Economía

AUDIENCIA PÚBLICA Y GOLPE AL BOLSILLO

Tarifazo del gas: ¿qué sueldos aumentarán un 1.200 % en los próximos tres años?

Aranguren sigue negándose a informar el valor real del gas, pero el próximo viernes avanzará en su plan de fijar aumentos escalonados que superarán un promedio anual del 400% hasta octubre del 2019

Lautaro Jimenez

@LautaroJ_PTS

Jueves 15 de septiembre de 2016 | Edición del día

Buscando dar cumplimiento “formal” a la sentencia de la Corte Suprema, el gobierno nacional prepara una audiencia pública en Capital Federal y “teleconferencias” en algunas ciudades del interior, para blanquear un nuevo cuadro tarifario de gas. El rol que cumplen estas audiencias es sumamente limitado, no tienen un carácter vinculante por lo que las autoridades pueden definir luego el aumento tarifario que consideren, aun cuando en la audiencia sea mayoritario un rechazo a esta iniciativa. El sentido de su realización significa sin embargo, reconocer a los usuarios el derecho mínimo a ser escuchados e informados apropiadamente de los costos del servicio público por el que pagan. Realmente, lo que se dice un derecho mínimo. Pero el gobierno nacional se niega a cumplir incluso estas cuestiones elementales. En primer lugar porque las audiencias deberían hacerse en cada Ciudad para que los usuarios puedan interpelar tanto a los funcionarios nacionales como a las distribuidoras (que son distintas en cada región). En segundo lugar porque el ejecutivo le niega a los usuarios una información fundamental: cuánto cuesta el gas que ingresa al sistema de transporte y distribución.

Por ello en Mendoza no podremos preguntarle a Ecogas por qué no invirtió un centavo de los subsidios millonarios que les dio el ministro De Vido durante el kirchnerismo, y ellos negaron en la Legislatura provincial. Tampoco se podrá profundizar sobre los problemas propios de la región; su geomorfología climática, ni la problemática social. Como señalamos desde el FIT, esto se podría haber realizado con la simple predisposición “su majestad” a escuchar a los ciudadanos afectados participando, a través de sus cientos de funcionarios con sueldos de gerentes, en audiencias públicas reales en todas las grandes ciudades del país. Pero, en tiempos en los que el “partido judicial” juega fuerte y los tarifazos necesitan también ocultar información peligrosa para los funcionarios, parece que cualquier tipo de audiencia -hasta las no vinculantes- incomodan.

De acuerdo al marco legislativo neoliberal que mantuvo la década kirchnerista, el Enargas y las empresas distribuidoras como Ecogas sólo negocian los términos de sus contratos con el Ejecutivo. Pero como sabemos, hoy en el Ejecutivo y el “ente regulador” están dos representantes directos de las empresas: los CEO Aranguren (CEO y accionista de Shell) y Tezanos (CEO de Metrogas y accionista de YPF Gas), el Estado de conjunto es atendido por sus propios dueños. Aunque la “ceocracia” no es patrimonio exclusivo del macrismo; los mendocinos no podemos olvidar los gabinetes energéticos del Frente para la Victoria con los ex gerentes de Marcos Zandomeni (Pluspetrol) y Pedro Américo Sanchez que venía de ser gerente de la vaciadora Repsol en Bolivia, donde la suerte le había deparado estar acusado y detenido por contrabando. Estos funcionarios fueron los que manejaron el millonario negociado de renovación de las licitaciones de áreas petroleras provinciales, hoy judicializado. Una verdadera cátedra de lo que se llama “ética pública”.

El gas y otras fuentes de energía, agua y saneamiento son bienes enajenados a la Nación por sus gobiernos y que estas empresas le “venden” a la población a precios que ellos denominan “de mercado”. Una verdadera falacia, ya que en tal “mercado” sólo una empresa monopólica es la que puede concurrir. Cuando se presenta el problema que semejantes tarifas resultan impagables para la población, el “marco regulatorio” sólo permite que el propio Estado destine “subsidios” a estas empresas para pagarle a las mismas la “diferencia” entre este precio y lo que el usuario paga en sus boletas. Los subsidios que otorga el Estado nacional, salen de sus finanzas formadas mayoritariamente por los impuestos que paga el pueblo trabajador. El resultado es siempre el mismo, las empresas siempre ganan, como en este caso porque ningún sueldo aumentará 1200% como si lo hará la tarifa del gas.

Cuando se trata de invertir, estas empresas extorsionan con lo mismo: sino aumento las tarifas no lo puedo hacer. Ecogas por ejemplo, aunque logró que se dispare el valor de sus acciones con los anuncios del tarifazo, aclaró firmemente que no iba a realizar ninguna inversión con los nuevos valores tarifarios. Son empresas particulares, que se capitalizan no sólo con el trabajo asalariado robado a sus propios empleados, sino también expoliando directamente los ingresos y tributos estatales de la población enajenada de estos recursos, a través de una papeleta bimestral que concluye siempre igual: “evite cortes”. Al ser un servicio monopólico en el que no existe ningún tipo de competencia, donde el Estado no garantiza que el servicio se preste como corresponde, sino que siempre a las empresas se les pague el precio que quieren, de una u otra forma, “invertir” no aumenta de ninguna forma las ganancias y por ende es algo que no llega, salvo que sea a cambio de nuevos contratos leoninos. Aunque sus acciones se valoricen más, aunque reciban más subsidios y cobren tarifas más caras, las inversiones no saldrán jamás de estos ingresos, las mismas sólo se financian con el bolsillo de los propios usuarios. Son empresas completamente parasitarias, cuyo único fin es desangrar a la población trabajadora.

Frente a esto, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, presentaron un proyecto de Ley de nacionalización integral del petróleo y el gas, que termine con este verdadero saqueo, y un pedido de suspensión de cualquier tipo de aumento tarifario hasta tanto se publiquen las cuentas de las empresas de servicios públicos, y se esclarezcan las cuentas de estas empresas con sus verdaderos costos, ganancias y el destino de los millonarios subsidios recibidos por más de una décadas. ¿Se invirtieron? ¿Están en paraísos fiscales? ¿En algún convento? En el país del “honestismo”, la “herencia recibida” es de lo último de lo que realmente se quiere hablar, probablemente porque sólo podrían hacerlo en los términos del Código Penal.







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