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6 de diciembre de 2016 Twitter Faceboock

CÓRDOBA / AMBIENTE
Córdoba: una Ley de Bosques a medida de los ganaderos
Tiago Nabis

Ayer el gobierno presentó el anteproyecto de modificación de la Ley de Bosques, que quiere aprobar antes de fin de año.

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Una lectura rápida del borrador indica que se ha privilegiado los intereses del agronegocio, los grandes productores ganaderos, la minería y la especulación inmobiliaria, sobre la conservación del patrimonio ambiental de toda la sociedad.

Según establece la normativa nacional, los ordenamientos provinciales deben actualizarse cada cinco años para asignar las áreas de bosque nativo a las categorías verde, amarillo y roja, de acuerdo a su valor de conservación. Las áreas con bosques en categoría roja de consideran de máxima importancia para la conservación, limitando las actividades que se pueden desarrollar en ella y prohibiendo el desmonte total o parcial. La actual ley de bosques de Córdoba fue aprobada en 2010, en una polémica sesión donde se autorizó desmonte parcial en zonas rojas (posteriormente prohibida mediante un decreto), y por esto debe actualizarse.

La génesis de este anteproyecto se encuentra viciada de secretismo. Si bien el gobierno había convocado a una mesa de diálogo para discutir del tema, no hubo en ningún momento una amplia invitación a todos los sectores de la sociedad. Por el contrario, las negociaciones en esta mesa de diálogo fueron abandonadas por el mismo gobierno el pasado viernes, indicando que quizá nunca tuvo la intención de seguir sus recomendaciones.

Posturas “ideológicas”

Muchísimos puntos del proyecto de ley llaman la atención. En primer lugar, el cambio de la autoridad de aplicación de la Secretaría de Ambiente al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. No hay ninguna justificación de parte del gobierno para este cambio y se desconoce si el Ministerio de Ciencia cuenta con personal idóneo para realizar la tarea.

El cambio de autoridad de aplicación significa un avance para el titular de Cartez (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona), Gabriel De Raedemaeker. “Vemos con buenos ojos que algunos actores que hoy están contaminados sean puestos a un costado. Valoramos mucho que quien aplique la ley tenga una posición más técnica y científica en lugar de una postura ideológica. De todos modos creo que las posturas más radicalizadas han ido quedando en el camino”, dijo.

No es la única buena noticia para los productores rurales. El anteproyecto permite el desarrollo de planes de manejo tendientes a la conservación o restauración “ecológica” dentro de áreas rojas. El proyecto presentado por Cartez, haciendo gala de un profundo desconocimiento de la ecología, proponía como método de restauración al “rolado de baja intensidad”. Ese consiste en la eliminación de los estratos arbustivo y herbáceo del bosque mediante medios mecánicos o químicos y su reemplazo por pasturas implantadas para alimentar al ganado vacuno. En las categorías roja y amarilla, además, el proyecto “olvida” prohibir el cambio en el uso del suelo y “olvida” prohibir expresamente la realización de rolado y el desmonte utilizando productos químicos.

Las facilidades para realizar desmontes se extienden por todas partes del proyecto de ley. Por ejemplo, si en la vieja ley de 2010 se habilitaba realizar agricultura con riego incluso en zonas rojas, en la nueva ley se habilitan proyectos mineros en las mismas áreas, con el curioso argumento de que la minería es una actividad “transitoria”. Se disminuyen las penas a los infractores y se elimina la posibilidad de arrestarlos.

Bosques que no son bosques

Por otra parte, la definición de bosques del proyecto de ley excluye deliberadamente a los “fachinales”, matorrales con árboles pequeños a partir del cual el bosque nativo puede regenerarse. Esto también responde a un reclamo de los sectores ganaderos, que consideran que la mejor manera de promover la recuperación del bosque a partir del fachinal es, curiosamente, eliminar el fachinal.

El proyecto presenta, además, una serie de incoherencias y “olvidos”. Establece la conservación y restauración tanto de los bosques nativos como de los exóticos. De esta forma, exóticas invasoras como el siempreverde quedarán protegidas por la ley. En la lista de servicios ecosistémicos provistos por los bosques el gobierno incorpora la regulación de las cuencas hídricas (con el recuerdo fresco de las inundaciones) pero olvida enumerar otros servicios como fijación de carbono o polinización.

Sin mapa

La participación de la sociedad en la conservación de los bosques se ve limitada en el nuevo proyecto. La Comisión Asesora del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos estaría integrada por representantes de cuatro ministerios (Ciencia; Agricultura y Ganadería; Industria, Comercio y Minería y Agua, Ambiente y Servicios Públicos), la Agencia Córdoba Turismo, un representante de las entidades de la producción, uno de las Universidades y uno de los organizaciones no gubernamentales. El desbalance entre los intereses representados en esta comisión resulta evidente. Además, esta Comisión entraría en funciones para la próxima actualización de la ley, recién en 2022.

Por último, el proyecto se presenta sin su correspondiente mapa señalando las zonas rojas, amarillas y verdes. La ley 9814 presentaba como anexo un mapa que fue considerado “excesivamente rojo” por los poderes económicos de la provincia, lo que motivó el cambio en la redacción de la ley, autorizando desmontes para conformar a los intereses ganaderos. En el nuevo proyecto, no se conoce mapa alguno.

Según informaron los ministros Fabián López, Sergio Busso y Carlos Robledo en la legislatura cordobesa, en vez de mapa se proveerá a los legisladores de una herramienta para que ellos mismos asignen las prioridades de conservación. En esta herramienta se consideran dieciséis aspectos, como vegetación, pendiente y fertilidad del suelo. Los legisladores deberán asignarle un valor de conservación para cada ítem. Es decir, una decisión que debe basarse en conocimientos técnicos, queda librada al poder de lobby que diferentes sectores puedan ejercer sobre los legisladores provinciales.

Esta nueva ley de desmonte no es un mamarracho o un conjunto de incongruencias, es el fiel reflejo de los intereses económicos que defiende el gobierno de Córdoba y su absoluto desdén hacia la necesidades del pueblo trabajador que sufre la desaparición de los servicios prestados por el bosque (acabando en crímenes sociales como las inundaciones) y a los pequeños campesinos, que ven desaparecer su misma forma de vida.

Por tal motivo, la legisladora Laura Vilches del PTS-FIT lanzó una encuesta en su cuenta de la red social Facebook para conocer la opinión de todas las personas sobre esta nueva modificación de la Ley de Bosques.

 
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