Política Bolivia

CON EVO MORALES INHABILITADO

Bolivia va a elecciones entre rumores de fraude y militarización

El domingo 6 de septiembre comenzó la campaña electoral rumbo a las elecciones de octubre, en un clima de creciente polarización social y política. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) inhabilitó a Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba. Las y los trabajadores deben discutir cómo construir una herramienta política propia.

Javo Ferreira

Militante de la LOR-CI

Martes 8 de septiembre | 16:25

Foto: redes sociales

A 42 días del 18 de octubre, día fijado para los comicios nacionales, se dio inicio oficial a las campañas electorales. Esta fecha aparentemente ya no se moverá debido a las negociaciones entre el MAS y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de los 12 días de la rebelión anti-golpista de agosto que pusieron un límite a la voluntad prorroguista del Gobierno golpista.

Aunque las elecciones ya estaban instaladas desde diciembre, este tramo final aumentará la polarización política y la intensidad de los ataques entre el MAS y el bloque golpista. Por otra parte, ayer lunes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó, por dos votos contra uno, el amparo constitucional interpuesto por el ex presidente Evo Morales para poder integrar las listas de candidatos del MAS a senador por Cochabamba arguyendo no cumplir con los requisitos establecidos por ley que ponen como clausula vivir en ese departamento toda vez que Morales radica en Argentina desde noviembre pasado.

Hoy es el mismo Órgano Judicial construido por el MAS, en sus 14 años de Gobierno, que aplica las mismas normas elaboradas por ellos mismos para arrinconar a sus opositores de antaño contra Morales y su partido. Evo Morales en una breve conferencia de prensa emitida por la Estrella TV desde Argentina, señaló como ilegal la determinación del TCP, pero afirmó que respetará la decisión emitida.

El mismo día en que se oficializa el inicio de la campaña electoral, se publicaron nuevas encuestas, esta vez de la empresa CIESMORI, que ponen a Luis Arce Catacora, candidato presidenciable por el MAS, como favorito con un 26,2% seguido por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) con un 17% y más atrás se encuentra Áñez con 10%, Camacho con 6,9% y el resto del bloque golpista de noviembre mucho más atrás. Lo llamativo de esta encuesta es que afirma la existencia de casi un 30% de personas que no respondieron o no definieron su voto aun, lo que pone un gran signo de interrogación de lo que pueda suceder ese día al tratarse de aproximadamente 2 millones de electores. También esta encuesta plantea que si Áñez saliera segunda ante el MAS y hubiera segunda vuelta, ganaría el MAS, pero si Carlos Mesa saliera segundo este sería el ganador en una eventual segunda vuelta lo que ha disparado las discusiones al interior del bloque derechista para forjar la unidad que les permita vencer al MAS.

Las primeras consecuencias se han hecho sentir al interior de “Creemos”, el frente constituido por Luis Fernando Camacho y Marco Pumari que acaban de perder el apoyo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que, en Santa Cruz, ha decidido respaldar la fórmula de Carlos Mesa. Por otro lado, la caída en las encuestas de “Juntos” se explica en gran medida por la desastrosa gestión de Áñez de la pandemia que según una publicación del New York Times de la semana pasada y replicada ayer lunes por Página 7, existirían 20 mil muertos más, entre marzo y agosto, que el promedio con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que revela el impacto del COVID-19 y que contrasta con los datos oficiales que llegan a menos de un tercio de estas cifras. Por otro lado, la gestión de la crisis social y económica es otro agujero negro del Gobierno de Áñez, donde se ha disparado con cientos de miles de despidos, rebajas salariales y recortes de derechos.

Todo esto pareciera que puede alentar un fortalecimiento del MAS en estas elecciones, sin embargo la polarización y el manejo público de un supuesto caso de estupro que involucraría a Evo Morales podría debilitar a este partido aumentando las incógnitas de estas elecciones. El brutal manejo machista y patriarcal por parte del bloque golpista que permitió que la policía entregara información a la prensa sin el consentimiento de la supuesta víctima de estupro, e incluso con denuncias de que esta información se habría obtenido mediante torturas, pone en evidencia que en esta contienda electoral no hay ningún tipo de límites.

Puedes ver Repudio a la violencia y revictimización contra posible víctima de estupro de Morales, de parte de la policía, medios y autoridades

Las perspectivas para el próximo gobierno sea cual sea el que logre ganar las elecciones serán sumamente difíciles, ya que no solo está presente una profunda inestabilidad política producto de esta polarización social que ha llegado para quedarse, sino por el grave escenario que plantea la crisis económica y donde incluso Carlos Mesa llegó a afirmar la necesidad de un “gobierno legítimo” y que construya un pacto o un acuerdo de Unidad Nacional ante lo que considera el ingreso del país a una de las crisis económicas más profundas de nuestra historia, superior a la que vivió el país durante la híper inflación de la UDP (Unión Democrática Popular) en los años 80.

Estas perspectivas de crisis que reciben las influencias de la creciente disputa geopolítica en Latinoamérica donde el imperialismo norteamericano viene intentando consolidar su control sobre el conjunto del continente como se expresa en el respaldo a los sectores abiertamente proimperialistas y derechistas. También se combinan con la emergencia de un poderoso proceso de movilización en EE.UU con el movimiento Black Lives Matter. Estas movilizaciones que están extendiendo la lucha contra el racismo y debilitando al imperialismo norteamericano, aumentan las incógnitas de los próximos meses pero asegura, de manera contradictoria, el desarrollo de mayores tendencias a la lucha de clases en nuestro país y también en la región.

Elecciones del 18 de octubre: cada vez menos democráticas y transparentes

El golpe de Estado, de octubre-noviembre del 2019, fue el intento por parte de la burguesía y el imperialismo de modificar la relación de fuerzas entre las clases apoyándose en las enormes concesiones que durante años el MAS realizó a las clases dominantes. Empezó con las FF.AA y todo el aparato represivo del Estado, financiando todos sus pedidos y embelleciéndolos como antiimperialistas; continuó con el empresariado y la agroindustria otorgándoles importantes beneficios económicos y legales y mantuvo vigentes leyes y normas anti-obreras heredadas del ciclo neoliberal como el estatuto del funcionario público, la tremenda precarización de los trabajadores de salud y cooptando y estatizando las organizaciones sindicales que se revelaron impotentes para enfrentar el curso de los acontecimientos.

El movimiento golpista se presentó a sí mismo como un movimiento cívico “democrático” y “antifraude” enarbolando las banderas que el MAS le entregó en bandeja luego de desplegar un creciente bonapartismo y autoritarismo en el que se judicializó a dirigentes sindicales opositores, se reprimió duramente a los sectores que se encontraban en conflictos como en el TIPNIS, Caranavi, ENATEX, los cocaleros de La Paz, los estudiantes de la UPEA (Universidad Pública de El Alto) y un largo etcétera, llegando al extremo de desconocer los resultados del referéndum del 21F mediante una maniobra judicial.

Es sobre esta base que se desarrolla la asonada derechista de noviembre y la convocatoria a nuevas elecciones consensuadas entre el MAS y la camarilla gobernante de Áñez y todo el bloque golpista. Las elecciones del 18 de octubre se dan en un nuevo escenario y con nuevos protagonistas. Por un lado la presencia y el peso de las FF.AA y la policía en la vida política del país ha alcanzado un lugar central luego de las masacres de Ovejuyo, Sacaba y Senkata, llegando incluso a aprobar semanas atrás los ascensos a generales y otros rangos superiores, sin la aprobación y contra la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Las amenazas de un posible cierre de la ALP que vertió el comandante de las FF.AA., Sergio Orellana, hace varias semanas y las denuncias de la preparación de un eventual auto-golpe de Estado por parte de Eva Copa, presidenta del senado, han sembrado la duda si estas instituciones respetarán los resultados electorales si los mismos no se ajustan a sus intereses.

Por otro lado estas elecciones se dan en el marco de la persecución política y judicial que se abatió sobre dirigentes del MAS y activistas vinculados a los últimos conflictos desarrollados en el país y donde aún hoy, algunos sectores de la extrema derecha acarician la posibilidad de la eliminación del MAS de la contienda electoral mediante la proscripción de su sigla con normas que el MAS aplicó contra sus opositores. La polarización política en un clima enrarecido y fluido está alimentando los rumores de un posible fraude electoral que busque escamotear una posible victoria del MAS.

Esta creciente desconfianza aumenta luego del acuerdo firmado por el TSE para dejar en manos de la policía y las FF.AA -instituciones claves para comprender el golpe de Estado de noviembre- el traslado de actas y urnas para el día de los comicios.

Es en este escenario reaccionario que las elecciones se desarrollarán; sobre la base de la ley 1096 aprobada por el MAS el 1 de septiembre del 2018, que eliminó la posibilidad de presentación a las elecciones de agrupaciones ciudadanas que solo quedan reducidas a la intervención en el ámbito municipal. Esta ley también obstaculizó la posibilidad de surgimiento de nuevas agrupaciones y frentes electorales al acortar en casi un año el tiempo que se tenía para obtener la correspondiente personería jurídica, limitando aún más los ya estrechos márgenes de participación en los mecanismos de la democracia liberal.

Desde la LOR-CI (Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional), que el 2018 veníamos impulsando junto a compañeros y compañeras independientes la tramitación de la Alternativa Anticapitalista de las y los Trabajadores (AAT), fuimos sorprendidos con la ley 1096 y la maniobra antidemocrática del MAS de impedir la participación de organizaciones y agrupaciones independientes y de los trabajadores.

Por todo esto las y los trabajadores lamentablemente en estas elecciones, como las que se dieron en octubre del año pasado, no podrán tener una alternativa independiente, consecuentemente anticapitalista y revolucionaria que pueda levantar la voz en estas elecciones contra los ataques que los empresarios y todo el bloque golpista vienen impulsando contra el pueblo trabajador. Sin embargo, estamos convencidos que las y los trabajadores y el pueblo vienen realizando un acelerado aprendizaje con la política conciliadora del MAS, aprendizaje que continuará en la medida que la crisis empuje a las y los trabajadores y el pueblo en forma creciente a las calles.

Es por esta razón que llamamos a las y los trabajadores del campo y la ciudad, a los estudiantes, al movimiento indígena y campesino, a las mujeres y a las diversidades sexuales a no bajar la guardia ante posibles nuevas intentonas derechistas y golpistas, así como a recuperar nuestras organizaciones sindicales y todas nuestras instancias de autoorganización de las manos de los burócratas sindicales corrompidos e impulsar la coordinación de todos los sectores en lucha.

Los y las llamamos a poner manos a la obra en la lucha por la salud, la educación y el trabajo, demandas que solo pueden ser satisfechas afectando los intereses y la propiedad de los ricos y los capitalistas. Los llamamos a tomar partido y empezar a discutir cómo construir una herramienta política genuinamente anticapitalista, revolucionaria y socialista, no solo para los procesos electorales, sino para los próximos combates que indudablemente deberemos llevar gobierne quien gobierne.







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