Política

Un represor “amigo” de Gerardo Martínez va a prisión

Detuvieron al teniente coronel retirado Roberto Gordillo. Se desempeñaba como especialista en el área de Inteligencia en Tucumán, bajo las órdenes de Antonio Bussi en 1976. Fue detenido por orden del juez Federal Daniel Bejas.

Martes 7 de octubre de 2014 | Edición del día

Durante los años de plomo Roberto Gordillo se desempeñó como Jefe del Grupo de Interrogadores en Tucumán, fue detenido el 3 de octubre por una orden de captura del juez Bejas, acusado por delitos de lesa humanidad.

Los vínculos de ayer y de hoy de Gordillo

El 1976 la provincia estaba bajo las órdenes del general Antonio Bussi, actualmente condenado a prisión por delitos de lesa humanidad. Gordillo actuó como represor en esos años sangrientos. Pertenecía al arma de Ingenieros. El actual jefe del Ejército, general César Milani, en esos años, cuando prestaba servicio en Tucumán, también desempeñaba sus tareas militares en el arma de Ingenieros. El entonces jefe de Milani, coronel Esteban Sanguinetti, está detenido, imputado por la desaparición durante la dictadura del soldado Alberto Ledo. El Ejército lo calificó como “desertor”, según figura en el sumario que instruyó hace 37 años el actual jefe del Ejército, general César Milani, quien hasta el momento no está imputado en la causa judicial, amparado por sus vínculos con el gobierno. Ledo era el asistente de Milani antes de que lo desaparecieran.

Otro de los vínculos estrechos de Gordillo es con el actual jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez. Tejieron una amistad desde los años de la dictadura y esto permitió que Gordillo recomiende la incorporación de Martínez al Batallón 601, donde él mismo cumplía funciones. Por esta participación como espía Martínez fue procesado, pero recientemente fue sobreseído por el juez Ariel Lijo, quien dijo que no encontró prueba para condenarlo en la causa en la que estaba imputado por pertenecer al Batallón 601 de Inteligencia.

El jefe de la UOCRA

Martínez nunca trabajó en la construcción, pero está en el gremio desde sus 22 años, y desde 1990 dirige el gremio de los albañiles. En 1978 Gerardo Martínez conoció al teniente coronel Pedro Armando Coria, fueron presentado en una de las oficinas de la UOCRA. Con 22 años, Gerardo Martínez nunca había trabajado de albañil, como tampoco lo hizo después.

El interventor fue parte de la represión militar en el “Operativo Independencia”, en Tucumán. Cuando Coria llegó como interventor del gremio fue para perseguir a los “disidentes”. En ese marco se inscribe la vinculación de Gerardo Martínez con la UOCRA en 1978.

En forma simultánea a sus “funciones” en la UOCRA, Martínez integraba el Batallón de Inteligencia 601, como Personal Civil de Inteligencia (PCI). Hasta el propio juez Lijo sostuvo que Batallón 601 era “un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad”, una buena denuncia pero cínica de alguien que tenía la posibilidad de condenar a uno de sus integrantes.

Gerardo Martínez queda impune y si los querellantes no aportan hasta la última prueba la investigación no avanza. Esto quedó demostrado en esta causa y el reclamo es que es la justicia quien debe investigar a fondo. Porque qué otra cosa podía hacer Martínez como agente civil en la dictadura sino marcar y entregar trabajadores, siendo que era nada menos que Agente de Reunión en el Ámbito Gremial del Destacamento de Inteligencia 201, dependiente del Batallón 601.

Terminar con el espionaje

A 31 años de gobiernos constitucionales, todavía rigen leyes de la dictadura que permite el espionaje. Tan grave como esto es el hecho que no sólo no han sido condenados todos los responsables del genocidio cometido por la última dictadura militar, sino que esos personeros siguen en actividad. El actual represor detenido, Roberto Gordillo, quien formó parte del Batallón 601 de Inteligencia durante la dictadura, integró la SIDE hasta el 2005. Actualmente la Gendarmería está acusada en la causa llamada Proyecto X por espiar a trabajadores de la alimenticia Kraft y de otras empresas, y en el marco de una lucha por derechos laborales. Un espionaje ilegal porque lo prohíben las leyes de seguridad interior. Recientemente se conoció que a pesar de esta denuncia la Gendarmería continúo realizando estas actividades, esta vez en el marco de la lucha de los obreros y obreras de Lear. El caso, que tuvo repercusión internacional, se conoció como gendarme “carancho”, y llevó a que el infiltrado Coronel Roberto Ángel Galeano sea despedido por realizar tareas de espionaje.

Otra denuncia que tuvo alto impacto entre las organizaciones sociales es cuando se conoció la infiltración del agente secreto de la Policía Federal Argentina, Américo Balbuena, en la Agencia de Comunicaciones Rodolfo Walsh y desde allí entablando relaciones con gremios y referentes políticos y sociales.

Por este motivo el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS/FIT), impulsa en el Congreso nacional un proyecto de ley que propone derogar los decretos secretos que instituyeron y reglamentaron el espionaje de la Policía Federal. Se trata del Decreto Ley 9.021/63 que instituye el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina y su decreto reglamentario 2.322/67. Ambos decretos están vigentes en la actualidad y son los que dan un “marco legal” al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina, cuya función es el espionaje político.

El objetivo de este proyecto de ley, señaló Del Caño, es “terminar con toda normativa secreta heredada de dictaduras pasadas pero que conservan su vigencia y, lo que es más grave, que permiten que continúen funcionando los organismos de espionaje político”.







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