Política Bolivia

CORONAVIRUS EN BOLIVIA

Atropello a los Derechos Humanos en Cuarentena

Con el coronavirus la situación ya bastante reaccionaria, desde el golpe, ha pegado un salto. Con una cuarentena militarizada y sin medidas de bioseguridad ni test masivos, se viene criminalizando la pobreza y el hambre. Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal (ProDHCre), exigimos medidas urgentes para que esta crisis la paguen los ricos y no las y los trabajadores ni el pueblo pobre y ¡basta de represión y de criminalizar el hambre!

Karem Calix

Abogada y miembro del ProDCHre (Profesionales por los DD.HH y contra la Represión Estatal)

Miércoles 6 de mayo | Edición del día

Foto: EFE

Si bien no se puede olvidar las muchas vulneraciones a los derechos humanos en el pasado Gobierno de Evo Morales, casos como en Chaparina, Achacachi, las represiones a las huelgas por pensiones de la COB el 2013 y el asesinato a Jhonatan Quispe en la UPEA entre otros, es innegable que iniciada la crisis política del pasado año, que desembocó en el golpe de estado, el nivel represivo está en ascenso. En noviembre, en apenas una semana, se dieron 3 masacres, Ovejuyo (zona Sur de La Paz), Sacaba y la de Senkata, es la de Senkata, esto mientras regía el DS. 4078 que eximió de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas por estos asesinatos. Junto con ello, también en tiempo récord se produjeron cientos de detenciones arbitrarias por supuestos delito de “sedición” y las consiguientes denuncias contra el Estado por tortura física y mental.

Es en este contexto, altamente represivo, que llega la pandemia del Covid-19 al país y en el que, el 26 de marzo, se declaraba “Emergencia Sanitaria” con cuarentena total mediante DS 4200 que dentro de sus disposiciones, en su artículo 13, establece que quienes incumplen la cuarentena podrían ser acusados por delitos contra la salud pública y podrían ser “pasibles a la privación de libertad de uno (1) a diez (10) años, conforme lo dispuesto por el Código Penal” (art. 13; parf. V). Entre otras disposiciones se prohíbe circular en las calles en horarios no permitidos, la organización de reuniones sociales y políticas, pero también está prohibido realizar “manifestaciones” (art. 4 inc. c) y desinformar a la población (art. 13; parf. II).

Sin embargo, en ningún punto aclara que se considera “desinformar” y que tipo de “manifestación” está prohibida. Así mismo otorga a las Fuerzas Armadas y la Policía realizar medidas coercitivas contra la población. En tan solo las últimas semanas se registraron las siguientes detenciones, según la información recaudada por prensa:

  •  Aproximadamente 67 personas fueron arrestadas por supuestamente “desinformar”.
  •  Detención de Mauricio Jara, que según el informe brindado a medios de comunicaron, fue acusado por pertenecer a grupos de Whatsapp, Facebook afines al MAS, por declararse “masista” y por asegurar que en Senkata y Sacaba se produjeron masacres.

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    En estos casos se evidencia la vulneración al derecho fundamental de libertad de expresión por tanto es un atentado directo a la dignidad humana pues este derecho sostiene la libertad de un individuo o una comunidad para expresar sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción. Éste es un derecho fundamental que se encuentra señalado en el artículo 19 de la Declaración de Derechos humanos desde 1789 y en nuestra legislación se encuentran protegidas por el parágrafo II; artículo 106 de la Constitución Política del Estado.

    Descontento general de la población y más represión

    El jueves 30 de abril la población de los sectores más empobrecidos hicieron sonar desde petardos hasta ollas desde sus casas. Aunque en un inicio la convocatoria fue emitida por el MAS con la principal consigna de #EleccionesYa, mostrando que su prioridad son las elecciones, la población aprovechó la oportunidad para mostrar el descontento que se tiene a las políticas tomadas por el actual Gobierno, que termina favoreciendo a los grandes empresarios y la banca y orilla a miles de personas a escoger entre morir por Covid-19 o por hambre.

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    Los hechos más indignantes y repudiables son que a la fecha se han registrado tres
    suicidios por hambre en el país. Fueron dos menores de edad y un hombre, padre de 8 hijos, que por desesperación se vieron empujados a quitarse la vida antes de seguir aguantando el dolor por hambre. Esto es un crimen social.

    En un país donde más del 60% de su población vive del comercio informal y el 16% se encuentra en la línea de pobreza extrema, el descontento y la acción política se eleva por sobretodo en contra del hambre. Las medidas del Gobierno prometen dar bonos miserables de 500 bolivianos después de más de ¡40 días de cuarentena!, pero esto es absolutamente insuficiente para cientos de miles familias que viven al día.

    Frente a la desesperación por cobrar estos bonos la gente humilde se ve en la urgente necesidad de realizar grandes filas en los bancos para recibir ese dinero. Se ven obligados a movilizarse desde la madrugada, a realizar largas caminatas para llegar al banco y pasar frío en las filas, y hasta arriesgarse a ser arrestados.

    Estos hechos son plena responsabilidad del Estado, que vulnera de forma directa el derecho a la vida, derecho humano del cual dependen los demás derechos constituidos, y sobre todo del que depende la existencia misma de las personas. Hoy esta existencia se encuentra en mayor riesgo por las políticas cada vez más represivas que reducen el problema a factores electorales y desconocen y/o eligen hacer la vista gorda a la realidad socioeconómica de la gran mayoría de las y los trabajadores y del pueblo pobre.

    Mientras tanto, desde el autoproclamado Gobierno de transición, se invierte dinero de las y los trabajadores para salvar a la banca y se invierten fondos del Tesoro General de la Nación para aumentar el presupuesto del ministerio de Defensa. Un ejemplo de ello lo vimos recién con el DS. 4230 que otorga a las fuerzas represivas un monto mayor a 16 millones de bolivianos.

    Pero son incapaces de presupuestar para la inversión en testos masivos de detección temprana del COVID-19 única forma que permitiría realizar un plan de emergencia sanitaria real, donde se aisle a los asintomáticos y se trabaje sobre áreas de mayor contagio.

    Se presupuesta para reprimir a quien se “manifieste” en contra de las políticas inhumanas y represivas del Gobierno o “desinforme” al exigir mayor presupuesto para salud, pero no realizan acciones urgentes como la centralización del sistema público y privado de salud. Hace un tiempo atrás el alcalde de La Paz, Revilla, llegó a plantear algo así, pero no deja de ser palabrería por la obvia censura de clínicas privadas que prefieren obtener ganancias antes de proteger el derecho a la vida y la salud. Y no olvidemos que el mismo Revilla luego terminó alquilando por cifras millonarias un hotel para albergar a personas con síntomas leves de coronavirus.

    Dejan en completa indefensión a los trabajadores y trabajadoras de salud quienes son la primera línea contra el coronavirus, y quienes por responsabilidad directa del Estado están batiéndose la vida contra esta pandemia sin los necesarios insumos de bioseguridad y demás equipo necesario.

    En todo este tiempo el MAS con sus 2/3 de bancada parlamentaria, no ha movido ni un solo proyecto de ley de forma seria para proteger a esa población vulnerable que significa además el grueso de su electorado. Se conforman con los bonos de 500 bolivianos y retroceden ante la política cada vez más represiva contra la población aun cuando ésta se declara militante o afín a su partido.

    El MAS solo promete, con fines electorales, a través de su candidato, Arce Catadora, la implementación de un salario mínimo nacional para familias de bajos recursos, lo cual significaría verdaderamente un apoyo a miles de familias que no cuentan si quiera con capacidad ahorrativa y para quienes sus ahorros se ven disminuidos y hasta agotados en esta cuarentena. Pero hasta ahora sus parlamentarios no aprueban nada de esto. Desde antes y hasta ahora, el MAS y sus 2/3 solo negocian con los golpistas.

    Así también las organizaciones de derechos como la APDHB, han sido reducidas a punto tal que no se pronunciaron en contra de vulneraciones tan flagrantes como por ejemplo los masacres de Ovejuyo, Senkata y Sacaba, que fueron ya comprobadas por la CIDH. No se pronuncian tampoco por el arresto arbitrario de 68 personas por “ciberpatrullaje” ni por el arresto de Jara por reconocerse como afín al MAS. Al parecer esta y otras organizaciones que dicen defender los derechos humanos están en cuarentena desde noviembre.

    Para nosotros la defensa de los derechos humanos no pasa solo por lo legal y formal, sino que también es político, de interpelación directa al sistema capitalista y al Estado burgués en el que vivimos que ha demostrado ser completamente barbárico, con tal de proteger los intereses de grandes empresas y la banca, avasallando los derechos. Nuestra salida no pasa por exigir o no elecciones prontas, pues las personas no se alimentan de elecciones o promesas vacías. Sin embargo, defendemos el derecho democrático del pueblo a elegir sus representantes, más aún contra un régimen ilegítimo, autonombrado.

    Por todo esto, para nosotros quiénes impulsamos el ProDCHre (Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal), la defensa de los derechos humanos hoy pasa por una serie de acciones que necesariamente respondan a la crisis de socio salubridad pero también pensando en el escenario de represión que estamos viviendo desde el año pasado y para enfrentar los duros golpes que vienen en adelante, como producto de la crisis económica en marcha. En ese sentido planteamos lo siguiente:

    • Pelear por el derecho a la vida, es pelear por condiciones óptimas de bioseguridad para todas y todos los trabajadores de los rubros esenciales, como salud, alimentación, servicios, limpieza etc. Por ello exigimos #TestMasivoYa así como la #DotaciónDeInsumosMasivosDebioseguridadYa
    • Pelear por la libertad de expresión, es exigir que se deroguen los decretos que la coartan y denunciar hechos brutales como las aprehensiones por ciberpatrullaje.
    • Nosotras demandamos que todos los recursos que van destinados a represión, vayan en su lugar a garantizar la salud de los y las millones de trabajadores del campo y la ciudad y para los sectores más humildes dle país.
    • Los recursos sí existen, por ello, también exigimos que en lugar de destinar más y más fondos en salvar a las empresas y a la banca, se destinen todos esos fondos a salud.
    • No hay salida racional a esta crisis, sin tocar los intereses de quienes acumulan millones mientras el pueblo pasa hambre: pelear por los derechos humanos, no puede significar no pelear contra esta desigualdad y mucho más en un contexto crítico como la pandemia.
    • Por eso exigimos impuestos progresivos a las grandes ganancias para cubrir todas las necesidades sociales.






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