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Red Internacional

La querella de Justicia Ya pidió su paso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de una sanción al Estado argentino por la falta de respuesta en la investigación de la desaparición de López. Reproducimos el comunicado.

Jueves 16 de septiembre | 10:16

Este 18 de septiembre se cumplen 15 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, militante social en los ’70, vecino de Los Hornos, sobreviviente del genocidio de la última dictadura y testigo en los juicios contra los genocidas, con cuyo caso se inauguró la figura del ex detenido desaparecido vuelto a desaparecer.

Son 15 años de impunidad y encubrimiento. Hace 7 años desde la querella de Justicia Ya La Plata llevamos la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sigue sin dar una respuesta. En estas horas nos reunimos con integrantes de la CIDH para pedir el pase del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de una sanción al Estado argentino por la falta de respuesta.

En mayo de 2014, hace ya 7 años y por el estancamiento de la investigación del caso de Jorge Julio López en la justicia federal argentina, desde el colectivo Justicia Ya! La Plata realizamos una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por el secuestro y la segunda desaparición forzada del compañero, ocurrida el 18 de septiembre de 2006.

La denuncia solicitó se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso Jorge Julio López, desaparecido por segunda vez, en las vísperas de los alegatos del primer juicio oral, en el que fue condenado (con sentencia firme) por primera vez el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director General de Investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura. López fue un testigo fundamental para probar los crímenes cometidos por Etchecolatz y otros represores de la bonaerense en los campos de Arana, las Comisaría 5ta y 8va y la Unidad 9.

Durante estos 15 años de impunidad en el caso los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, con sus gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, el de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal y el de Alberto Fernández con Axel Kicillof, nunca impulsaron políticas concretas que permitieran el avance en la investigación. Ellos, junto a los distintos jueces que pasearon la causa, primero en la justicia provincial y luego la federal, construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad.

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Durante los 3 primeros meses la Jueza de Garantías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri investigaron la causa como si se tratase de un extravío o una ausencia voluntaria, desconociendo el planteo de los organismos, que señalamos que se trataba de un secuestro político. Cuando por fin logramos que se reconozca que hubo una desaparición forzada, la causa, pasó en distintas etapas a manos de los jueces federales Manuel Humberto Blanco, Arnaldo Corazza y ahora Kreplak.

La “investigación” federal solo agregó miles de fojas inconducentes en la causa: realizaron allanamientos pre avisados y con el tiempo suficiente para hacer desaparecer cualquier pista útil para hallar a López, o dar con los instigadores y autores materiales de su desaparición, promovieron búsquedas alocadas inducidas por videntes, apuntaron al entorno de la víctima y a los organismos que habíamos acompañado al testigo. Pero esencialmente jamás profundizaron las pistas que iban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario y mucho menos indagaron a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz.

Llevado el caso al sistema interamericano, el 5 de septiembre de 2017 se nos informó que la CIDH corría traslado de nuestra denuncia al Estado Argentino. El 16 de febrero de 2018 nos notificó su respuesta: “iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en el presente caso conforme lo establecido por el artículo 48(1) (f) de la Convención”. Durante la gestión de Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara.

Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la “solución amistosa” a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes.

En una reciente entrevista con integrantes de la Comisión Interamericana expresamos nuestra exigencia de que el caso sea elevado a la Corte Interamericana en busca de una sanción al Estado argentino por la falta de respuesta. La experiencia vivida recientemente en el debate por la causa residual de los CCD de Arana, donde se proyectó el testimonio de López de 2006 y el de Nilda Eloy de 2012, nos llena de indignación. Porque es el propio Estado argentino el que tardó casi medio siglo en juzgar el Genocidio de la última dictadura y sigue sin dar respuesta cuando nuestros compañeros y compañeras mueren sin llegar a un mínimo de lo que nos prometen como Justicia, como sucedió con las compañeras Adriana Calvo, Nilda Eloy y Cristina Gioglio, o bien son nuevamente desaparecidos como en el caso de López.

Ese juicio por 7 casos de Arana, incluido el del propio López (en ausencia por desaparición forzada en democracia), llega justo a 18 años de anuladas las leyes de impunidad, a 15 años de la segunda desaparición de López y con el represor Julio César Garachico con una cómoda prisión domiciliaria. Garachico había sido mencionado por López en el debate oral de 2006, tras lo cual se mudó de su casa de Puerto Madryn, localidad donde administraba un casino. Fue detenido recién 6 años después, pero al ser procesado logró la domiciliaria en calle Nápoles 3626 de Mar del Plata en noviembre de 2017.

En aquella oportunidad López mencionó a otros 19 represores de la Brigada de Investigaciones, de los campos de Arana, de Comisaría 5ta, de Comisaría 8va y de Unidad 9 como Manuel Aguiar, Carlos Roberto Urcola, Carlos Ramón Gómez, Luis Raúl Ponce, Raúl Muñoz, Héctor Alberto Herrera, Tránsito Gigena, Oscar Acosta, Antonio Vargas, José Alfredo Orellana, Julio César Pasquale y Ángel Trotta. Ninguno de ellos tuvo ninguna consecuencia legal.

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A López le llevó nada menos que 30 años llegar a juicio con su caso. Pero está nuevamente desaparecido. Ya pasaron más de 45 años de que ocurrió el Genocidio en nuestro país y aún hay miles de compañeros y compañeras que no han accedido a un mínimo de reparación por justicia. Por esto, a 15 años de la segunda desaparición forzada de López, continuamos denunciando la política de impunidad expresada en el estiramiento indefinido de los juicios, la apelación a la impunidad biológica, las domiciliarias y los juicios a cuentagotas.

La desaparición de López, no fue la primera luego de caída la dictadura, ejemplo de eso son las de Andrés Núñez y Miguel Bru en La Plata, y otras como las de Iván Torres, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Castro, Luis Espinoza y Ariel Valerián. El Estado argentino tardó 28 años de concluida la dictadura, y por una sanción en 2011 de la Corte Interamericana por el caso Iván Torres, en incluir en su código penal la figura de la desaparición forzada de personas. A pesar de esa formalidad el Estado argentino sigue sin reconocer plenamente las desapariciones forzadas que él mismo comete.




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