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Un sistema de salud en crisis

El Gobierno paga la deuda externa, mientras los hospitales públicos del país carecen de insumos y los profesionales de la salud reciben sueldos paupérrimos. Si se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo, encuentra a la salud pública destruida, mientras nueve importantes clínicas se niegan a realizar esta práctica médica. ¿Qué hacer frente a esta situación?

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Sábado 23 de junio | Edición del día

La revista The Lancet publicó una evaluación sobre el sistema de salud de 195 países. En la investigación se constató que los índices de Acceso y Calidad a la Atención Médica de Argentina se acercan a los de algunos países de África, que se encuentran entre los peores del mundo. Establecieron estos índices a partir de las tasas de mortalidad de 30 enfermedades curables.

Desde que asumió Mauricio Macri se redujo el ya magro presupuesto para salud. Durante el gobierno kirchneristas la inversión en salud pública llegó al 2,4 %, pero los hospitales se fueron deteriorando aun más. Cambiemos profundizó el ajuste en el presupuesto.

En 2016 lo bajó a un 1,94 % del total presupuestado. La cartera de Salud recibió en 2017 $49.453 millones, mientras que para 2018 destinaron $56.486 millones, lo cual significa que en términos nominales tendrá un 14 % más, pero la variación real -si se toma la estimación del Gobierno de inflación promedio del 15,7 %- arroja un negativo de más de 1 %.

Sin embargo esta caída en el gasto real en salud es aún mayor. Los economistas ya anuncian que el 15,7 % de inflación proyectada para este año es irreal, y que con los tarifazos y la devaluación va a superar el 25 % anual.

Además, durante el gobierno de Cambiemos, se conocieron denuncias de subejecución del Presupuesto 2016. Al 25 de diciembre de 2016, última actualización de la ejecución presupuestaria, Salud sólo había usado el 83,91 % del monto total asignado. Es decir que prescindió de casi $7.400 millones, pese a que se trata de un área donde hospitales y otros centros de salud de todo el país reclaman partidas para cubrir faltantes de equipos e insumos básicos para atender a sus pacientes.

Esta subejecución se da cuando al menos 14 millones de personas no cuentan con ningún tipo de obra social o plan de salud y no tienen otra alternativa que asistir al sector público.

Según el último censo del INDEC, realizado en 2010, el 46 % de la población tiene obra social; un 16 %, algún tipo de prepaga; un 2%, cobertura por un programa o plan estatal de salud, y un 36 % no cuenta con nada de eso.

En el norte del país es donde hay mayor desigualdad en el acceso al sistema de salud, donde más de la mitad de la población no tiene ningún tipo de cobertura médica. En tanto que en la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut al menos 7 de cada 10 habitantes tienen una cobertura de salud. Todas las demás provincias oscilan entre 40 y 30 por ciento de la población sin cobertura.

Por otro lado, a lo largo del país, los sueldos estatales de los profesionales médicos son muy bajos, mientras los hospitales se encuentran saturados, con falta de personal médico y no médico e insumos.

Sumado a esto se encuentran los problemas edilicios de los hospitales en casi todo el país, además de la falta de aparotología diagnóstica fundamental, y en las principales ciudades del país no tienen hospitales de alta complejidad.

Acuerdo con el FMI, mayor ajuste en salud

Lo antes descripto, sobre cómo se encuentra el sistema de salud pública, es parte de un deterioro progresivo que se vienen profundizando por las políticas neoliberales recomendadas por el Banco Mundial y aplicadas obedientemente por el gobierno de Carlos Menem en los años 90. Ningún gobierno que lo sucedió revirtió esta situación. La medicina privada fue la gran ganadora de estos planes.

El Gobierno de Mauricio Macri acaba de firmar un acuerdo con el FMI donde se comprometió a bajar el déficit fiscal al 2,7 % del PBI, y a 1,3 para el próximo año. La reducción fiscal que se proponen implica bajar el presupuesto a costa de reducir las partidas para salud, educación y otros servicios esenciales que el Gobierno considera un gasto.

Estos recortes presupuestarios, junto a los despidos, donde miles de familias se quedan sin cobertura médica, empeorará la dramática situación que ya se vive en el sistema de salud.

Mientras, los empresarios de la medicina privada cada vez acumulan más ganancias, incrementando las cuotas de las prepagas. Ellos no solo lucran a costa de la salud de millones de personas que no tienen otra alternativa que afiliarse, haciendo un gran esfuerzo económico, a estas empresas, sino que además se permiten anunciar que si se aprueba ley de interrupción voluntaria del embarazo, arrancada por la movilización incesante de mujeres, no realizarán esta práctica médica.

Nueve de las más prestigiosas clínicas de Buenos Aires (la casa de San Juan de Dios de Ramos Mejía, la Clínica San Camilo, el Hospital Universitario Austral, la Orden Hospitalaria de San Juan, la Clínica Bazterrica, la Santa Isabel, el sanatorio Mater Dei, la Clínica del Sol y el reconocido FLENI) enviaron un comunicado donde se permiten cuestionar la media sanción aprobada en la Cámara Baja y además exigen el respeto a la objeción de conciencia y el ideario institucional.

“Nos unimos a la voz de todos los que vienen pidiendo que se proteja integralmente la vida y, en su caso, abogamos por una legislación que respete la objeción de conciencia individual e institucional, que respete la libertad de pensar y de creer, de asociarse y de trabajar, de cuidar y de curar, de salvar y de sanar, sin que se corra el riesgo de prisión, de inhabilitación o de clausura por actuar de acuerdo a su propia conciencia e ideario”, expresaron en el comunicado.

Por eso junto a la lucha por el derecho elemental a la interrupción voluntaria del embarazo, debemos reclamar en cada asamblea, pañuelazo y actividad que realizamos por este demanda, el aumento al presupuesto a la salud pública para garantizar que los hospitales estén en condiciones adecuadas para asistir a toda la población.

Como salida de fondo hay que pelear por un sistema de salud único, gratuito y de calidad, basada en la liquidación del sistema privado y la integración de un sistema de hospitales y centros de salud públicos, que funcione controlado por los trabajadores y usuarios, financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Las obras sociales, con las que se enriquecen los burócratas sindicales, debe estar bajo control democrático de comités de trabajadores. Hacia la centralización progresiva en un sistema único.

Además de la nacionalización sin pago de los laboratorios que lucran con la salud. Por la provisión de medicamentos gratuitos en hospitales y centros de salud.

Estas son medidas elementales para obtener una salud de calidad para la población, y mejores condiciones de trabajo y salariales para los profesionales de la salud. Junto a la eliminación del trabajo precario y jornada de trabajo de 6 horas, eliminación de módulos, con un salario como mínimo igual a la canasta familiar.







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