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La Izquierda Diario
24 de agosto de 2019 Twitter Faceboock

CONTRA EL AJUSTE Y EN DEFENSA DEL TERRITORIO
Perú: se incrementan las luchas contra la megaminería y la reforma laboral de Vizcarra
José Rojas | Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

El 22 de agosto, en diferentes regiones del país, se dieron movilizaciones que cuestionaban directa o indirectamente las políticas del ejecutivo y de los sectores empresariales que buscan “reactivar” la economía a costa de empobrecer más al pueblo trabajador. Lo más resaltante de esta jornada nacional de lucha fue la masiva movilización que se dio en Arequipa exigiendo al Gobierno la inmediata anulación de la licencia de construcción al proyecto minero Tía María.

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El sur en pie de lucha contra la mega minería

Como se recuerda, hace una semana atrás y después de 25 días de lucha de los pobladores del valle de Tambo a la cual se sumaron sectores obreros y populares de la ciudad de Arequipa, el Gobierno de Martín Vizcarra terminó decretando la suspensión por 120 días de la licencia de construcción del mega proyecto minero Tía María de propiedad de la transnacional Southern Copper.

A pesar de este retroceso eventual del Gobierno, los pobladores del valle de Tambo siguieron organizándose y exigiendo la inmediata anulación de dicha licencia. Los campesinos en reiteradas oportunidades han rechazado este proyecto mega minero por los elevados índices de contaminación que genera la minería a cielo abierto y por la cercanía de la mina a los lugares de vivienda y producción agraria. Es en función de ello que, el pasado 22 de agosto, en el valle de Tambo y en la provincia de Islay, las movilizaciones y los bloqueos de las vías de acceso fueron retomados por los campesinos y otros gremios de trabajadores. Los dirigentes han manifestado que con estas acciones vuelven a la lucha contra el Gobierno de Vizcarra y que no pararán hasta que se declare la anulación definitiva de la licencia al proyecto Tía María.

Días atrás en la región de Moquegua también se dio una contundente paralización implementada por sectores campesinos y populares, quienes bloquearon la carretera binacional que une el puerto de Ilo, con la región Puno y con el país vecino de Bolivia. La causa que motivó esta paralización fue el rechazo al proyecto minero Quellaveco de propiedad de la empresa Anglo American, el mismo que – como lo expresaron los manifestantes - se convertirá en un foco de contaminación ambiental que terminará afectando la agricultura de subsistencia que realizan miles de campesinos en los valles de esta región. El cuestionamiento al proyecto Quellaveco se da también por el incumplimiento de la empresa en crear nuevas fuentes de trabajo para la población que cada día se ve afectada por la desaceleración económica que se vive en el Perú.

Por el impacto que tuvo esta lucha, cuatro ministros del ejecutivo se vieron obligados a viajar a la región Moquegua para – en coordinación con la empresa minera - poner paños fríos al conflicto a través de nuevos ofrecimientos a la población afectada.

A estas acciones de masas se suma también el paro realizado en el llamado “corredor minero” el pasado 15 de agosto por las organizaciones campesinas de las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Grau (en las regiones de Cusco y Apurímac). Las cuales exigen al Gobierno central que cancele todas las concesiones mineras que operan en su zona, entre ellas MMG Las Bambas, Hudbay y Glencore ya que consideran que estas afectan el medio ambiente y se apropian del recurso hídrico, el cual es un bien muy preciado para los pequeños agricultores. Si bien esta medida se levantó, los organizadores de la misma han asegurado que volverán a retomar medidas de lucha para fines del mes de agosto o principios de septiembre ya que sus demandas no han sido solucionadas por el Gobierno y, por tanto, su problemática se mantiene latente.

Lima también se puso de pie

La ciudad de Lima tampoco ha sido ajena a este nuevo proceso de movilización social, por ello, el jueves pasado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), realizó una movilización hacia las instalaciones de la CONFIEP ( Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) para cuestionar las iniciativas de reforma laboral promovidas por este gremio empresarial en complicidad con el ejecutivo. Esta medida, sin embargo, no deja de ser tardía e insuficiente si tomamos en cuenta que la dirección de la CGTP no hizo nada para evitar que se apruebe el Plan Nacional de Productividad y Competitividad que es la punta de lanza del ajuste anti laboral del Gobierno.

En la zona de Puente Piedra, en Lima norte, también se dio el jueves 22 de agosto una importante movilización popular exigiendo la eliminación de los peajes ubicados en el kilómetro 24 de la Panamericana norte, los cuales encarecen los precios de los pasajes del transporte público con los cual se termina afectando sustantivamente la economía de miles de trabajadores que todos los días deben desplazarse hasta sus centros de trabajo. Cabe mencionar que la autorización para el funcionamiento de estos peajes, que favorecen a importantes empresas de la construcción, se dio cuando era alcaldesa de Lima Susana Villarán (reconocida lideresa de la izquierda reformista). A pesar de los cuestionamientos sociales a estas medidas, el actual alcalde de Lima Jorge Muños aun no concreta la anulación de este peaje ya que existe el temor de afectar a los grandes empresarios y terminar así “ahuyentando la inversión privada”.

Que la crisis la paguen los grandes empresarios y no el pueblo trabajador

Todas estas medidas de lucha se dan porque el Gobierno de Martín Vizcarra insiste en reactivar la economía a través de otorgarle mayores beneficios a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que estos mismos sectores empresariales, que hoy se muestran temerosos de invertir y que exigen al Gobierno mano dura para con los manifestantes, fueron los mismos que durante el periodo del boom primario exportador no pagaban impuestos como debían, los evadían irregularmente a través de contabilidades paralelas o se beneficiaron de las denominadas exoneraciones tributarias, contando para ello con el aval y la complicidad de los gobiernos de turno, de un parlamento siempre genuflexo al gran capital y un poder judicial dispuesto a ser aceitado bajo la mesa para archivar denuncias como las muchas que tiene la poderosa Southern Copper por incumplimiento de los estándares ambientales o la violación de los derechos laborales de sus trabajadores.

No será pues de la mano de más inversión privada que vendrá la reactivación de la economía, más aun si nos enfrentamos a un escenario internacional marcado por la crisis económica y la guerra comercial que ya hacen prever una nueva recesión mundial. Y cuando esto ocurre, a los empresarios nacionales y extranjeros lo único que les interesa es mantener o incrementar su tasa de ganancia acrecentando la explotación de sus trabajadores con medidas como el Plan de Competitividad y Productividad que profundiza la precarización laboral, o abaratando el acceso a las materias primas desconociendo para ello los límites ambientales con lo cual generan mayor contaminación del medio ambiente perjudicando así las actividades de los pequeños agricultores, como va quedando claro con las experiencias de Tambo, Moquegua, Cusco o Apurímac. La reactivación de la economía tampoco vendrá como consecuencia de las maniobras del presidente Vizcarra quien solo busca relegitimar el régimen político de 1993.

Urge entonces imponer con la movilización y la auto organización obrera y popular, un plan de lucha que nos permita, entre otras cosas, nacionalizar ya nuestros recursos naturales - como los grandes yacimientos mineros por ejemplo - y ponerlos bajo control de los trabajadores y el pueblo organizado. Así mismo, debemos exigir que las grandes empresas que hoy se declaran en pérdida abran sus libros de contabilidad para que el pueblo sepa cuánto realmente ganan y ganaron en las épocas de bonanza económica. Los campesinos empobrecidos por la crisis del agro deben tener acceso al crédito, para ello se hace indispensable la nacionalización de la banca. Ha llegado también el momento de fiscalizar y dejar de pagar la ilegítima deuda externa que se lleva un porcentaje importante del presupuesto público obligando a que se reduzca la inversión en sectores como salud o educación. Y para crear más trabajo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, dinamizando así la economía, debemos exigir que todo trabajador gane como mínimo lo correspondiente al costo de la canasta básica familiar y que la jornada laboral se reduzca a 6 horas diarias, de tal manera que todos los sectores que hoy se encuentran desempleados o sub empleados puedan trabajar teniendo más tiempo libre para dedicarse a la cultura y la recreación.

Estas y otras medidas no las hará el presidente Vizcarra quien, como ya lo dijimos, está al servicio de los empresarios y en contra de los trabajadores y el pueblo pobre. Tampoco lo podrá hacer un nuevo Gobierno nacido del adelanto de elecciones ya que estas se darán en el marco del actual régimen y manteniendo como competidores a las diferentes expresiones del capital. Estas y otras medidas solo serán posibles a través de un Gobierno de las y los trabajadores y el pueblo y un paso para avanzar en ese sentido hoy se expresa en la lucha por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nacida de la movilización popular y del quiebre del régimen de 1993 expresado en las actuales instituciones políticas y las reglas de juego electorales que, como lo demuestran casos como los de Odebrecht, solo sirven a la voracidad del gran capital y son la principal fuente de la corrupción generalizada.

 
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