Política

COLUMNISTA INVITADO

Unidad 9 de La Plata: coimas y el primer cadáver de una interna policial

Crónica sobre el caso de Federico Jurado, uno de los siete oficiales dentro de la fuerza que encarcelaron por la "causa de los sobres".

Martes 24 de enero de 2017 | Edición del día

De acuerdo al criterio engañoso de los voceros oficiales, el caso del comisario preso Federico Jurado, cuyo cadáver fue descubierto durante la mañana del 19 de enero sobre el camastro de su celda en la Unidad 9, de La Plata, bien podría haber merecido la siguiente carátula: “Muerte súbita en el cumplimiento del deber”. Ese hombre –procesado con otros ocho comisarios de La Bonaerense por el affaire de los sobres con dinero en la Jefatura Departamental platense– culminó de tal modo su decimotercera jornada en dicha cárcel.

Una situación muy normal, dieron a entender, casi al unísono, el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, y el fiscal que instruye la causa, Marcelo Martini. El primero, dijo: “Acá no hubo nada irregular”. El segundo: “Parece que fue un paro cardíaco”. Ambos chorreaban confianza en que la autopsia avalaría sus apreciaciones. No fue tan así; en el informe preliminar de los forenses se desliza la sombra de un crimen. Su conclusión final: “Síndrome asfíctico con edema agudo de pulmón hemorrágico”. En buen romance, el desafortunado policía se “tragó” su almohada.

Se trata de un notable contratiempo en el expediente judicial más resonante de la –presunta– cruzada macrista contra la corrupción en La Bonaerense. Una pesquisa adquirida “llave en mano” –a instancias del señor Ritondo– por la gobernadora María Eugenia Vidal, sin haber aún reparado que en sus entrañas se dirime una guerra secreta entre sectores policiales en pugna por espacios de poder. A todas luces, una historia digna de ser reconstruida.

La estrategia de la tensión

Para comprender esta trama, conviene retroceder a diciembre de 2015. Ya se sabe que la llegada de Vidal al primer despacho de La Plata fue para ella y su equipo algo tan sorpresivo que no hubo tiempo para diseñar debidamente una política hacia la fuerza de seguridad más díscola del país. En consecuencia, la solución fue recurrir a la “herencia recibida”.

Es decir, las nuevas autoridades resolvieron servirse de la estructura policíaca dejada por la gestión anterior. Es ahí donde emerge la señera figura del comisario Pablo Bressi, entronizado en reemplazo (por razones jubilatorias) del poderoso jefe saliente, Hugo Matzkin, de quien era su delfín. En aquel momento, ni Vidal ni Ritondo imaginaron que acababan de dar un salto al vacío.

Lo cierto es que ese continuismo ofuscó de sobremanera a los “porongas” de otras líneas del comisariato que habían cifrado en el cambio de gobierno sus ilusiones por acariciar la cima de la repartición. Entre los heridos resalta el aún hoy influyente ex jefe de Investigaciones, Néstor Larrauri, pasado a retiro con su lugarteniente, el ex jefe de la DDI de Quílmes, Roberto Di Rosa.

La suerte también les fue esquiva a dos jefes que reportaban directamente al ex ministro Alejandro Granados: el de la Zona Oeste, Carlos Grecco –de fugaz notoriedad por encubrir en 2008 a los secuestradores del joven Leonardo Bergara– y el de Delitos Complejos, Marcelo Chebriau, entre cuyas hazañas se destaca el haber malogrado de manera intencional la pesquisa por el crimen de la niña Candela Sol Rodríguez.

A partir de entonces, la animosidad hacia el Poder Ejecutivo de los sectores policiales disconformes se hizo sentir con un prolijo “gradualismo”. Primero, con bromas iniciáticas –como brindarle a Ritondo informaciones falsas para que las repitiera alegremente por TV–, luego, con la táctica de “poner palanca en boludo”, así como en la jerga canera se le dice al trabajo a reglamento.

En paralelo, estallaba en el Gran Buenos Aires una escalada de sugestivos delitos: secuestros exprés como el del fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, y el del ex diputado duhaldista –y actual dirigente del PRO– Osvaldo Mercuri, junto con asaltos como el ocurrido en la casa del intendente de La Plata, Julio Garró, y la vandálica incursión al hogar del ministro de Gobierno, Federico Salvai. Pura demostración de fuerza. Pero ningún cadáver había sido arrojado aún al escritorio de la Gobernadora.

Esta instancia en particular –se puede afirmar recién ahora por una cuestión de perspectiva– comenzó a gestarse de manera inadvertida en febrero del año pasado con los primeros signos fácticos del encono policial interno. A saber: una “batida” anónima que propició la escandalosa detención de tres oficiales muy afines a Bressi por dar protección a narcos en Esteban Echeverría. Y otra “batida” anónima sobre los hábitos y fechas distributivas de la recaudación en La Plata desde la Jefatura Departamental hacia sus destinatarios. Tal denuncia tuvo el propósito de enlodar el buen nombre del comisario Alberto Domsky, ex jefe de ese coto y hoy en la plana mayor de Bressi.

De modo que en los primeros días de abril fue allanada aquella sede policial, justo cuando allí había 36 sobres con 153 mil pesos. Dicho sea de paso, una suma exigua para un golpe bajo, porque –según los códigos de la fuerza– con la plata recaudada no se juega. Una ley no escrita que fue respetada hasta el instante de tal procedimiento, dispuesta por la jueza Marcela Garmendia por pedido del fiscal Martini.

El primer efecto del asunto fue el desplazamiento del jefe departamental, Darío Camerini, su segundo, Roberto Carballo, su jefe de calle, Ariel Huck, y su secretario, Walter Skramowskyj. Con posterioridad, fueron incluidos en el lote de implicados el titular de la comisaría Segunda de La Plata, Sebastián Velázquez, el de la Tercera, Sebastián Cuenca, el de la Sexta, Julio Sáenz, el de Villa Elisa, Raúl Frare, y el de Villa Ponsati, Federico Jurado. Todos ellos acusados por “asociación ilícita”. Seis meses después, Garmendia –también por pedido de Martini– ordenó la detención de los nueve uniformados. Corría el 30 de septiembre.

Ese día, Jurado inició la cuenta regresiva de su viaje al más allá.

La lección de anatomía

A las 7.00 de la mañana del 19 de enero, la muerte del comisario saltó a la luz –de acuerdo a la versión penitenciaria– durante el recuento de presos.

De inmediato, fue llamado a la Unidad 9 su defensor, Daniel Mazzocchini, quien llegó a tiempo como para ver el cadáver de Jurado sobre el camastro de la celda. Ese cuerpo inerte, tendido boca abajo, parecía dormir. A simple vista, un deceso natural, salvo por un detalle que a al abogado le llamó la atención: la cabeza de su cliente lucía –según sus palabras– “uniformemente cianótica”. Un signo del fallecimiento por asfixia.

En aquel sitio estrecho y húmedo había peritos de Gendarmería, un guardia y el compañero de encierro del difunto, un tipo acusado de homicidio. Poco antes, el fiscal Martini se había ido de allí. Era notable que instruyera la causa por la muerte del hombre que él mismo había enviado a la cárcel.

Tal vez, entonces, Mazzocchini reparara en esa circunstancia. Y también, en el empeño del funcionario judicial –compartido por la doctora Garmendia– por agravar la detención de los nueve policías, al disponer sus traslados desde la comisaría de El Pato –donde fueron inicialmente alojados– hacia esa unidad penal, pese a que allí –tal como consignan los hábeas corpus interpuestos– sus pellejos no valían un centavo. Sin embargo, tal mudanza fue avalada por la Sala V del Tribunal de Casación, con voto definitorio del doctor Jorge Celesia. Ahora los resultados estaban a la vista.

En tanto, Ritondo y Martini difundían ya la hipótesis incruenta del hecho.

Pero el viernes, el informe preliminar de la autopsia revirtió tal creencia. El estudio –firmado por las legistas María González Carranza y Andrea Sánchez, de la Asesoría Pericial de La Plata–, al establecer la asfixia “con edema agudo de pulmón”, sumó una serie de detalles coincidentes; los más significativos: bajo el cuero cabelludo, “un hematoma de 2,5 centímetros por 2 centímetros en la región frontotemporal izquierda, a 6 centímetros del pabellón auricular izquierdo y a 5 centímetros de la cola de la ceja” (compatible con un golpe); también por efecto de ese mismo golpe, “un hematoma de 3 centímetros en el párpado superior izquierdo”, y “tres improntas en la piel de forma semilunar (compatibles con yemas de dedos), y localizadas “a 4,5 centímetros por debajo del lóbulo de la oreja izquierda, a 3 centímetros por debajo de la anterior” y la restante, en “la parte lateral interna de esta última”. Aquellos datos bastan para reconstruir con exactitud la dinámica del asesinato. Todo indicaría que Jurado, –un hombre de 41 años, estatura media, corpulento y con 100 kilos de peso– recibió en su lecho un fuerte golpe en la sien, posiblemente cuando dormía, y antes de que lo tomaran por la nuca para así ser ahogado con la almohada.

Pero, increíblemente, las autoridades políticas y judiciales aún insisten con la teoría de la “muerte natural”.

En tren de especulaciones, resalta la siguiente conjetura: si el “soplo” de los sobres en la Departamental platense fue obra de alguna línea del comisariato enfrentada a Bressi, mantener a los detenidos con la boca cerrada es entonces su propio imperativo. Sin duda, una partida de ajedrez entre hienas.

Lo cierto es que la Gobernadora ya tiene en su escritorio el primer cadáver de la interna policial.

Mientras tanto, los ocho sobrevivientes están librados a su suerte.







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