Sociedad

Toma de tierras

Amenazas, promesas y subsidios en Garrote: el "modus operandi" del Gobierno contra quienes necesitan vivienda digna

Los vecinos lucharon 8 días entre amenazas de desalojo, aprietes, promesas varias y sobre todo una gran solidaridad de otros sectores. Finalmente el Gobierno prometió subsidios y materiales, a los cuales las familias aceptaron por la difícil situación que atraviesan y se levantó la toma. Al momento fueron entregados materiales solo a 3 familias. El gobierno actuó para dividir a las y los que necesitan una vivienda digna.

Miércoles 18 de noviembre de 2020 | Edición del día

La toma había empezado el domingo 8 de este mes, cuando una madre soltera con su bebé pequeño dio el puntapié y luego se fueron sumando el resto de los vecinos. Las necesidades de tierra para vivir y vivienda digna hicieron que rápidamente se ocupara todo el lugar.

Esos edificios, abandonados a medio terminar, eran del proyecto "Sueños Compartidos", perteneciente a las Madres de Plaza de Mayo, el cual luego de las denuncias de sobreprecios que recayó sobre los hermanos Schocklender pasó a manos del municipio tigrense. Este último vació todo lo que había en ellos, hasta los inodoros.

Hace 11 años que esas torres están en esas condiciones y hasta hace unos meses eran custodiadas por seguridad privada. En un municipio completamente desigual, con grandes countries construidos sobre humedales y flojos de papeles, en los sectores populares el Estado prefiere pagar seguridad privada antes que terminar lo que se les había prometido a los vecinos.

Los terrenos lindantes a las construcciones limitan con el complejo habitacional "Venice", al cual solo pueden acceder sectores altos. Según informaban los vecinos para este medio, el Estado tendría interés en estos espacios para continuar con el negocio inmobiliario.

Durante la toma, fueron 127 familias que buscaron su lugar dentro de los edificios o en los terrenos aledaños, cansados de tanto abandono y de estar hacinados en casas muy pequeñas con muchos de sus familiares. La respuesta del Estado -tanto nacional, provincial y municipal- fue siempre la misma, un acta para incorporarlos al plan de hábitat y nada más. Luego, sin ninguna firma y de palabra, la promesa de 30 mil pesos en 6 cuotas.

El municipio de Tigre con Julio Zamora como intendente, quien vive en un lujoso country de la zona, tenía como excusa que esos edificios estaban en peligro de derrumbe, cuando los que ya fueron entregados están en perfectas condiciones y los propios trabajadores de la obra fueron vecinos del barrio que saben perfectamente cómo fueron hechos y que están en condiciones de ser habitados.

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Con la amenaza de desalojo constante, en una toma donde lo que más había eran niños con sus madres jóvenes, sumado al rol de los movimientos sociales que amenazaban a las familias con que “les iban a dar la baja” de los planes o tarjeta Alimentar, distintos sectores fueron aceptando la propuesta del Estado y firmaban el acta, con la promesa de palabra de recibir los 30 mil pesos.

A partir del viernes fue creciendo la amenaza policial, en cantidad y donde todas las noches se formaba un operativo alrededor de los edificios, simulando cómo iba a ser el operativo de desalojo.

Rodeados de solidaridad

El domingo hubo una importante jornada de solidaridad, con el tiempo a contrarreloj y la fecha de desalojo encima. Dieron su apoyo distintos espacios que pertenecen al Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC): Se hicieron presentes docentes de la agrupación Marrón en la conducción del SUTEBA Tigre, docentes de San Fernando, obreros de Mondelez, de Madygraf, de la conducción del SUTNA y la agrupación Granate en Fate y militantes del PTS en el Frente de Izquierda Unidad con donaciones de mercadería. Expresaron su apoyo, además, trabajadores del Parque de la Costa. Desde La Izquierda Diario acompañamos informando y dándole voz a los vecinos.

Recibieron el apoyo también de otras luchas por la vivienda digna como la de Guernica y la de Barrio Stone en Escobar, como también de organizaciones y personalidades de Derechos Humanos. Estuve presente el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y la nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, María Victoria Moyano Artigas, se solidarizó con las familias. A su vez, durante la semana, una delegación del Suteba Tigre se acercó a la toma e hizo una donación de alimentos y víveres.

Cabe destacar que las agrupaciones que tienen trabajo político en el barrio, como La Cámpora o el Movimiento Evita, solo se acercaron para que los vecinos acepten la propuesta del Estado, lo cual fueron mal recibidos y echados.

Los propios vecinos pusieron una olla popular común para todos.

El pasado lunes el Estado, viendo que un sector seguía firme en la toma, decidió cambiar la oferta y ofrecerles -de forma individual para dividir y de palabra (el acta sigue siendo la misma) a las familias que quedaban- la construcción de casillas para el que no la tiene o materiales como chapas, tirantes y placas para la construcción o ampliación de quienes tienen lugar o solo el subsidio.

En este acuerdo el gobierno no garantiza los terrenos, que los vecinos tienen que obtenerlos con la solidaridad de otros que les ceden partes de sus ya pequeños terrenos en un barrio que, como es de público conocimiento, viven casi tres mil familias en condiciones de hacinamiento.

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Este cambio en la propuesta se dio con cambios de los funcionarios que negociaban, con la fecha de desalojo y la amenaza policial encima y el compromiso del municipio a través de una funcionaria que vive en el barrio.

Este martes fueron entregados materiales solo a 3 familias de las acordadas. Lo que llegaron fueron chapas, tirantes y placas de durlock, sin aberturas, ni conexiones para realizar las instalaciones de los servicios de luz y agua. Mientras, el resto sigue esperando y alerta ante posibles maniobras del Estado.

Este sector de familias, manteniendo la unidad hasta y permaneciendo hasta el final,
si bien no pudieron quedarse en los edificios, lograron una mejor oferta de la inicial, pero las respuestas del gobierno están lejos de garantizar una vivienda digna para estas familias, y mucho menos para el resto de las cien familias a las que solo les prometieron un subsidio de palabra, en un barrio con muchas carencias en donde el Estado solo reparte comida y pide votos. La incipiente organización de trabajadores del barrio, con muchas mujeres jóvenes a la cabeza, fue un primer paso en la pelea por una vivienda digna que tiene que seguir en unidad con las familias de Guernica y el resto de las tomas que convocan a unificar la pelea por techo y vivienda este 26 de noviembre con un corte en Puente Pueyrredón.







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