DERECHO AL ABORTO LEGAL

Tucumán: pañuelazo en el hospital Avellaneda

Fue para rechazar las medidas persecutorias y judiciales a una médica que garantizó una interrupción voluntaria del embarazo a una niña de 11 años abusada.

Jueves 12 de julio | 15:30

En la mañana de hoy, mujeres y organizaciones se convocaron frente al hospital Avellaneda para realizar un pañuelazo, como parte de las actividades por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El pañuelazo fue para rechazar la persecución por parte de la dirección del nosocomio y las versiones de una judicialización de la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña de 11 años abusada. La ILE su solicitada por la niña y su madre, la semana pasada.

Los sectores fundamentalistas, incluyendo a quienes pertenecen al sistema de salud pública, comenzaron una cadena contra la médica y también difundieron información de la niña. “Soy Miguel Melano, jefe del Departamento de Perinatología del hospital Avellaneda. El aborto que se hizo hoy en el Avellaneda fue sin nuestro conocimiento, en otro sector del hospital. Sistemáticamente nos negamos en el pasado, presente y futuro a realizarlos”, señalaba una cadena enviada por Whatsapp.

Luego comenzaron las versiones de una investigación abierta por la fiscala Adriana Giannoni, que luego fue desmentida. Las acusaciones caen por su propio peso, ya que la ILE está contemplada en la ley desde 1921 y hay antecedentes de denuncias archivadas por ser inconducentes. No obstante, es el modus operandi de los sectores oscurantistas para amedrentar y obstaculizar el cumplimiento de la legislación.

Esta obstaculización es compartido desde los directivos de los hospitales que permiten el accionar de los sectores oscurantistas y también por los responsables políticos. El gobierno de Tucumán no refrendó el protocolo para la intervención en abortos no punibles realizado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2010. En 2013, cuando los sectores fundamentalistas presionaban para que una niña de 11 años violada no acceda a una ILE, el oficialismo señalaba que no se trataría en la Legislatura. "Hablamos con el arzobispo y con el ministro Yedlin (en la cartera de Salud en ese momento, NdR). El tema no se tratará en el cuerpo", afirmaba la legisladora Adriana Nájar. Ese espíritu es compartido por la oposición, como la actual senadora Silvia Elías de Pérez (Cambiemos) que realizó presentaciones judiciales.

En el hospital Avellaneda también ocurrió el caso de Belén, quien concurrió al nosocomio por una hemorragia y un dolor en el abdomen. Del hospital Avellaneda fue al penal de mujeres, acusada por homicidio, durante 900 días hasta que la justicia la absolvió y fue liberada, tras una intensa lucha del movimiento de mujeres.

El accionar de los grupos fundamentalistas cuenta con, al menos, el campo de acción libre por parte de los directivos. Bajo la campaña “No cuenten conmigo” se han manifestado profesionales que abiertamente atacan la posible sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo pero también arremeten contra la legislación ya existente. Bajo una supuesta “objeción de conciencia” castigan desde su lugar de poder en la salud pública a las mujeres por sus decisiones, anteponiendo creencias individuales por sobre la salud y la vida de las mujeres. Esto tiene un respaldo político, basta con tomar las declaraciones de la ministra de Salud, Rossana Chahla, y del gobernador, Juan Manzur, contra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En las acciones de los grupos oscurantistas también interviene el lobby clerical, que escatima en instancias para atacar el derecho de las mujeres a decidir.

Frente a los ataques, el movimiento de mujeres deben organizarse para llegar fortalecido al 8 de agosto, cuando el Senado discuta la media sanción que falta para que el aborto legal, seguro y gratuito sea ley.







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