Géneros y Sexualidades

ABORTO LEGAL

Bajo el gobierno de Fernando Espinoza, una muerta más por aborto clandestino

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunció una nueva muerte por aborto clandestino. El aborto legal sigue siendo urgente, en el municipio de La Matanza, donde su intendente tiene un acuerdo con las iglesias evangélicas.

Alina Baena

Psicóloga - Programa médicos comunitarios

Martes 23 de junio | 21:09

El 19 de junio, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Llegal emitió un comunicado donde denunció la muerte de B., una mujer de 41 años un mes atrás.

B. ingresó al Hospital Materno Infantil Teresa Germani, en la localidad de Laferrere, con fiebre y una hemorragia severa. Luego de una intervención para frenar la hemorragia fue derivada al Hospital Simplemente Evita, de González Catán donde finalmente falleció producto de un paro cardíaco el 19 de mayo.

El mismo día que se conoció esta noticia (un mes después), el presidente Alberto Fernandez declaraba que, "prefería postergar el debate al derecho al aborto hasta que se termine la pandemia". La muerte de B., evidencia la urgencia de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), contemplado por el protocolo al que adhirió la Provincia de Buenos Aires el 10 de enero de este año y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en hospitales y centros de salud.

Se estima que en la Argentina, se realizan cerca de 450.000 abortos al año, siendo en su gran mayoría en la clandestinidad, lo que constituye un riesgo para la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deben acceder a esta práctica de manera clandestina donde se pone en riesgo la salud, y son cientas las que mueren anualmente. La muerte de Ivana Micaela en Formosa en abril pasado es uno de los casos que llegan a los medios para confirmar esa realidad.

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Es en el comunicado de la Campaña que afirman, "(...) en este contexto no cuentan con medicación, ni con reconocimiento institucional, a la vez que sufren hostigamiento y persecución para garantizar este derecho. Explicando que esta situación es expulsiva para quienes necesiten acceder a una interrupción Legal del embarazo y empuja a las personas a la clandestinidad."

La muerte de B. se podía evitar. En el contexto de la pandemia de Covid-19, la saturación del sistema de salud pública y la clandestinidad dificultan el acceso a un derecho existente, que los sectores conservadores intentan bloquear cada vez que pueden. En este sentido, las puertas que abrió a las iglesias Verónica Magario, exintendenta de La Matanza y hoy vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires solo aumenta la influencia de esos sectores.

En su intendencia se soldó una alianza muy cercana con las iglesias: creó la subsecretaria de culto, a cargo de Gabriel Cuillan, y estableció junto con Fernando Espinoza el día de las Iglesias Evangélicas. Sin ir más lejos, en el día de hoy el intendente Fernando Espinoza, junto con varios de sus secretarios recibieron a pastores de las iglesias evangélicas, a los que consideran un pilar importante dentro de los barrios, manteniendo la línea con su antecesora.

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En medio de la crisis sanitaria provocada por el el COVID-19, se vuelve indispensable el acceso a métodos anticonceptivos y a que se garantice el protocolo votado en la misma provincia de Buenos Aires. El acceso al aborto legal es parte integral de la salud de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

El reconocimiento de la salud sexual y reproductiva como un servicio esencial es una medida básica e indispensable para la salud integral de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Mientras la interrupción voluntaria del embarazo esté criminalizada y la mayoría de los abortos sean en condiciones inseguras, cualquier crisis sanitaria solo representará mayores riesgos para la salud de las mujeres.







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