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Red Internacional

Organizaciones sociales y ambientalistas, vecinos de la región y de diferentes municipios de la provincia, exigieron un plan que dé respuesta a la emergencia ambiental en el territorio bonaerense.

Tomás DirazarEstudiante de ciencias exactas/ UNLP

Sebastián PalmasProfesor de Geografía | Militante de La Marrón Docente en Ensenada

Martes 22 de junio | 16:33

Bajo los lemas “sin justicia ambiental no hay justicia social”, y “no podemos permitir que el ambiente siga siendo destruído”, se hicieron presente decenas de personas para exigir, tanto el Gobierno nacional, como el provincial, la preservación del ambiente y de los habitantes.

La caravana estuvo impulsada por La Red de Áreas Protegidas Urbanas (RAPU), quienes a través de reuniones con diversas organizaciones del AMBA, consensuaron una serie de exigencias y denuncias sobre la falta de políticas ambientales.

La caravana comenzó en la calle 32 entre 118 y 119 en la ciudad de La Plata y luego pasó por diversos puntos políticos identificados como los principales responsables de no llevar los controles adecuados y estar en connivencia con las empresas contaminantes: pasaron por ADA (Autoridad Del Agua), luego OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), y terminaron en la Gobernación.

Además, denunciaron la responsabilidad de los intendentes municipales, COMIREC (El Comité de Cuenca del Río Reconquista), COMILU (Cuenca Del Río Luján), ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), y exigieron que paren la depredación de áreas protegidas y los negocios en espacios naturales.

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Aunque Alberto Fernández discursivamente se preocupe por el cuidado del medioambiente, el Gobierno sigue profundizando y reforzado la matriz extractivista, impulsando la megaminería contaminante, como es el caso de Mendoza y Chubut, la agricultura que depende de agrotóxicos, mientras se encarga de cajonear diversas leyes, como la ley de humedales, producto del lobby empresarial.

Entre las demandas de la movilización se exigió la implementación de políticas de mejoramiento ambiental, la inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones, una ley de reservas urbanas y un plan que dé respuesta a la emergencia ambiental.

Es claro el cambio urgente que se necesita en la Provincia ante el extractivismo urbano, la contaminación industrial, los basurales a cielo abierto, desmontes, incendios, agrotóxicos y otras prácticas más que contaminan barrios y perjudican la salud de miles, con la complicidad del Gobierno de la Provincia, el OPDS y otras instituciones. Ningún ministerio, ni organismo de control empresarial o estatal da respuesta a las demandas, incluso muchos demostraron estar en connivencia con el modelo extractivista.

En este sentido, sólo la movilización de los trabajadores y los vecinos afectados podrán ponerle un freno, con la organización necesaria para decidir qué y cómo producir, de una manera sustentable que preserve el ambiente para las futuras generaciones.




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