Géneros y Sexualidades

DOSSIER ESPECIAL

A diez años de la conquista del matrimonio igualitario y la “guerra de Dios”

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Hace diez años el Congreso aprobaba el derecho al matrimonio igualitario para personas sin importar su género en medio de una furiosa campaña de la Iglesia Católica, encabezada en ese momento por el actual Papa Francisco.

Pablo Herón

@PhabloHeron

Martes 14 de julio | 21:38

Hasta ese momento solo las parejas heterosexuales podían acceder al matrimonio y los derechos que conlleva, como compartir una obra social o pedir una licencia por enfermedad del cónyuge en el trabajo. Una persona podía convivir algunos años, décadas o toda su vida con otra, pero al morir alguna de ellas el Estado no reconocía legalmente ese vínculo y por ende ningún derecho a nada. La ausencia de esos derechos elementales solo remarcaba la discriminación cotidiana

Miles con sus banderas del orgullo se concentraron para las votaciones de la Ley de Matrimonio Igualitario tanto en diputados como senadores. Las convocatorias eran impulsadas por organizaciones de la diversidad sexual como la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y la Comunidad Homosexual Argentina, junto a organizaciones sociales y políticas.

En el living de Mirtha Legrand, Pepe Cibrián instalaría la famosa frase “Pepe o calle” para defender su derecho a adoptar. Múltiples artistas como Natalia Oreiro, Cecilia Roth, Florencia Peña o Guillermo Francella harían público su apoyo. De esta manera se instaló un gran debate en la sociedad alrededor de la igualdad de derechos, en una juntada con amigos, en las escuelas y universidades o en una cena con la familia se abrían discusiones donde se enfrentaban los viejos prejuicios.

Concentración a favor del Matrimonio Igualitario

El gobierno de Cristina Kirchner venía del conflicto con el campo en el 2008 donde la Iglesia apoyó al agro y surgió la llamada “grieta”. El año anterior a la votación, había sufrido una importante derrota en las elecciones legislativas. En ese marco puso en agenda una de las tantas demandas que gays, lesbianas, bisexuales y trans reclamaban en las calles hacía años en las marchas del orgullo.

La respuesta de los sectores reaccionarios no se hizo esperar. Las principales entidades religiosas de las iglesias católica y evangélicas se pusieron a la cabeza. En una carta dirigida a las Monjas Carmelitas de Buenos Aires en junio de ese año, Bergoglio se posiciona fervorosamente en defensa de la “familia: papa, mamá e hijos”. Ahí llegó a afirmar que: “No se trata de un mero proyecto legislativo (éste es sólo el instrumento) sino de una ‘movida’ del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. (...) Recordémosle lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia: ‘esta guerra no es vuestra sino de Dios’”.

La Iglesia puso en funcionamiento no solo su maquinaria ideológica sacada del medioevo, también activó todos sus recursos. Así fue que se jugó a movilizar a todos los estudiantes de las escuelas católicas, dicho sea de paso financiadas por el propio Estado, convocando a una marcha con la consigna “los chicos tenemos derecho a mamá y papá”. Según la concepción religiosa, el único fin del matrimionio es es reproductivo. Así, aprovechando prejuicios y tabúes presentes en nuestra sociedad, se negaba a cualquier relación no heterosexual y fuera del modelo patriarcal los derechos que se desprenden del matrimonio.

La campaña contra la Ley de Matrimonio Igualitario también ganó sus adeptos en el sector político, desde los hoy reconocidos Alfredo Olmedo y Cynthia Hotton (en ese momento diputada del PRO) que en 2018 volvieron a la arena contra el aborto, hasta Liliana Negre de Alonso y Chiche Duhalde representando lo más rancio del peronismo. Esta última en la Cámara del Senado llegó a afirmar que los homosexuales “van a venir a llevarse a nuestros chicos”.

Ganamos el debate, los dinosaurios se quedaron

Muy a pesar de la Iglesia con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones en la cámara alta, se logró la aprobación. En diputados el margen de votos también fue chico.

Entre los que votaron en contra se pueden encontrar nombres como el del senador del PRO, Esteban Bullrich, quien en plena discusión del aborto planteó que “un embrión es un argentino con derechos”. También aparece José Mayans, el actual jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, que en el 2018 afirmaba que “el aborto es equiparable a la pena de muerte”. Los años pasan pero los dinosaurios quedan.

El poder ejecutivo nacional, al mando de Cristina Kirchner, mantenía una relación tensa con el Cardenal Bergoglio. Sin embargo no sucedía lo mismo con los mandos provinciales íntimamente ligados a la Iglesia por su poder territorial, los gobernadores en ese momento kirchneristas de San Juan (José Luis Gioga, actual presidente del PJ), Mendoza (Celso Jaque) y Salta (Juan Manuel Urtubey), se tiraron contra la ley mientras un gran sector guardó silencio.

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Conclusiones a una década

Tanto en las votaciones del matrimonio igualitario como en el aborto legal, todos los grandes bloques del Congreso aportaron votos en contra. Eso puso de manifiesto por un lado el peso y rol de la Iglesia en el Estado interviniendo en decisiones políticas para boicotear cualquier derecho para mujeres y LGBTs que se chocan con su dogma. Una institución que actualmente tiene el poder y la influencia tales como para bloquear en los hechos la aplicación de leyes como la Educación Sexual Integral y el protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Financiada por el Estado gracias a decretos que vienen de la dictadura y que ningún gobierno democrático hasta hoy quisieron tocar. Lejos del escenario del 2010, hoy el gobierno del Frente de Todos tiene una muy buena relación con el Vaticano.

Por otro lado se evidenció que a la hora de votar derechos elementales los grandes partidos eligen invocar en sus bloques la “libertad de acción” en función de la “objeción de conciencia”. O sea, no importar si se trata de garantizar que no mueran mujeres por abortos clandestinos o que LGBTs tengan los mismos derechos que las personas heterosexuales. Mientras tanto, a la hora de votar leyes como la que le permitió al gobierno de Alberto Fernández suspender la movilidad jubilatoria, se implementa una disciplina de bloque.

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En la última década se produjeron algunos miles de matrimonios entre personas LGBTs. El debate le dio gran visibilidad a la realidad que atraviesa la diversidad sexual, mostrando que en en este sistema social profundamente desigual, donde una minoría dueña de todo vive de la explotación de la mayoría que no tiene nada, se reproducen desigualdades cotidianamente y el Estado incluso discrimina a sectores de la población por su orientación sexual, su identidad, su género o su origen, entre otros. Tal como lo dejaron asentado en las calles el movimiento de mujeres y contra el racismo en los últimos años. Con el triunfo de la LMI se confirmó algo que decían muchas voces a favor, no se trataba simplemente del matrimonio sino de abrir la discusión sobre la igualdad en una sociedad que está llena de desigualdades.

Posteriormente en 2012 se sancionó también la Ley de Identidad de Género. La conquista de ambas leyes condensó reclamos históricos de las y los LGBTs, sin embargo, eso no garantizó la igualdad en la vida cotidiana. Según el último informe elaborado por ATTA (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina) en 2014, sólo el 18% de travestis y trans tuvieron acceso alguna vez a un trabajo formal. El espíritu igualitario que impulsó el debate, la convicción de haber conquistado un derecho, se volvió a chocar con la desigualdad cotidiana que vive la mayoría de las personas LGBT. Esa realidad solo se agudizó con las crisis económicas, y quedó al desnudo con la pandemia, como muchas otras.

Cada vez más, los derechos conquistados se chocaban con una realidad en la que solo una minoría puede disfrutarlos. Lo muestran las postales de la crisis para las personas trans, que en su mayoría solo pueden subsistir a través de la prostitución, se quedaron sin ingresos, sufrieron intentos de desalojo y son más perseguidas por la policía. Lo mismo con los miles de jóvenes que le escapan a la norma heterosexual y sufren la precarización laboral, despidos, suspensiones o recortes de salario.

La pelea por una verdadera igualdad, contra la violencia y la discriminación que reproducen las propias instituciones del sistema capitalista, sigue más que vigente. Por eso es fundamental exigir el aborto legal, el cupo laboral trans y la separación de la Iglesia del Estado, enfrentando esas instituciones y confiando en la propia fuerza de las y los LGBTIs en las calles, que aunque sea difícil pensarlo hoy, siguen siendo el lugar donde nuestra voz y nuestra lucha por la liberación tienen más fuerza.

Leé más: [Dossier] A diez años de la conquista del matrimonio igualitario





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