Rosario: por primera vez los delitos sexuales son considerados de lesa humanidad

El pasado jueves se dio a conocer el fallo de la mega causa Feced III y IV, donde fueron condenados 10 policías por delitos y vejaciones cometidas en la última dictadura militar. Por primera vez en la ciudad de Rosario se condenan las violaciones y abusos sexuales en el marco de la tortura como delitos de lesa humanidad.

Irene Gamboa

Referente del PTS en el Frente de Izquierda

Sábado 16 de mayo | 12:00

Foto Diario Síntesis

Desde el año 2010 las situaciones de violencia sexual, representan una falta condenable en el marco de delitos de lesa humanidad. En los últimos años se han dictado 241 sentencias por delitos de lesa humanidad pero sólo 31 contemplan los delitos sexuales. En la ciudad de Rosario es la primera vez que los testimonios que dan cuenta de estas prácticas aberrantes, son tenidos en cuenta a la hora de la sentencia.

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El caso de Silvia Suppo, testigo clave en la mega causa de Rafaela, que apuntaba contra el ex Juez Federal Víctor Brusa fue clave para allanar el camino. El testimonio de Suppo logró que se condenen a cuatro policías y colaboradores, por las violaciones y posterior práctica de un aborto forzado en el marco de la detención clandestina. Silvia Suppo nunca llegó a oír la condena ya que fue asesinada en marzo del 2010, en medio de un caso que nunca logró ser clarificado y que su familia, compañeros y organismos de DDHH siguen exigiendo que se investigue el móvil político de este asesinato.

En los testimonios brindados por las y los sobrevivientes de la última dictadura militar son recurrentes los relatos de violaciones y abusos a varones y mujeres. Sin embargo a la justicia le llevó mucho tiempo entender estos hechos como formas de tortura y tormento hacia los y las detenidas. El 33% de los detenidos fueron mujeres y se estima que un 10% estaba embarazada al momento de su detención forzada. El resto es una triste historia que ya conocemos: cientos de niñas y niños apropiados. Se estima que son alrededor de 400 niños y niñas apropiados, solo 130 han recuperado su identidad. Desde 1983 a nuestros días ningún gobierno tomó la decisión de abrir los archivos de la dictadura para dar a conocer el paradero de las y los niños nacidos en cautiverio. Sólo la incansable lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto a organizamos de DDDHH y organizaciones políticas y sociales ha logrado restituirle la identidad las y los nietos apropiados.

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La participación de Iglesia Católica en la última dictadura militar es innegable. En la Causa Feced III debería haber sido condenado el cura Eugenio Zitelli, quien participaba del centro de tortura como capellán del servicio de informaciones de la policía se Santa Fe. Zitelli murió en libertad e impune. Otro caso emblemático ha sido Jorge Bergoglio, quien cuenta con diversas denuncias como su conocimiento sobre el secuestro de los curas jesuitas. Este manto de impunidad que recubre a la Iglesia Católica ha sido permitido y perpetrado por todos los gobiernos democráticos.

La violencia de género como tortura y disciplinamiento

El reconocimiento de los delitos sexuales cometidos durante la tortura en la última dictadura militar constituye una conquista de las y los sobrevivientes, los organismos de DDHH y las organizaciones sociales, políticas y de mujeres que han insistido para que se condenen estos hechos. Esta forma de violencia contra varones pero fundamentalmente contra mujeres tenía como fin disciplinar a aquellas que cuestionaran el poder de los grandes empresarios, el imperialismo, y peleaban por una sociedad diferente. Para ponerle fin a un movimiento obrero que se encontraba en ascenso, se puso en pie el plan de exterminio de toda una generación, financiado por el gran capital y que contó con la enorme colaboración de la cúpula eclesiástica, las burocracias sindicales y grupos de choque.

Este plan no sólo buscaba desaparecer a una generación, también buscaba “disciplinar” a quienes cuestionaran los pilares del sistema capitalista y patriarcal. Por eso la particular saña contra aquellas mujeres que no entraban en el estereotipo de buenas esposas o buenas madres. Los testimonios de las sobrevivientes y sus familiares son de vital importancia para graficar lo escalofriante de estos hechos: secuestradas, torturadas, abusadas, obligadas a parir a punta de pistola y separada de sus hijos e hijas.

Desde la apertura democrática a nuestros días, si bien han habido avances en materia de juicios por delitos de lesa humanidad, las causas han sido muy pocas en relación al plan sistemático que significó el Golpe ’76. La gran mayoría de los genocidas siguen gozando de total impunidad, fundamentalmente los cómplices civiles que mueren por el correr de los años sin siquiera haber declarado por sus delitos. La reconciliación que han buscado diferentes gobierno como cuando Cristina Fernández nombró a César Milani como jefe del ejército han sido muy cuestionados por diversos organismo. El negacionismo del gobierno de Mauricio Macri que intentó reducir penas para los genocidas con el 2x1 fue enfrentado en las calles por una sociedad que una vez más demostró que no está dispuesta a permitir la impunidad. Los dichos del actual presidente Alberto Fernández diciendo que es momento de dar vuelta la página refiriéndose al terrorismo de Estado en víspera de un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, también se ganaron el cuestionamiento de organismos de DDHH, familiares de víctimas y organizaciones políticas.

El reconocimiento de los actos de violencia de género como parte de un plan sistemático para atormentar y someter, considerados como delitos de lesa humanidad, es una importante conquista. Es una conquista de la de lucha de décadas de las y los sobrevivientes, organismos de DDHH, familiares, organizaciones políticas, sociales y del movimiento de mujeres que han insistido una y otra vez para que así sea.







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