Sociedad

ATUCHA III Y IV

¿Se construirán nuevas centrales nucleares?

El gobierno de Cambiemos aseguró que los contratos con los chinos para la construcción de la cuarta y quinta central nuclear argentina se mantiene vigente. La primer medida del gobierno fue cesantear a 2.400 trabajadores de la construcción, pero como declaró Aranguren "vamos aprendiendo sobre la marcha".

Mariano Saleh

@duroms

Martes 28 de junio de 2016 | Edición del día

Entrando en el segundo semestre, varios funcionarios de Cambiemos aseguran que los acuerdos para la construcción, tanto de las centrales nucleares como las represas del sur, se mantendrían vigentes. Según lo pactado, Atucha III poseería un reactor tipo CANDU, un diseño canadiense de agua pesada como refrigerante y uranio natural como combustible. Este tipo de tecnología ya es utilizada hace más de 40 años en la central nuclear de Embalse, en Río Tercero Córdoba. Atucha IV poseería un reactor de agua liviana y uranio enriquecido y sería el primer reactor de este tipo en la Argentina.

Los detalles de los contratos no son públicos, pero según las declaraciones, la empresa China proveería la ingeniería, el “know-how” y el financiamiento para la construcción de las centrales, mientras la mano de obra y los materiales serían en su mayor parte de origen nacional. Se sigue dejando de lado a los miles de ingenieros, licenciados, técnicos y operarios que se desempeñan en el sector, muchos con contratos precarios. Son ellos los que pueden llevar adelante un plan de obras públicas para brindar el servicio eléctrico de calidad y bajas tarifas para el pueblo pobre. Así como también contribuir con evidencia técnica y científica al debate sobre el uso de la energía nuclear y las medidas de seguridad.

Continúa la dependencia

A pesar de ser argentina uno de los 9 países con desarrollo nuclear, y luego de operar hace más de 40 años centrales nucleares de potencia y tener diseños propios (CAREM), los gobiernos continúan profundizando la dependencia financiera y tecnológica. Lo que antes era con la alemana Siemens (quién abandonó el mercado nuclear a mediados de los 80’), hoy está vacante y se lo disputan China y Rusia.

Si bien la tecnología de agua liviana y uranio enriquecido es más eficiente, y por eso la tendencia es a migrar hacia ella, el estado argentino no garantiza el apoyo, tanto presupuestario como político, para que se investigue en el país y lograr controlar el “ciclo de combustible”, ya que el uranio enriquecido sólo lo proveen un puñado de países imperialistas. Similar a lo que pasa con el reactor CAREM, un proyecto que se inició en 1984, que aún sigue parado o con muy poco avance y que tiene la potencialidad de poner a Argentina en el mapa de los países con capacidad de construir reactores.

La energía pública en manos privadas

La continuidad de estas obras anunciadas por el gobierno anterior se da en medio de la tormenta desatada tras la detención de José López, y que implica fuertemente a Julio De Vido. El ex ministro fue siempre de los más cuestionados por manejar contratos y licitaciones a su antojo. En el área energía en particular asignaba fondos de miles de millones, a través de CAMMESA la empresa estatal encargada de regular el sistema eléctrico nacional, a empresas multinacionales y contratistas amigas nacionales y populares como Electroingeniería.

El nuevo Secretario del sector nuclear, Julián Gadano definió como objetivo que Nucleoeléctrica Argentina S.A.(NASA) sea una empresa hecha y derecha, y que para ello debe operar al menos cuatro o cinco centrales. O sea, ser redituable y poder construir nuevas centrales sin financiamiento estatal. Negociados para privados con la obra pública y luego intentar avanzar en la privatización de NASA pareciera ser el objetivo. Lo mismo había intentado el menemismo con la creación de la sociedad anónima en los 90’ y que nunca fue revertido en la “década ganada” kirchnerista. Al contrario, fue utilizada para los negociados de la “patria contratista”. Tanto las centrales nucleares como todo el sistema eléctrico deben pasar nuevamente a la órbita del Estado pero bajo control de los trabajadores y profesionales.







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