Defensa del agua

San Rafael: la lucha por el agua continúa

Luego del ataque político a la ley 7722 y del triunfo del pueblo que con enormes movilizaciones populares, logró que el gobierno retrocediera con la reforma, la lucha por el agua en Mendoza continúa. ¿Hacia dónde se dirige?

Viernes 17 de enero | 12:15

El miércoles 15 de enero se presentó a Departamento General de Irrigación, delegación Río Diamante un petitorio que exige: la anulación del expediente 777985/19 que entrega agua para la mega minería; anulación del decreto 249/18 que entrega agua para el fracking; y el balance hídrico, que debe presentarse anualmente y de manera obligatoria a la legislatura, y que fue presentado por última vez en 2014.

“Decidimos ir desde Plaza San Martín a Irrigación para visibilizar y vimos cómo el pueblo se unía y mostraba su apoyo, despertando San Rafael. En Irrigación sólo nos recibían la nota y la oferta de las autoridades fue que subieran 2 personas a una reunión, pero logramos que bajara el ingeniero Federico Liceno. Tuvimos un diálogo (que no siempre rinde su fruto), porque quienes trabajan en Irrigación no saben de lo que estamos hablando o no quieren dar información porque no están autorizados. Entonces directamente se remiten los petitorios o solicitudes a Irrigación Mendoza. Tenemos la experiencia de un petitorio presentado el 18 de diciembre que no han contestado. Ahora hubo más fuerza y participación así que esperamos que den una respuesta pronto y sino la idea es, por supuesto, volver.” Explica una vecina de la Asamblea por el Agua.

En medio de la crisis hídrica que sufre Mendoza sería lógico que desde el gobierno provincial y nacional, surgieran políticas para el cuidado de la calidad y la cantidad de agua que dispone el territorio y el control sobre su uso priorizando el uso público y de la producción agraria. Sin embargo, en un esfuerzo por mostrar interés en el “progreso” y en la falaz generación de empleo, los gobiernos sostienen la importancia del desarrollo de la mega minería contaminante y de la fractura hidráulica.

En este contexto, distintas organizaciones, agrupaciones y vecinos autoconvocados presentaron el petitorio al Departamento General de Irrigación el miércoles 15 de Enero.

“Primero Irrigación debe instruir para el servicio de agua potable, segundo, para riego agrícola, tercero para uso industriales, cuarto para ganadería, etc. Eso dice la Constitución y esto también tienen una base anterior a la constitución que es la ley de agua, por sobre ese andamiaje legal tiene que caminar Irrigación para hacer su actividad, operativa, mecánica y de distribución de agua, no se puede zafar. Usted no está facultado, por la escasez de agua que hay durante todos los ciclos, para entregar nuevos derechos de riego para cualquier uso porque no hay posibilidades de que de forma intencional cualquier persona pudiera comprar derecho de riego” explica Juan, abogado y vecino autoconvocado.

Todos los años Irrigación debe proveer un informe con una medición socioeconómica y de la cantidad de agua necesaria para determinado cultivo, cualquier concesión de riego debe ser aprobada por la legislatura. Esto no solamente no se cumple, sino que Irrigación avanza con la complicidad de los 5 consejeros de riego que son las únicas autoridades que institucionalmente manejan el agua, y están puestos en esas funciones por el gobernador de turno. “(…) En ningún momento pasó por la legislatura la concesión de agua que se hizo a Vila en la cascada san Isidro” ejemplifica Juan.

Paradójica y simultáneamente, el Departamento General de Irrigación no recibe presupuesto provincial y es abastecida, tanto su edificación, empleados y demás, por los regantes que en muchos casos enfrentan deudas por el pago del derecho de riego al cual se suma un aumento del 130% decretado por el gobernador Suárez esta misma semana. Además de esto, en San Rafael hay 13 asentamientos que no tienen acceso a la red de agua ¿Quién cuida entonces, a los regantes y al pueblo de los tarifazos y la contaminación?

Si tanto vale el agua para el pueblo mendocino, que la paguen. Esa pareciera ser la propuesta del gobierno mendocino que junto al organismo público descentralizado y un puñado de empresarios locales (que muchas veces son parte del mismo Estado), manejan los piolines contra el derecho elemental al agua pura.

A pesar de los resultados que pueda llegar a tomar el Departamento General de Irrigación con respecto al petitorio (con 15 días hábiles para expedirse ante el mismo), quedó demostrado luego de la gran movilización en defensa de la 7722, que es el pueblo quien tiene el poder de imponerse sobre las decisiones del gobierno. La lucha en defensa del agua, contra el fracking y la mega minería continúa.







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