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OPINIÓN

Bruglia, Bertuzzi y un fallo de la Corte a medida del “acuerdo nacional”

La decisión del máximo tribunal sobre el traslado de los jueces llegó después de la carta de CFK y de la reunión entre grandes empresarios -como Héctor Magnetto-y el ministro Guzmán.

Eduardo Castilla

@castillaeduardo

Martes 3 de noviembre de 2020 | 16:40

Todo fallo judicial es político. Máxime si la autoría le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, institución oligárquica como pocas, gendarme permanente de la dominación social del gran capital.

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Reinterpretando sus propias acordadas de 2018, este martes el máximo tribunal determinó que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sigan ocupando los cargos actuales, aunque solo de manera provisoria. Definió, además, que no existen los traslados definitivos sin pasar por el correspondiente concurso. Ocupando el lugar de árbitro bonapartista que el régimen le reserva, apuró además al Consejo de la Magistratura para que dé inicio a los concursos destinados a cubrir las vacantes en la Sala I de la Cámara Federal porteña. En el mismo sentido, exhortó al Congreso Nacional a tratar una ley que regule el modo en que deben hacerse los traslados de magistrados.

El grito de “traidores” resonó en las afueras del edificio de Tribunales federales ubicado en el barrio porteño de Retiro. Sectores de las clases medias que hicieron banderazos por los dos jueces se sintieron estafados por una Corte a la que habían vivado apenas 5 semanas atrás. Los mismos Bruglia y Bertuzzi hicieron trascender en los medios que consideraban el fallo “una derrota”.

La decisión del máximo tribunal se inscribe en un contexto político bastante distinto de aquel en que la Corte aceptó el pedido de per saltum solicitado por ambos magistrados.

Los más de 30 días transcurridos vieron un salto exponencial en la especulación ligada al dólar, así como la impotencia oficial para domar a la divisa norteamericana. Vieron, también, el agravamiento de la crisis social y económica en escala geométrica.

Pero, asimismo, estas semanas permitieron presenciar el giro a la derecha del oficialismo, intentando avanzar en una política de negociaciones y acuerdos con el gran empresariado. Una política que encontró su emblema en la carta publicada por Cristina Kirchner en la tarde del 26 de octubre.

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Un texto que, superando la radicalidad discursiva pasada, proponía un “acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina”.

Se entiende que ese llamado también estaba destinado a la Corte Suprema y al Poder Judicial, al que -sin embargo- de le recordaba su cercanía explícita con Macri y el gran poder mediático en los años cambiemitas.

El kirchnerismo no dudó en hacer aún más para mostrar su vocación dialoguista con los grandes poderes fácticos. Los ecos de la carta de Cristina Kirchner llegaron hasta Guernica, bajo la forma de miles de efectivos policiales, tanquetas, helicópteros, balas de gomas y gases.

Axel Kicillof -alguna vez tildado de progresista- envió a un furioso Sergio Berni contra las familias pobres que protagonizaban una masiva recuperación de tierras. El kirchnerismo probó su subordinación abierta a la casta judicial a la que había denunciado hasta pocas semanas antes. El juez Rizzo y el derechista fiscal Condomí Alcorta no pudieron más que sentirse satisfechos.

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A eso hay que añadir otra imagen de los intentos acuerdistas que marcan la escena nacional. La misma se construyó este lunes por la tarde, en los despachos del ministro de Economía Martín Guzmán. La presencia de Héctor Magnetto -una suerte de “hecho maldito” del país kirchnerista- y de Paolo Rocca dicen todo.

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Ese abierto giro a la derecha del oficialismo explica en parte la decisión judicial de este martes. La aceptación del per saltum tuvo lugar el 29 de septiembre. En ese entonces, la coalición gobernante aun hacía flamear tímidamente la bandera de su insípida e incolora “reforma” judicial. En ese entonces, aun duraba el arrastre discursivo de la presentación efectiva del impuesto a las grandes fortunas y del decreto que afectaba a las empresas de telecomunicaciones.

En aquellas semanas, presionada por la oposición patronal y la gran corporación mediática, la Corte Suprema eligió asumir el lugar de árbitro bonapartista que le reserva la Constitución Nacional. Desde allí, se propuso llamar al orden.

Un orden que -como lo muestra la realidad latinoamericana reciente- es siempre contra las grandes mayorías populares por la vía del golpismo o la persecución abierta a los líderes políticos que no responden de manera directa y explícita a los dictados del gran capital imperialista.

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La decisión de la Corte está lejos de significar un acuerdo completo con el oficialismo. En la Argentina de los discursos acuerdistas, cada casta o fracción de clase sigue teniendo sus propios intereses. La argamasa que los empuja a encontrarse está directamente vinculada a avalar un ajuste abierto sobre las grandes mayorías populares.

Lejos, también, está de resignar o ceder en su lugar de árbitro de la política nacional. El mismo fallo, proponiendo ordenar la agenda del Consejo de la Magistratura y el Congreso, lo evidencia.

Este mismo martes, las redes sociales del progresismo se llenaron de algarabía y festejos. Atrás parecen haber quedado las diatribas contra esa oligarquía de la casta judicial. O el recordatorio constante de su rol en todos y cada uno de los golpes de Estado que atraviesan la historia nacional.

La casta judicial, protagonista permanente de la política nacional, ha mantenido intactos sus privilegios que la atan a la dominación capitalista y a la continuidad de su orden social. Si los llamados "republicanos" han sido sus defensores a ultranza, los intitulados "populistas" no han hecho más que cascotearla verbalmente.







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