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Paro de transporte en Jujuy: el gobierno ataca el derecho a huelga

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En el momento que más de mil de trabajadores de la UTA marcharon en el sexto día de paro en reclamo de salarios, aguinaldo y aportes de obra social adeudados, el Concejo Deliberante de la Capital pretende aprobar un proyecto que declara el transporte "servicio esencial" y atenta contra el derecho a huelga.

Martes 16 de julio | 11:42

Los trabajadores se movilizaron por la capital jujeña, donde recibieron el enérgico apoyo de personas que transitaban el centro, quienes con aplausos mostraron un gesto de solidaridad. Mientras las empresas que manejan el servicio de transporte público reciben enormes subsidios por parte del gobierno provincial, y acaban de ser premiados con un nuevo tarifazo que paga el conjunto del pueblo trabajador, brindan un pésimo servicio y precarizan a los choferes, adeudando salarios, aguinaldo y aporte a las obras sociales.

Una vez afuera de casa de gobierno y después de que ayer se realizo la reunión conciliatoria entre empresarios y el Ministerio de Trabajo, ratificaron su lucha que ya tiene un 100% de acatamiento.

También estuvieron apoyando la movilización los diputados del Frente de Izquierda Alejandro Vilca, Natalia Morales, Eduardo Hernández.

Luego de Casa de Gobierno, los choferes decidieron trasladarse hacia la fiscalía donde se encontraba Nicolás Abet, secretario gremial, citado por la anti obrera Justicia en un claro acto persecutorio del derecho a la protesta.

Mientras Gerardo Morales se encuentra de viaje en China, en el sexto día de paro, el Concejo Deliberante de la Capital dirigido por UCR-Cambiemos que acaba de aprobar un nuevo aumento de 10% en el boleto de colectivos, convoca una Sesión de emergencia, donde el radicalismo pretende aprobar un proyecto que declare el transporte como servicio esencial, lo cual atenta contra el derecho a huelga.

Desde las bancas del Frente de Izquierda en el concejo deliberante, la concejala Andrea Gutiérrez y el concejal Guillermo Alemán hicieron una interpelación para que las empresas digan cuánto ganan y respondan por los subsidios millonarios que reciben del estado, sin obtener respuestas.





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