Economía

PANORAMA ECONÓMICO

Salarios y jubilaciones ¿cuánto tienen que aumentar para recuperar lo perdido con Macri?

El gobierno enviará al Congreso la ley de solidaridad social. Parámetros para discutir una verdadera recomposición de ingresos. Las restricciones presupuestarias de Martín Guzmán.

Pablo Anino

@PabloAnino

Sábado 14 de diciembre de 2019 | 00:09

No era tan sencillo, como presumía Mauricio Macri hace cuatro años atrás. La inflación concluirá en 2019 en el nivel más alto desde 1991: alrededor del 55 %. La última medición de la era Cambiemos fue el 4,3 % de noviembre publicado esta semana por el Indec.

Entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2019, la inflación acumulada ronda el 300 %. Los salarios siempre corrieron desde atrás. De modo tal que la suba de precios motorizada por los tarifazos, la escalada del dólar y la conducta depredadora del capital concentrado, que remarca sin control, implicó una pérdida del poder de compra del salario del 19 % entre los trabajadores registrados del sector privado.

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El poder de compra fue destruido en mayor proporción en otros estamentos de la clase trabajadora: ATE Indec estima una retracción de 33 % en el poder de compra de los salarios estatales del ámbito nacional. Seguro es mayor en el sector informal, donde los trabajadores no están registrados. Entre los jubilados que cobran la mínima, la pérdida de poder de compra es del 25 %.

La semana próxima habrá detalles de cuánto dinero “se pondrá en el bolsillo de los argentinos”, según prometió Alberto Fernández en campaña: será cuando se conozca el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva que enviará el Poder Ejecutivo para debatir en las sesiones extraordinarias del Congreso.

El debate para una recomposición del salario que permita recuperar lo perdido en estos cuatro años debería partir de los parámetros mencionados: 25 % de aumento en las jubilaciones, 19 % en el sector privado y 33 % en el ámbito del empleo público nacional.

Pero aún con subas de ingresos como las mencionadas, la clase trabajadora (activa y pasiva) apenas recuperaría el poder de compra a noviembre de 2015, no obstante no le sería restituido el volumen de consumo que perdió mes a mes durante estos cuatro años.

Los empleados públicos nacionales acumulan una pérdida de consumo que equivalente a $ 260 mil para una categoría testigo y los jubilados que perciben el haber mínimo tuvieron una pérdida acumulada de $ 109 mil. Es lo que se ahorró el Estado por cada uno de ellos gracias al ajuste de estos cuatro años.

Llegar a fin de mes

La pérdida salarial junto con la desocupación (que trepa a 10,6 % según los datos existentes hasta el segundo trimestre del año –de abril a junio-) son los factores principales que explican el aumento de la pobreza que alcanza a cuatro de cada diez habitantes del país.

El ingreso promedio de todos los asalariados (registrados del sector privado y público; y no registrados) fue de $ 22.658 en el segundo trimestre del año. En ese mismo período, la canasta de pobreza fue valorizada en $ 30.327.

Con estos indicadores, cualquier recomposición en los salarios más bajos mediante una suma fija, tal como trascendió que podría ser la medida impulsada por el nuevo gobierno, debería atender esa brecha de $ 7.699 que existía en ese momento del año (no hay estadísticas actualizadas de ingresos, pero hoy seguramente la brecha es mayor).

Además, existen situaciones más graves. En muchos casos los asalariados cobran (como es obvio) menos que el promedio: de hecho, el 50 % percibía ingresos menores a $ 20 mil en el segundo trimestre del año. Es más, el salario mínimo vital y móvil está establecido en $ 16.875 desde octubre; el salario social complementario es de $ 8.500 desde noviembre; y el seguro de desempleo tiene un tope de $ 6.280.

Una política de recomposición verdadera que atienda las urgencias sociales tendría que inscribirse en la perspectiva de que nadie perciba un ingreso menor a la canasta de pobreza que, como se dijo, fue valorizada en $ 30.327 en el segundo trimestre, y en la actualidad ya trepó hasta $ 35.648 para el mes de octubre.

Una brecha enorme

En el caso de los adultos mayores la brecha entre ingresos y necesidades es más amplia que entre trabajadoras y trabajadores activos: el haber mínimo (que cobra alrededor de dos tercios de los jubilados y pensionados) se ubica en $ 14.068 desde diciembre, mientras que la canasta de jubilados costó $ 37.815 en octubre, según la Defensoría de la Tercera Edad que conduce Eugenio Semino.

De este modo, el haber mínimo cubre sólo el 37 % de lo que necesita un jubilado para vivir. O, visto de otra manera, alcanza para los gastos de apenas 11 días del mes. Una recomposición de haberes que les permita cubrir todos los gastos mensuales tendría que ser de $ 23.747.

Según los trascendidos mediáticos, en la ley de solidaridad social que impulsa Alberto Fernández, existirá un aumento de suma fija muy menor a esa cifra (tal vez de $ 3.000 o $ 5.000). No sólo eso: también se propondría un cambio en la movilidad jubilatoria.

La reforma previa de la movilidad, votada en el Congreso en diciembre de 2017 mientras se reprimía en las calles la movilización de repudio, implicó un ataque a los ingresos jubilatorios, tanto por la pérdida en el empalme entre una fórmula y otra, como así también porque el alza de los haberes quedó atada a la inflación pasada, lo cual deteriora la capacidad de compra en un contexto de inflación en alza.

Durante 2018, la masa de haberes que percibió un jubilado que recibe la mínima aumentó 23 % en relación a 2017 mientras la inflación alcanzó casi al 48 %. Este año la distancia entre la suba de la masa de haberes y la suba de precios será más acotada porque la inflación pegó un salto menor que el registrado entre 2017 y 2018.

La fórmula de movilidad jubilatoria vigente eventualmente puede favorecer a los jubilados en el caso que la inflación del año próximo sea menor a la de 2019, tal el objetivo que se plantea el gobierno entrante.

Pero este beneficio podría ser quitado con una nueva fórmula que actualice los haberes en función de la recaudación (según parece ser la intención del nuevo gobierno), lo cual puede beneficiar potencialmente a los adultos mayores en un período de auge económico con ingresos públicos en alza, pero no en una economía en recesión, tal la realidad actual del país que parece que se extenderá durante gran parte de 2020.

Remover restricciones

En su presentación en sociedad, el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, mostró la voluntad de recuperar el crecimiento económico, atender las necesidades sociales urgentes, pero remarcó las restricciones presupuestarias que enfrenta.

Tales restricciones podrían ser removidas, por ejemplo, evitando pagar los intereses de la deuda pública a los buitres especuladores que se llevan un quinto del presupuesto público, superando lo que se destina a educación y salud.

También se pueden ampliar los recursos (y remover restricciones) restituyendo las contribuciones patronales a la seguridad social al 33 %, tal el nivel existente antes de las reformas de Domingo Cavallo. El macrismo las redujo a un nivel de alrededor de 19 % vigente en la actualidad. Una aumento de las contribuciones patronales permitiría una recomposición importante de los haberes jubilatorios.

Los cuatro años de macrismo dejaron ganadores claros: los especuladores de la deuda, los bancos, las privatizadas de los servicios públicos, el gran capital agrario exportador, las empresas de plataforma, por mencionar los más importantes.

Las restricciones sólo existen si se toma como un hecho consumado todo lo que ganaron unos pocos en la gestión macrista. Hay otro camino: afectar los intereses de los poderosos para atender de manera integral las necesidades de las mayorías.

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