Política

JUJUY

Un día de furia del Gobierno policíaco de Morales y el massista Haquim

Balas de gomas y gases a los obreros del Ingenio Ledesma. Nuevas detenciones contra dirigentes opositores son parte del combo represivo del Gobierno.

Alejandro Vilca

Diputado PTS/FIT Jujuy | @vilcalejandro

Viernes 15 de julio de 2016 | Edición del día

En la jornada de ayer a tempranas horas de la mañana las fuerzas policiales descargaron la represión sobre los trabajadores del Ingenio Ledesma.

Fue una batalla campal a partir de las balas de gomas y los gases lacrimógenos que los efectivos policiales dispararon al cuerpo de los obreros que habían iniciado un paro a las 5:00 am.

Una medida de fuerza por tiempo indeterminado que fue votada en una multitudinaria asamblea de 800 trabajadores el miércoles (13) en las instalaciones del sindicato azucarero (S.O.E.A.I.L).

“Nos hicieron una acribillada contra un grupo de 80 compañeros que quedaron dentro del predio fabril”, denunció el Secretario General del Sindicato, Rafael Vargas.

Las imágenes de las heridas de bala en los cuerpos de los obreros son elocuentes de la brutalidad policial. Nos hacen recordar a Cresta Roja o a los obreros autopartistas de Lear que enfrentaron 14 represiones de la gendarmería en 2014.

Así responde la policía de infantería del gobierno de Gerardo Morales y su vice el massista Carlos Haquim, a quienes producen con su trabajo el azúcar que endulza las mesa de las familias en todo el país y en el mundo.

El responsable de prensa de la empresa propiedad de la familia oligárquica Blaquier, Ignacio Duelo, dejó en claro el rol de las fuerzas policiales defendiendo los intereses privados de los empresarios.

Duelo afirmó que la policía desplegó "un cordón preventivo para que (los huelguistas) no ingresaran a propiedad privada", es decir, a las instalaciones de la planta industrial del ingenio donde trabajan.

Hubo decenas de heridos por la represión y una fuerte militarización del predio fabril. Pese a ello, la medida de fuerza continúa con paro y corte de la ruta 34, en reclamo de paritarias y mejoras en las condiciones laborales.

Soldados del genocida Blaquier

La orden represiva estuvo a cargo del fiscal Ernesto Resúa desde los Tribunales de San Pedro, que cuentan con una larga trayectoria de autorizar el accionar policial contra los trabajadores.

Desde la llegada del Frente Cambia Jujuy al gobierno armó una mayoría automática en la Justicia, igual que la Corte menemista, con la cual instauró un régimen de persecución policial como afirman desde el PTS en el Frente de Izquierda.

Por su parte, el Secretario de Comunicación del Gobierno, Raúl García Goyena, tergiversando los hechos afirma que “los manifestantes ingresaron a la planta (Ingenio Ledesma) por la fuerza, violentaron a los policías y estos se defendieron”, pero en un dejo de verdad (patronal) reiteró y manifestó que “el método de la violencia en Argentina se tiene que acabar”.

La represión sobre los obreros azucareros sería la primera en el haber del gobierno que tras la detención de Milagro Sala, justificó la persecución a los trabajadores combativos con un sin fin de medidas que avasallan los derechos democráticos más elementales.

Listas negras para despedir a activistas y delegadas de la Secretaría de Agricultura Familiar, causas penales a dirigentes y delegados de Aceros Zapla, en Ingenio La Esperanza suspendieron a 17 trabajadores y abrieron causas penales sobre 9. Detuvieron con causas penales a dirigentes del SEOM-Jujuy, liberados tras 10 días de arresto, entre otros casos.

Durante el día de ayer, también fue detenido Raúl Noro, el marido de Milagro Sala, tras declarar en una causa por desvío de fondos públicos. La carátula es “fraude a la administración pública y extorsión”, una figura que se complementa con la de “asociación ilícita”, afirman sus abogados.

Ese mismo día, el ex gobernador Eduardo Fellner, fue a declarar por otra causa vinculada al manejo de fondos públicos y, sin embargo, mantuvo su libertad a diferencia de quienes son opositores.

La figura de la “asociación ilícita” data del Código Penal de 1921 y fue implementada para detener y quebrar los levantamientos obreros de la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde; y en 1974, ante el ascenso de la lucha de clases iniciada con el Cordobazo, esta figura recibió un endurecimiento de las penas.

Pero la represión no es exclusiva de los gobiernos de Cambiemos; también las gobernadoras del FPV ordenaron brutales represiones a los estatales y detenciones por parte de las gobernadoras de Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Se trata de un cuerpo de jueces, funcionarios y policías que complota contra la clase trabajadora, bajo las órdenes del ajuste que exigen los empresarios.

En el caso de Jujuy expresa descarnadamente una profunda revancha de la clase empresarial y terrateniente.

Los mismos que se la llevaron con pala (como afirmó Cristina), como el genocida Blaquier, sobre quién existe la denuncia de haber detenido a 400 trabajadores y haber desaparecido a 33 utilizando las camiones de la empresa conducidos por el ejército en julio de 1976.

A pesar que pasaron 40 años de estos aberrantes crímenes de lesa humanidad los gobiernos radicales y peronistas siguen firmes como soldados de las patronales.







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