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Jujuy: juez quiere liberar a penitenciarios imputados por el crimen de dos presos

Son doce los penitenciarios imputados por el asesinato durante una protesta de dos internos del Penal de Gorriti en Jujuy. Si bien 6 seis de ellos fueron aprehendidos, el juez de Control Jorge Zurueta, decidió no hacer lugar al pedido de la fiscalía para que continúen detenidos, por lo que su liberación sería inminente. Tras los asesinatos, los jefes del Servicio Penitenciario jujeño debieron renunciar.

Jueves 23 de julio | 10:17

Por el asesinato de dos detenidos en la Unidad Penal 1 de Jujuy, son doce los agentes involucrados. Los penitenciarios fueron imputados por el presunto delito de "homicidio doblemente agravado por la calidad del autor y por alevosía".

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"La alevosía implica un agravante por la cual el autor del delito mata sobre seguro, en este caso, el interno Yapura no representaba amenaza en principio, había distancia considerable", dijo a la prensa el fiscal del caso, Carlos Gil Urquiola.

La autopsia sobre el cuerpo de uno de los asesinados, José Antonio Yapura, determinó que murió de un disparo en la zona del cuello, y en las próximas horas se realizará el exámen al cuerpo de Marcelo Montenegro, el otro preso asesinado mientras reclamaban por las condiciones de detención en el Penal, que recrudecieron con la pandemia del coronavirus.

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Mientras tanto, ayer el Ministerio de Seguridad de la Provincia informó la renuncia de Daniel Chaile y Oscar Farfán, jefe y subjefe del Servicio Penitenciario, quienes presentaron la dimisión al cargo, y aún no se conocen quienes los reemplazarían.

Los penitenciarios acusados están demorados pero es inminnete su liberación, ya que el juez de Control de turno a cargo la investigación no hizo lugar al pedido del fiscal, quien determinó que en el penal "se habrían efectuado más treinta disparos en el lugar".

El fiscal se basó también en los elementos de prueba que surgen de un video en el que se observa al personal penitenciario efectuando disparos y en donde "habría utilizado postas de plomo, algún tipo de munición o medios no autorizados".

Una vez más, el Poder Judicial de la provincia gobernada por Gerardo Morales, ampara a los asesinos de uniforme.







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