recordar que al momento del hecho, el enardecido ministro no dudó en aseverar que "si fuera mi hijo, no te digo lo que haría... le dejo el traste sabés cómo no, por pelotudo”.

Esto se suma a la persecución que emprendió contra los trabajadores del ferrocarril Sarmiento luego de numerosos accidentes, descarrilamientos e inconvenientes ocurridos en dicha línea, una de las más utilizadas cotidianamente por los habitantes del conurbano para viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que los trabajadores de dicha línea presentaron informes y denuncias del mal estado de la infraestructura con anterioridad al crimen social de Once, el gobierno encontró en ellos un chivo expiatorio en quien depositar las culpas por tantos problemas. Primero instaló cámaras para intentar probar la irresponsabilidad de los maquinistas, y recientemente denunció a delegados enrolados en la lista opositora a la conducción del gremio (la lista Verde de la Unión Ferroviaria) utilizando justamente un video, buscando sacarles sus fueros gremiales.

En la Ciudad también

El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, tampoco se queda atrás. Desde que está en el cargo protagonizó numerosos enfrentamientos con los trabajadores del subterráneo, siendo uno de los últimos el que tuvo lugar durante la campaña electoral de 2013. Inauguraron dos estaciones de la línea B que no estaban terminadas, por lo cual hubo derrumbe de mampostería e inundaciones con grave riesgo para trabajadores y usuarios, ya que el agua llegaba a zonas electrificadas. Ante la denuncia de esta situación por parte de los trabajadores, tanto Macri como el director de SBASE Juan Pablo Piccardo los confrontaron, especialmente a uno de sus delegados, Claudio Dellecarbonara.

Esta semana el subte vuelve a ser noticia, pero no por mejoras en el servicio. En 2012 las empresas Dycasa y Techint comenzaron las obras de ampliación de la línea H bajo Plaza Francia, obra que fue cuestionada, entre otras cosas, por su ubicación: privilegiaba el acceso desde un punto turístico en detrimento de otras prioridades, como la conexión con el ferrocarril. La obra finalmente se paralizó, lo que se había demolido para esta obra se volvió a edificar y se plantaron árboles donde se los había sacado, a instancias del amparo judicial presentado por la ONG Basta de Demoler y la paisajista Sonia Berjman. Ahora el gobierno de la Ciudad demanda a esa organización, a su vicepresidente Santiago Pusso y a Berjman por la friolera de $24 millones, en concepto de daños y perjuicios. Argumenta que el freno de la obra trajo numerosos gastos adicionales a los proyectados y que no tuvo sentido hacerlo, porque los mismos demandantes abandonaron finalmente la causa. Intentan demostrar que este hecho encubría un objetivo político, enmascarado en protección del medio ambiente. Ante la demanda millonaria del gobierno porteño, los involucrados contestaron que se trata de una clara persecución e intento de silenciamiento de quienes no acuerdan con la gestión del macrismo.

Más allá de las disputas y vaivenes judiciales en curso, lo que queda claro es que el subte sigue en constante deterioro y con obras inconclusas desde hace años, cuando la gestión todavía estaba en manos del gobierno nacional. El único trabajo de importancia que se está realizando es la modificación de la línea B, cuya infraestructura se viene adaptando a los coches de descarte que se compraron al Metro español. Este trabajo ha tenido idas y vueltas, ya que se determinó que no podía utilizarse el mismo sistema de alimentación eléctrica y que el tamaño de los coches era incompatible con el de los túneles y estaciones existentes, lo cual requiere una gran inversión y tiempo para la readecuación.







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