Política

EDITORIAL

La “Justicia” y la toma de Guernica

Tiempo estimado 7:57 min


Casi todo el arco político afirma que las tomas son “ilegales”. Los increíbles argumentos del fiscal, respaldado por el juez y la cámara: estigmatización y clasismo para pedir el desalojo.

Fernando Rosso

@RossoFer

Domingo 13 de septiembre | 22:25

Ilustración: Martín Cossarini / Enfoque Rojo.

  • El debate sobre la toma de tierras, muchas ocasiones se desarrolla a un nivel demasiado general, ya sea porque se trata de abarcar el fenómeno de conjunto, hacer síntesis o, simplemente, por una cuestión de tiempos. A veces, es un buen ejercicio “bajar” a analizar un caso concreto para ver cómo opera el sistema judicial y sus representantes, como “traducen” las definiciones políticas generales. Por qué se opta por unos derechos que parecen más iguales que otros y cómo en los detalles habita el diablo de una justicia clasista.
  • Este es el caso de la disputa legal que se produce alrededor de la toma de Guernica en Presidente Perón (las 2500 familias, con unos 3000 niños y niñas).
  • Sabemos más o menos cómo es la situación hoy: hubo un fallo firmado por los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata que estableció “el desalojo colectivo” que “deberá ejecutarse en fecha a determinar”. Luego, el juez en primera de Garantías N° 8 de Cañuelas, Martín Rizzo, dictaminó el viernes pasado el "lanzamiento masivo" que se llevará a cabo el día 23 de septiembre o, en caso de no poder realizarlo ese día, los dos días siguientes. Autorizó al fiscal de la causa a que disponga del uso de la fuerza pública.
  • En la entrevista del domingo pasado, la abogada Laura Tafettani (Asociación Gremial de Abogados y Abogadas) que representa, junto otros colegas, a niños y adultos protagonistas de la toma, afirmó que habían hecho una presentación ante el juez y contra el fiscal porque había usado términos y “argumentos” en torno a los ocupantes que eran inadmisibles. Luego me mandó el escrito en el que denunciaron al fiscal que se llama Juan Cruz Condomí Alcorta (retengan ese nombre). Las abogadas dicen que en la respuesta a un escrito en el que ellas argumentaban en defensa de los derechos de las personas que están en la toma, el fiscal “desconoce en forma inaudita los derechos de los niños y niñas consagrados constitucionalmente” y, además, que tuvo “consideraciones estigmatizantes, utilizando palabras y estereotipos discriminatorios, faltando a la verdad y los principios y deberes de objetividad, imparcialidad, igualdad, no arbitrariedad, prudencia, dignidad e integridad, profesionalismo, buena fe y diligencia.” Me pregunté ¿será para tanto?
  • Escuchen los argumentos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta contra los ocupantes: “No podemos dejar de preguntarnos” –dice– si las personas que están en la toma “¿están usando a sus hijos como escudos ante un eventual desalojo? ¿Están protegiendo los derechos de sus hijos o los están exponiendo?” No sería descabellado, “ya que desde hace más de un mes que estos padres o tutores, someten a los menores a vivir en carpas sumamente precarias, rodeados de conexiones de electricidad clandestinas y soportando temperaturas de un dígito”. Agrega, el fiscal, que esto se hace pese a que existen “planes sociales como la AUH, ayudas desde los municipios a través de Desarrollo Social, posibilidad de intervención del servicio de promoción y protección de los derechos del niño. Pero a simple vista, los responsables de estos menores, optaron por tenerlos alojados en esas condiciones”
  • Y sigue: “Las letradas plantean que en caso de efectivizarse el desalojo, conllevaría a un posible proceso de institucionalización de los menores y que esto acarrearía un daño irreparable. Contrariamente, “entiendo que el daño irreparable, se les está causando al someterlos a las situaciones descriptas. Los menores hablan de un barrio tranquilo, cuando consta en autos, enfrentamiento entre los ocupantes y hasta un herido de arma de fuego en la cabeza, robos constantes a los vecinos y continuidad de ilícitos contra la propiedad”.
  • Luego hace una serie de consideraciones sobre el derecho a la propiedad y escuchen la comparación: “Con este criterio quien robe un televisor, un auto u alimentos, puede quedarse con el bien en perjuicio de la víctima, porque a sus hijos les resulta necesario alimentarse, esparcirse o trasladarse de un lado a otro” y que esto (acá viene un clásico) “no conduciría a otro estado que el de anarquía de las instituciones de derecho”.
  • En la respuesta, las abogadas y sus representados afirman que esto no hace más que “seguir consolidando la idea que somos delincuentes y personas peligrosas para la sociedad. El Sr. fiscal menciona que existen enfrentamientos entre vecinos, como así también un herido de bala: los enfrentamientos no fueron tales, fueron hechos de violencia ejercidos por parte de un grupo de personas hacia nosotros, no hicimos más que defendernos ante los ataques con palos y caballos que nos echaban encima, el herido de bala fue un vecino nuestro (referente de la toma) que fue agredido por patotas que nos amedrentan para que nos vayamos, golpean y amenazan a vecinas y niños indefensos.” Todo esto estaba probado y filmado.
  • Puntualizan lo que consideran lo más preocupante que expone el fiscal Condomí Alcorta: “Nos muestra a las personas que no tenemos cubiertas las necesidades básicas, entre ellas de vivienda digna o alimentación, como que nosotros fuéramos los que elegimos vivir así, que queremos exponer a nuestros hijos al frío, a vivir sin luz, ni techo, que es nuestra exclusiva culpa que vivamos así, como si nosotros, los pobres lo eligiéramos. Inclusive se atreve a amenazarnos con llevar a nuestros hijos con responsables afectivos”.
  • Cierran: “El Sr. Condomi Alcorta ¿no sabe que nuestros hijos van al colegio, que velamos por su bienestar, que el mejor lugar en el que pueden y deben estar es con nosotros, sus padres y madres? ¿Que la pobreza no debe ser considerada como una situación que amerite despojarnos de derechos o perder el derecho de vivir junto a nuestros hijos? No hace más que afirmar el odio, la estigmatización y el racismo. Nuestros hijos son nuestro mayor orgullo y nuestra razón de felicidad para seguir luchando por una vivienda digna y mejores condiciones de vida. Lo que no comprende el Sr. fiscal es que justamente y principalmente por ellos/as y junto a ellos/as luchamos!
  • Un paréntesis, pero que aporta información: no sé si ustedes recuerdan que en 2018, el expresidente Mauricio Macri dijo que había que “dinamitar” el Astilleros Río Santiago, allá donde se fabrican barcos en Ensenada. Fue después de una operación mediática de Jorge Lanata sobre “corrupción y despilfarro” en el Estado con imágenes del astillero. Era una maniobra para fundamentar un ajuste, tan evidente como si Lanata tuviera en la frente un cartel luminoso que dijera “estoy haciendo una operación” ¿Saben quién la dio por válida y le pidió a Cristian Ritondo, en ese momento secretario de Seguridad de la provincia “salvaguardar el orden” con el objetivo del “resguardo de bienes y la preservación y conservación de elementos probatorios”? Nuestro fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
  • Me pareció ilustrativo el ejemplo de este fiscal (al que le dieron la razón, en última instancia, tanto el juez como la cámara). Cuando Sergio Berni dice que la toma es ilegal y que son delincuentes, cuando Axel Kicillof lo respalda diciendo que es “ilegal”, cuando Sabina Frederic dice (más tímidamente, no importa) que es “ilegal”, cuando el Presidente dice con tono de seminario en la facultad de Sociales que la toma es “ilegal”, los Juan Cruz Condomí Alcorta lo traducen así. Y lo último que se puede esperar es que “será justicia”.




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