Economía

LOS MISERABLES DE SIEMPRE

Los empresarios rechazan la creación de un nuevo impuesto y defienden las suspensiones

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El vicepresidente de la UIA afirmó que están en contra de que haya más impuestos. La aplicación de tributos a las grandes fortunas permitiría un plan de viviendas, subsidios para los trabajadores precarizados y ampliar los gastos en salud.

Martes 14 de abril | 23:36

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja en una entrevista al sitio Infobae respondió sobre el impuesto a las fortunas, “que hay que entender que estamos en contra de que haya más impuestos y estamos a favor de que se incrementen los incentivos para que crezca la inversión”.

El Gobierno presentará un proyecto de ley para gravar a las grandes fortunas aunque aún no hay detalles de la propuesta. En los borradores que circularon en los medios no se aclara a qué destinará lo recaudado por el impuesto.

Funes de Rioja ante la pregunta de qué medidas debería avanzar el Ejecutivo sostuvo que “todo debería ser con un trámite muy breve y muy veloz”. “La aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Trabajo –que establece la posibilidad de una suspensión concertada y cierre colectivamente o con un único trabajador el porcentaje del sueldo que percibirá durante el período sin tareas– y obviamente todo tiene que ser sin cargas sociales”. Es decir, para Funes de Rioja las empresas no tienen que realizar ningún aporte aunque muchas tuvieron ganancias millonarias en los últimos años y, además, tienen que poder suspender y reducir el sueldo sin restricciones.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) afirmó sobre el posible tributo que este pedido "choca de frente con la pretendida creación de un nuevo impuesto de emergencia y por única vez (como tantos otros que existen desde hace años y bajo la misma premisa inicial) que algunos sectores del Gobierno propician y tratan de justificar bajo el manto de la necesidad de ayuda solidaria al mejor estilo Robin Hood: continuar asfixiando a quien produce para repartir a los sectores más carenciados", según publicó el diario La Nación. ¿Asfixiar? El Gobierno sólo actualizó las bajas retenciones a la exportación que dejó Macri y las patronales agrarias fueron beneficiadas con la devaluación.

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Impuestos a las grandes fortunas

Los capitalistas se alarman si el Gobierno intenta avanzar con un impuesto a sus fortunas. Ante la crisis, la respuesta patronal incluye despidos, suspensiones con recorte salarial. El oficialismo dispuso la prohibición de despidos y suspensiones, pero eso no detuvo a los empresarios. La norma avaló que las empresas puedan suspender cuando hay reducción de trabajo o fuerza mayor, en caso de que sean pactadas entre el empleador y el empleado.

Ante la crisis se necesitan más hospitales, insumos, un plan de vivienda, un subsidio para todos los precarizados que les permita llegar a fin de mes, entre otras necesidades. ¿Y de dónde se pueden obtener recursos para llevar adelante esas medidas? De los empresarios y millonarios de este país.

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Por eso el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley en el Congreso que establece impuestos extraordinarios a los grandes patrimonios y a las altas rentas para hacer frente a la emergencia ante la pandemia por el coronavirus.

La izquierda propone que lo recaudado se destine únicamente para subir el gasto en salud para combatir la pandemia; un salario de cuarentena de $ 30.000 para todos los trabajadores que no tienen licencias pagas por sus empleadores; un plan de viviendas. Los recursos serán controlados por trabajadores para asegurar que se utilice en estas prioridades.

Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda, afirmó "este proyecto es parte de un conjunto de iniciativas que hemos presentado en el Congreso para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social y se inscribe dentro de un programa que defiende el Frente de Izquierda cuya salida integral plantea la necesidad de la expropiación de los grandes grupos capitalistas, y que debe comenzar por el no pago de la deuda fraudulenta, la nacionalización del sistema bancario para poner el ahorro nacional al servicio de crear créditos baratos para los comerciantes arruinados, cuestión que queremos poner a discutir en el Congreso por lo cual seguimos exigiendo que sesione". La crisis no la tienen que pagar los trabajadores.

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