Géneros y Sexualidades

DERECHO AL ABORTO

Bregman sobre aborto: "Se le ha dado a la derecha un poder de veto sorprendente"

Con la pandemia, la ilegalidad del aborto se convirtió en un problema de salud pública aún más agudo. Junto con esto, la criminalización y la avanzada de los sectores antiderechos intenta imponer su poder de veto sobre las mujeres. Dura crítica de Myriam Bregman por sus consecuencias en Argentina.

Sol Bajar

@Sol_Bajar

Sábado 22 de agosto | 15:44

América Latina es la región del mundo que más criminaliza el acceso a la interrupción de los embarazos no deseados y la que tiene las tasas de aborto más altas del mundo. Lo señalaba este viernes la antropóloga e investigadora Debora Diniz, de la facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, en una de las varias entrevistas brindadas en Brasil a partir del caso de una niña de 10 años, a la que se intentó impedir el acceso a este derecho.

Un estudio de Celag, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, lo analiza también en su informe sobre La cuestión del aborto en América Latina y lo sintetiza en una didáctica infografía que muestra las condicciones para el acceso en la región, país por país, que compartimos abajo.

Podés ver: Soledad Deza: "Cada vez que se activa la maquinaria punitiva para castigar un aborto, hay violencia estatal"

Como muestra ese informe, aún con sus diferencias, las legislaciones de muchos contemplan el acceso a este derecho bajo el régimen de causales, como la violación o el riesgo de vida y/o de salud de la persona gestante. Sin embargo, aún en estos casos, el acceso a ese derecho elemental encuentra impedimentos, y esos impedimentos provienen siempre del mismo lado: los llamados sectores "antiderechos".

En Brasil, donde también existe, con sus particularidades, el régimen de causales, las acciones que impulsaron estos sectores junto a funcionarios del gobierno de Bolsonaro, para intentar impedir que esa niña acceda al aborto no punible, son otra muestra.

Podés leer: Bolsonaristas y antiderechos quisieron impedir el aborto a niña de 10 años

Poder de veto

El repudiable accionar de funcionarios y grupos fundamentalistas de Brasil, que traspasó las fronteras, volvió a reabrir el debate también en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández dijo que “no es momento” de avanzar en la legalización de la práctica, como exige desde hace 15 años el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.

En una entrevista que brindó recientemente a periodistas de varias provincias, por Radio Nacional, Myriam Bregman se refirió al tema. "Yo comparto la opinión de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y sostengo que el debate está hecho. El debate se hizo sobradamente, ahora lo que hay que tomar es una decisión política", sostuvo, y recordó que "durante la campaña electoral la mayor parte de los candidatos que decían que de acceder a la presidencia iban a contemplar el derecho al aborto, incluído Alberto Fernández, lo señalaban a este derecho como en el marco de un derecho a la salud pública".

"Si es un tema de salud pública no puede esperar, en ningún caso, porque durante la pandemia siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos", dijo, y destacó que "con esto de demorar el envío al Congreso Nacional" del proyecto anunciado por Alberto Fernández, el 10 de marzo pasado, "se está concediendo más poder a los sectores más reaccionarios, a los sectores antiderechos, que se pronuncian contra nuestra pelea histórica".

El "poder de veto" que tienen estos sectores, aún con todas las diferencias que existen en relación a su peso en el país hermano, es para considerar. "Si vemos la marcha de la derecha que realizó este 17 de agosto, veíamos incluso carteles que reivindicaban al patriarcado. Puede parecer un poco exótico, pero siguen existiendo sectores que hasta se animan a hacer una bandera con eso".

Podés leer: Dinosaurios vivos: la participación de los antiderechos en las movilizaciones del 17A

"Se ha entrado en una lógca muy peligrosa por supuesto, pero muy terrible ante todo para las necersidades de los sectores populares, que es que se le ha dado a esta derecha, no muy numerosa en la calle pero sí muy vociferante y bochinchera, se le ha dado un poder de veto".

El mecanismo es claro, señala Bregman, y da dos ejemplos: "la derecha, junto con la Iglesia y otros sectore, que se trate el derecho al aborto, se lo posterga; la derecha no quiere que se hable de las empresas que se aprovecharon de los beneficios, y actúa como un poder de veto: el gobierno cede, retrocede, y de eso no se habla más".

Es ahora

Un estudio reciente del Instituto Guttmacher sustiene que son aproximadamente 121 millones de embarazos no planificados, no deseados, los que ocurrieron cada año, entre 2015 y 2019. De estos embarazos, el 61% terminó en aborto, lo que se traduce en 73 millones de abortos cada año. Las restricciones impuestas por el aislamiento social y las consecuencias del desfinanciamiento de los sistemas de salud, impactan directamente sobre los derechos sxuales y reproductivos.

Lo dice tambien el Fondo de Población de la ONU, que advirtió que las potenciales interrupciones en el acceso a estos servicios podrían traducirse en dos millones más de mujeres sin acceso a anticonceptivos en el mundo. Un retroceso que podría ser el más grande de los últimos 30 años, período en el que las usuarias de anticonceptivos pasaron de 470 a 840 millones (casi el doble) en todo el planeta.

La clandestinidad y la criminalización del aborto no salvan vidas. El derecho a la interrupción voluntaria de los embarazos no deseados, la legalización del aborto, junto al acceso a la educación sexual integral, a los anticonceptivos gratiutos y la inmediata separación de las Iglesias del Estado no puede esperar más. Las vidas de las mujeres y de las personas gestantes, importan.

El martes próximo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y Gratuito de la Ciudad de Buenos Aires convoca a un nuevo martes verdes “virtual”, a trtavés de su canal de youtube, para seguir exigiendo aborto legal YA e inmediata separación de las iglesias del Estado.







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