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Vuelta a clases: un protocolo "burbuja" imposible de aplicar

El pasado 2 de julio se aprobó de manera unánime el documento “Protocolo Marco y Lineamientos Federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria”, en una reunión del Consejo Federal de Educación, que fue presidida por el ministro Nicolás Trotta.

María Díaz Reck

Docente y congresal de Suteba La Plata

Lunes 6 de julio | 00:56

Imagen:UAI

Las trabajadoras y los trabajadores de la educación, convidados de piedra

En esa reunión estuvieron presentes ministras y ministros de educación de las 24 provincias y los representantes de los sindicatos docentes: Roberto Baradel (SUTEBA), Eduardo López y Juan Monserrat (CTERA), y referentes de SADOP, UDA, AMET y CEA. Ninguna de las conducciones sindicales hizo una consulta, asamblea o reunión para discutir el protocolo con los miles de trabajadores/as de la educación de todo el país, que se pusieron al hombro la tarea de la continuidad pedagógica, con recursos propios, y un enorme esfuerzo. Hay una gran preocupación sobre en qué condiciones se volvería a las escuelas y quién va a garantizar los recursos para una vuelta a clases segura.

“El Protocolo Marco y los Lineamientos Federales establecen un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y salud y seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica”, expresa una nota publicada en la página del Ministerio de educación nacional.

A su vez se plantea la posibilidad de trabajar bajo un modelo “bimodal”, articulando tiempos de presencialidad y de no presencialidad: “Las instituciones asumirán formatos distintos que se caracterizarán por articular lo presencial con lo no presencial, abriendo el camino para el desarrollo de una “bimodalidad” que pueda dar respuesta a los requerimientos de las trayectorias educativas” se indica en el protocolo.

A lo largo del articulado del protocolo se anuncian las condiciones para la vuelta a clases: “Gestionar elementos de protección y limpieza, acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento mínimo entre las personas, proveer kits de limpieza” . “estrategia de burbuja”. A su vez en el punto 7 plantea que “Cada jurisdicción contará con un plan de revisión y adecuación de las instalaciones a fin de favorecer el cumplimiento de las medidas esenciales de seguridad, higiene y salud”. ¿Pero quién va a garantizar los elementos necesarios que exigen esos protocolos?

Años de desinversión en la educación pública

Hoy en las escuelas ni siquiera hay elementos de higiene para garantizar las condiciones para la distribución de alimentos a las familias, en las provincias en las que las escuelas están abiertas para ese servicio. El alcohol en gel y los guantes se los proveen los propios docentes y auxiliares que realizan estas tareas.

Es difícil de imaginar el cumplimiento de las condiciones planteadas en el “ Protocolo Marco” en las escuelas que conocemos, y que venimos denunciando desde hace años los problemas de infraestructura, hacinamiento, deficiencias estructurales, techos de que se caen y edificios sin agua.

Una realidad que recorre todo el país y es el resultado de decenas de años de desinversión en la educación pública.

Otra recomendación que está planteada es el “ distanciamiento mínimo de 2 metros entre todos los actores involucrados. (…) Esta distancia podrá reducirse a 1 metro y medio dentro del aula siempre y cuando se cumplan las medidas adicionales de uso permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos o el uso de alcohol en gel, ventilación y desinfección adecuada de las instalaciones”. La realidad de muchas escuelas antes de la pandemia era que ni siquiera había aulas suficientes para la matrícula y a lo largo y ancho del país se podían encontrar ejemplos de “escuelas pasillo” y “ aulas container. Nos preguntamos cómo se implementará el distanciamiento en estos casos.

En Mendoza el director general de escuelas José Thomas dejó una frase polémica que hizo estallar las redes: "a veces uno espera que haya un mega operativo de recuperación de las escuelas y a las escuelas sólo hay que limpiarlas". En redes y grupos de WhatsApp miles de trabajadores salieron a contestar estas declaraciones, asegurando que son muchas las falencias que hay en los edificios escolares.

En otras provincias como Jujuy, en las que se quiso adelantar el regreso parcial a las clases presenciales bajo el formato de “apoyo escolar”, se puso en riesgo a la comunidad educativa en medio de un rebrote de contagios por el que la provinicia tuvo que volver a Fase 1. Todos los docentes que estuvieron afectados al inicio del plan de apoyo escolar tuvieron que ser testeados y las escuelas no estaban en condiciones ni el gobierno provincial garantizó los elementos mínimos de bioseguridad. Dicho programa tuvo que suspenderse pero la ministra provincial ya anunció que en agosto volverán las clases presenciales cuando continúa la circulación de Covid 19 en la provincia.

Es necesario un aumento de presupuesto educativo

Hoy más que nunca es necesario un aumento de presupuesto educativo para poner en condiciones las escuelas y aumentos salariales para las y los trabajadores de la educación, que desde hace años sufren el desfinanciamiento educativo, gobierno tras gobierno.

Mientras se destinan millones para pagar una deuda ilegal e ilegítima y el gobierno subsidia mediante el programa ATP a grandes empresas privadas como Techint, Ledesma, entre otras, paga millonarios aportes a la educación privada y confesional vemos en nuestros barrios, en las escuelas, millones que tienen que subsistir con un IFE que es insuficiente o miles de docentes en todo el país que no pudieron tomar cargo porque suspendieron los actos públicos. Los gobernadores lo “remedian” con el plan PIEDAS de $10.000 o $16.000 en Buenos Aires, mientras que en la mayoría de las provincias no hay ningún tipo de subsidio y tampoco los docentes pueden acceder al IFE por figurar activos en la ANSES.

De esta manera, se condena a decenas de miles a la indigencia y la pobreza. Nuestros hijos, nuestros estudiantes, trabajan hiperprecarizados exponiendo su salud por dos mangos y los adultos mayores tienen jubilaciones de miseria. Sobre esta realidad ya crítica el gobierno nacional anunció que se reducirá significativamente la entrega del IFE en las provincias que no estén en Fase 1.

Por eso hay que invertir las prioridades para que la crisis generada por la pandemia no recaiga sobre la mayoría popular con más pobreza, desocupación y precarización.

La escuela no es una isla en esa realidad. Como plantea el proyecto de impuestos a las grandes fortunas del Frente de Izquierda, hay que afectar los intereses de los que más tienen para fortalecer el sistema sanitario (en base a su centralización) y asignar una IFE de $30000 para toda persona que haya perdido sus ingresos o trabajo durante la cuarentena.

También deben afectarse los intereses de las grandes empresas de comunicación y aplicaciones que ven jugosos negocios en la “virtualidad”, para que haya internet y dispositivos gratuitos. La educación no puede ser un área más de lucro de los empresarios.

La educación post pandemia no puede pensarse por fuera de un aumento significativo de la inversión en la educación pública, teniendo en cuenta que se debe reducir la cantidad de estudiantes por aula en todos los niveles, y eso demandará mayor construcción de escuelas y de cargos. En principio, la implementación de las medidas que se plantean en el “Protocolo Marco” deben ser garantizadas por la inversión del Estado nacional que cuenta con los mayores recursos.

No puede recaer en las espaldas de la comunidad educativa que se garantice lo necesario para el cumplimiento de las condiciones necesarias para volver a las clases presenciales.

Esta problemática se da sobre la estructura de un sistema educativo provincializado desde la década del 90, que fue la base de la desinversión en educación pública y que fue mantenida hasta nuestros días por todos los gobiernos, incluso con la Ley de Educación Nacional del 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

Las centrales sindicales, empezando por Ctera, deben convocar de manera urgente a la docencia de todo el país a debatir para resolver medidas frente a esta problemática que parta de exigir el aumento del presupuesto en base a afectar los intereses de los que más tienen, como también que la “dualidad” planteada en el “Protocolo Marco” no recaiga en mayor trabajo y se respete la carga horaria de cada trabajador/a de la educación.

Hasta el momento, la Ctera avaló el Protocolo y sólo se limitó a sacar comunicados con pronunciamientos generales pero sin ningún tipo de acción tanto por la situación sanitaria, como por problemáticas como la de la docencia de Chubut que están sin cobrar hace meses.

A su vez es necesario conformar comisiones de seguridad e higiene en cada escuela, compuestas por docentes, auxiliares, familias y estudiantes, como ya se vienen haciendo en La Matanza, para defender nuestra salud y la de las familias. Comisiones que ayuden a la organización de la comunidad educativa para exigir que se cumplan todas las condiciones necesarias y protocolos para volver a la presencialidad de manera segura y que tengan poder de decisión para suspender las actividades y cerrar las escuelas en caso de que las autoridades no garanticen los elementos y condiciones necesarias para el desarrollo presencial de las clases.







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