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La Izquierda Diario
2 de marzo de 2016 Twitter Faceboock

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
Beneficios a los genocidas: el camino hacia la impunidad
Eric Soñis | Abogado - CeProDH
Lilen Reyes | Abogada CeProDH | Docente UBA Derecho

A través de la Resolución 65/2016, el Ministerio de Defensa derogó la Resolución 85/2013, la cual prohibía a los genocidas de la última dictadura recibir atención médica en los hospitales militares.

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La Resolución 65/2016 fue emitida el 22 de febrero por el Ministro de Defensa Julio Martínez, quien fuera firmante del Decreto que declaró la emergencia de seguridad pública en enero pasado. Esta nueva resolución permite que los militares condenados y procesados por delitos de Lesa Humanidad reciban atención médica en los hospitales correspondientes a las fuerzas armadas.

Los fundamentos del gobierno para conceder semejante beneficio a los militares responsables del genocidio se fundan en un informe realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en el año 2014 (“La Situación de los Derechos Humanos en las Cárceles Federales Argentinas”). La resolución toma de este informe las denuncias sobre las deficiencias del sistema carcelario y en particular los problemas en la estructura de la atención de la salud, en cuanto a la insuficiencia de profesionales y su especialización. Señala también que los planes estatales para su solución no tienen relación con la realidad que se vive en las cárceles.

Reconoce, a si mismo, que la ejecución de las penas privativas de la libertad no son competencia del Ministerio de Defensa, pero si lo es garantizar el trato humanitario a quien se encuentra privado de su libertad, asegurando su salud psicofísica. Todo ello en base a fallos y opiniones de organismos internacionales.

Los datos que contiene el informe, citado por la resolución, se condicen con la realidad denunciada en los últimos días a través de una “inspección sorpresa” realizada en el penal de Devoto. Lejos de ser sorpresiva o tratarse de un caso aislado, son sabidas las condiciones infrahumanas en las que viven los detenidos en los distintos penales a lo largo del país.

Salud para ricos y genocidas

No obstante dar cuenta de esta situación, la resolución no plantea un aumento en el presupuesto de salud o la necesidad de modificar las inhumanas condiciones de detención. Por el contrario, plantea que el “Interno del Sistema Carcelario pueda procurarse atención médica por sus propios medios, entendiendo por tales a los prestadores de las obras sociales a que se encuentran afiliados”.

Una declaración de cinismo toda vez que las cárceles, tal como denunció la Izquierda Diario, son “un lugar reservado a los pobres”, quienes difícilmente cuenten con medios propios para atenderse por fuera de la deficiente atención médica gratuita brindada dentro de las cárceles.

En este caso, el beneficio de la atención ambulatoria y de internación se otorga a quienes son ni más ni menos que condenados o procesados por crímenes de lesa humanidad. Cabe recordar que los genocidas gozaron de este beneficio hasta que fuere suspendido en el año 2013, a raíz de la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Argerich.

Teoría y práctica de “los dos demonios”

La resolución del Ministerio de Defensa se inscribe en el plan más profundo del gobierno macrista por reinstalar la teoría de los dos demonios, desarrollada en los primero años del gobierno de Alfonsín. No es menor que dentro de este Ministerio fueron designados funcionarios con participación activa en la última dictadura militar.

Tal como lo denunció Myriam Bregman, abogada en los juicios contra los genocidas y diputada nacional por el PTS en el FIT, “desde que se conoció el triunfo de Macri los sectores más reaccionarios están agrandados. Tanto que algunos salieron rápidamente a confesar sus intenciones de impunidad para los genocidas, como lo expresó el editorial del diario La Nación el 23-11-15. Por su parte, Macri designó en ministerios y municipios a funcionarios que fueron parte de la dictadura y a otros que reivindican el golpe o al menos intentan poner en cuestión que deban juzgarse todos los actos del terrorismo de Estado.

Más allá de los matices, todos tienen como objetivo que no se avance en el juzgamiento de los civiles que participaron del genocidio e ir poniendo un punto final en las causas de lesa humanidad. El bloque del PRO despidió el año legislativo 2015 negándose a votar una comisión bicameral que investigue los crímenes empresarios durante la dictadura. Así, las declaraciones de Darío Lopérfido fueron la cara más visible de la política del macrismo de volver a restaurar la teoría de los dos demonios.”
La teoría de los demonios intentó avalar el accionar de la dictadura genocida hablando de “errores y excesos” en el marco de una “intervención necesaria”. Pero el macrismo no se limita a un mero discurso de negación histórica: pretende abrirle la puerta a la intervención de las Fuerzas Armadas como fuerza de represión en el marco de un brutal ajuste, en el que miles de trabajadores salen a las calles contra los despidos masivos, tal como se vio en el reciente paro de ATE del 24 de febrero.

Contra la represión de ayer y de hoy

Con cortes y piquetes en varios puntos del país, la jornada de lucha del 24 de febrero fue una contundente respuesta contra el recientemente aprobado protocolo anti-piquete, cuya base la encontramos en la legislación penal de la dictadura de Onganía.
Este 24 de marzo, a 40 años del golpe genocida, se abre una nueva oportunidad de enfrentar el avance represivo del macrismo, siendo miles en las calles contra la teoría y práctica de los dos demonios que pretende avalar la impunidad de ayer y justificar la represión actual.

 
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