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Un femicidio por día en diciembre: el Estado y sus instituciones son responsables

Diciembre termina con un dato alarmante: una mujer por día murió víctima de femicidio en el país. La mayoría de ellas había denunciado la situación en que se encontraba. Según último informe de Correpi, hubo además 381 femicidios cometidos por las fuerzas de seguridad. La responsabilidad estatal.

Sol Bajar

Editora de Géneros y sexualidades | @Sol_Bajar

Lunes 30 de diciembre de 2019 | 11:59

En Argentina, por decisión estatal, no existen cifras oficiales del alcance que tiene la violencia machista y una de sus expresiones más crudas, los femicidios.

Sin embargo, llegado diciembre, organizaciones que se dedican a denunciar lo que el Estado calla, como Correpi, dieron datos alarmantes. ONG’s como La Casa del Encuentro o el propio Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, vinculado al nuevo oficialismo, también aportan datos en estos últimos días de 2019.

Se trata, en parte, y quizá, de poner en agenda lo que en el fondo es un reclamo de justicia de cada familia, de cada amigue, y también de cada mujer, de cada persona disidente, de cada trans y travesti que abrazó la causa que hace 5 años, en 2015, puso en las calles una demanda elemental: basta de crímenes de odio, basta de femicidios. El reclamo de Ni Una Menos y Vivas nos queremos. La denuncia a la responsabilidad estatal. Por que no. No se trata simplemente de un asunto privado.

  • Una mujer por día. Según datos del Observatorio de las Violencias de Género, en los primeros 28 días de diciembre hubo al menos 30 mujeres asesinadas por el sólo hecho de serlo. Al menos una mujer por día. Un femicidio cada 22 horas. A fines de noviembre, el Observatorio había publicado un informe que decía que había habido 297 femicidios en los primeros once meses de 2019: el 63% cometidos por parejas o ex, 267 niños y niñas que se quedaron sin sus madres. Una mujer asesinada cada 27 horas. Con los datos de diciembre sumarían 327.

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  • Femicidios de uniforme. La Coordinadora Contra la Represión Institucional (Correpi), por su parte, aportó en estos días otro dato. Según la organización, sobre un total de 647 víctimas mujeres, travestis y mujeres trans, desde 1992 a esta parte fueron asesinadas al menos 381 mujeres a manos de integrantes del aparato represivo del Estado . El "Informe de la situación represiva nacional" que elaboró la organización sostiene al respecto que esto convierte a los "femicidios de uniforme" en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.
  • Licencia estatal. El informe de Correpi también advierte que hasta fines de 2019, 1 de cada 5 mujeres asesinadas en un contexto de violencia de género fue víctima a la vez de la violencia estatal, encarnada generalmente en las armas reglamentaria que los uniformados usan como usan en la calle, ante cada caso de gatillo fácil policial. Las armas que pone en sus manos el Estado, para proteger su propio régimen social, que también, quiérase o no, incluye esto: la licencia para matar por portación de cara, por pertenencia de género, por el poder que otorga la impunidad con la que funciona esa institución estatal.
  • ¿Cuestión de género? Correpi advierte que desde que comenzó a elaborar el "Archivo de casos", la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con fuerte componente de control social, corresponde a varones, especialmente jóvenes. “Sin embargo advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal", señala el informe. De los 381 casos, el 87 por ciento fue cometido intrafuerza de seguridad o por alguien del entorno familiar.
  • Femicidios vinculados. Según el informe de Correpi, del esos 381 casos, al menos 44 fueron femicidios vinculados, es decir, de hijes u otres familiares o personas cercanas "a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas."

Los datos, sin embargo, se desprenden solamente del análisis de los diarios, del seguimiento de medios locales, regionales, nacionales. Igual que sucede con las cifras que construimos acerca de las muertes, internaciones y consecuencias para la salud que acarrea la práctica insegura del aborto clandestino. Números que se invisibilizan sin dudas intencionalmente, desde el propio Estado. Cifras que "no importan", porque la prioridad es otra. Ya lo denunciaba el movimiento de mujeres cuando el ex ministro de Salud Juan Manzur dibujaba literalmente las estadísticas de mortalidad infantil haciéndolas pasar por "muertes fetales".

Pero, decíamos, no se trata de simples números. Se trata de vidas, y en cada vida, se trata de la vida de todas, porque la violencia machista es un flagelo que con múltiples expresiones se sigue reproduciendo y el mensaje de impunidad estatal, se profundiza, porque ya van cinco años de nuestro primer Ni Una Menos, de la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), de los carteles en las bancas del Congreso y el Senado, de los dinosaurios "compungidos" por Lucía, por Ángeles, por Chiara, por Micaela, pero esa violencia no cesa, porque en su continuidad también se esconde el "orden" que necesita este régimen social, capitalista y patriarcal.

"Seguimos viendo sentencias gravísimas, como la de Lucía Pérez, con argumentaciones estigmatizantes, y el foco puesto en la mujer asesinada y no en la responsabilidad de los autores", dice. La especialista de la UFEM agrega además otra reflexión: "no es lo mismo saber que las mujeres son asesinadas por sus parejas que tener cuantificado que son asesinadas en circunstancias de trata o narcotráfico. El despliegue de recursos del Estado para combatir uno u otro escenario es distinto".

Los datos de Correpi parecen ponerlo en cuestión. Mientras el "despliegue" de los funcionarios, gobiernos y poderes del Estado sólo garantiza la continuidad del "negocio" de la esclavitud y la explotación sexual de las mujeres, así como del multimillonario negocio del narcotráfico, buena parte de las víctimas de femicidio han muerto a manos de agentes de las fuerzas represivas, muchas veces siendo éstos sus parejas o ex parejas. ¿Mera casualidad? Dudoso. La impunidad con la que actúan los poderes del Estado sólo garantizan la construcción de más impunidad.

El Estado y sus instituciones: responsables

En 2015, en el último año de mandato de Cristina Fernández, se estimaba que al menos una mujer moría víctima de femicidio cada 30 horas en el país. Hoy se estima que eso sucede cada 28. Esa realidad, que es sólo la manifestación última de una violencia que tiene distintas expresiones, como reconoce la propia ley de violencia contra las mujeres (2006), es parte de lo que ningún gobierno se ha propuesto transformar de manera estructural. Lo muestran el promedio de dos refugios por provincia que hay en la actualidad, mientras la crisis y el ajuste golpean a las que menos tienen para salir de la situación en que se encuentran.

Pero eso que no quiso hacer ningún gobierno, es también lo que no quiso debatir ninguna de las cámaras del Congreso Nacional, con el aval que dieron a esa negativa los partidos mayoritarios: el macrismo y el peronismo, en todas sus variantes.

La creación de ministerios con nombres apropiados a la época, la sanción de algunas leyes, como la que propone diversas nominaciones para prevenir la violencia machista, o la que establece la capacitación en género de todos los poderes del Estado, que arrancamos con nuestra lucha en las calles, sin embargo, no es suficiente. Tampoco lo es el anuncio de nombramientos, deseos, proyecciones. Para paliar al menos la situación de violencia que viven miles de mujeres, se necesita que se garanticen mínimamente algunas medidas básicas, elementales, que permitan a las mujeres salir de la situación en que se encuentran.

Refugios, casas y créditos para las mujeres que menos tienen; acceso al trabajo, a las licencias laborales, a un sueldo que al menos sea igual al costo de la canasta básica familiar; el derecho a que se garanticen las leyes que deberían asistir a las mujeres y a sus hijes, como la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que fue sancionada en 2009 pero sigue sin contar siquiera con el presupuesto necesario para que se aplique. Reclamos urgentes que en todos estos años han llevado a las calles miles de mujeres, por cada una, y por todas.

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