Política

LA MATANZA

Caso Luciano Arruga: un torturador que no quedó impune

Ayer fue un día de esos que pueden considerarse históricos. La memoria de Luciano Arruga, desde el punto de vista jurídico e institucional, comenzó a desandar el camino de la criminalización y la estigmatización con las que el Estado y sus fuerzas represivas tratan a miles y miles de jóvenes de las barriadas populares de nuestro país.

Daniel Satur

@saturnetroc

Florencia Sciutti

@FlorSciutti

Sábado 16 de mayo de 2015 | Edición del día

Imagen: dienteleche

Ayer el Tribunal Criminal n°3 de La Matanza dijo que Luciano, el 22 de septiembre de 2008 (cuatro meses antes de desaparecer), fue torturado por Julio Diego Torales, el teniente primero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que estaba al frente del destacamento de Lomas del Mirador. Que las torturas fueron tanto físicas como psicológicas. Que fueron realizadas durante horas en la cocina de esa casa utilizada como sede policial. E incluso que en esas torturas no participó sólo Torales, sino otros agentes que no fueron juzgados en este proceso por no haber sido identificados. Y que por todo eso, debía ser condenado a diez años de prisión.

La sentencia, firmada por las juezas Diana Nora Volpicina y Liliana Logroño y el juez Gustavo Omar Navarrine, fue leída en una sala llena de familiares y amigos de Luciano. Y también por los medios, muchos de los cuales durante años les fueron indiferentes a las denuncias de Vanesa Orieta, la hermana del joven desaparecido en enero de 2009. Cuando el secretario leyó que el Tribunal resolvió imponer a Julio Diego Torales “la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por resultar coautor penalmente responsable del delito de tortura”, gran parte de los presentes se miraron entre sí. Y las lágrimas mezcladas de emoción y de alivio comenzaron a brotar. Abrazos entre flashes. Y Torales, esposado y custodiado, saliendo con la cabeza gacha.

“Demostramos que lo que decíamos era verdad”

Con esas palabras Vanesa comenzó su reflexión en la calle, una vez terminada la audiencia. En ese sentido vale mencionar que el Tribunal también desestimó un pedido de la defensa de Torales (un grupo de abogados especializado en conseguir impunidad para delincuentes de uniforme) para que Vanesa fuera investigada por “falso testimonio”.

“Cuando empezamos a denunciar Luciano era el líder de una mafia, un pibe vinculado con drogas, era lo peor. Estábamos solos tratando de hacer visible esta causa y de lograr justicia. Y hoy avanzamos”, dijo Vanesa, con notoria emoción pero sin aflojar. Y continuó planteando que “costó muchísimo llegar hasta acá. Aunando esfuerzos entre nosotros logramos que la causa se hiciera visible, que no la pudieran ocultar.

Que no pudieran seguir hablando de un pibe de 16 años como si fuera él el responsable de su desaparición. Pudimos sacarle la careta a funcionarios políticos y judiciales que lo único que hicieron fue manchar la figura de Luciano. Y pudimos ganarle al discurso de los grandes medios de la incomunicación.”

Por tratarse de su hermano Vanesa tomó desde el inicio esta pelea como una batalla personal, porque cuando Luciano desapareció ella prometió “que no iba a parar hasta lograr, primero, visibilizar su causa, después limpiar su imagen y después condenar a las basuras que lo hicieron sufrir.” Sin embargo, en esa larga lucha, ella y su madre Mónica no pudieron evitar ser referentes de una multiplicidad de casos como el de Luciano. “Cada vez que uno está en un proceso como éste es imposible no recordar las caras de muchos otros pibes, que son la misma cara que tenía Lu, la misma ropa, la misma forma de andar, la misma forma de hablar, el mismo sufrimiento, la misma persecución, la misma discriminación, la misma criminalización… Es imposible que no pensemos en todos esos pibes”, sentenció Vanesa.

“Y ahora vamos por más”, anunció, porque “se ha condenado una tortura y esto marca un precedente para todos los que denunciamos. Y todas esas causas que están estancadas hoy pueden tomar este ejemplo, el de esta causa, donde se ha condenado al teniente primero Diego Torales. El mismo que ese día nos atendió en la comisaría, el que nos hizo sufrir, el que nos verdugueó y el que probablemente fue el que golpeó a Luciano, o le agarró las manos o como carajo sea. Y ahora vamos por el resto. Porque otros policías ya se ubicaron en la escena, ya hablaron de que Luciano estuvo ahí, ya dijeron que estuvo más de diez horas, dieron cuenta de los gritos de la familia. Vamos por ellos ahora. Todos tienen que ser condenados.”

Finalmente Vanesa agradeció “con fuerza y con todo el corazón a todos los familiares que vinieron hoy”. También “a los medios alternativos, comunitarios e independientes que siempre están, desde el primer momento nos ayudaron a lograr visibilizar también esta lucha”. Y “un gracias que no va a tener final a los tres abogados que participaron de este proceso, Juan Manuel Combi, Maximiliano Medina y María Dinard. Especialmente a María Dinard, por una cuestión de género.”

La tortura como tortura

El precedente al que se refería Vanesa es justamente la calificación que hizo el Tribunal de los hechos protagonizados por Torales. Es que históricamente los policías y penitenciarios que eventualmente caen en desgracia y son juzgados por esas prácticas tan habituales y naturalizadas reciben cargos menores a los de tortura, tales como apremios o vejaciones. En este caso los jueces aceptaron llamar a las torturas como tales, incluso consideraron no sólo las torturas físicas sino las psicológicas que Torales y otros policías aplicaron sobre Luciano. Y eso no es poco.

Como afirmaron desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), tanto para la investigación del caso Arruga como de otros muchos casos, “la condena al policía Torales tiene un elemento fuertemente positivo, porque en lugar de recurrir a figuras menores (…) que desdibujan la tortura y eluden decir la palabra que caracteriza el crimen de Estado por excelencia, esta vez los jueces condenaron por lo que ocurrió”. Así, “en esta sentencia, la definición del hecho como ‘tormentos agravados’ se aparta de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, que sostiene que ‘en democracia no se puede hablar de torturas’”.

Por eso, si bien la querella que representa a la familia de Luciano había pedido 16 años de prisión y no los 10 solicitados por el fiscal y finalmente adoptados por el Tribunal, la condena cobra un valor especial para la lucha popular contra la represión y la impunidad.

Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y candidata a jefa de Gobierno porteño por el Frente de Izquierda, estuvo ayer en el juzgado de La Matanza y una vez conocida la sentencia coincidió con esa consideración de la condena como un valioso precedente. “Hoy es un día muy importante”, dijo la dirigente del PTS y afirmó que “esta condena es simbólica, ya que pone en el centro la responsabilidad de la violencia planeada desde las instituciones represivas del Estado”. Y recordando otro caso emblemático sobre el que aún reina la impunidad, Bregman agregó que “hoy se logró empezar a desandar esa versión de que Luciano era el responsable de lo que a él mismo le pasaba. Es lo mismo que nosotros vivimos con Jorge Julio López, que cuando desapareció buscaron responsabilizar a la víctima diciendo que era un viejito que estaba perdido y que en algún momento iba a aparecer. Lo primero que tenemos que enfrentar son esas campañas organizadas desde el gobierno.”

Junto a Bregman estaba también Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y referente del CeProDH y el PTS de La Matanza. “Estamos muy contentos por la condena que se consiguió. Fueron muchos años de lucha por demostrar que Luciano estaba desaparecido, al revés de lo que decían todos los representantes políticos y los mismos medios de comunicación que lo estigmatizaban. Desde el primer momento acompañamos a Vanesa y a Mónica junto al resto de los organismos, familiares y amigos. Gracias a esa enorme lucha pudimos dar a conocer que estaba desaparecido por la Policía Bonaerense”, manifestó. Y concluyó coincidiendo que éste es “un primer paso y un antecedente jurídico muy importante para tantos otros casos. Vamos a seguir movilizándonos hasta conseguir el juicio y castigo de todos los culpables de la desaparición y muerte de Luciano, que siguen impunes.”

La lucha continúa. Lo saben Vanesa, su madre Mónica y los abogados del CELS y la APDH La Matanza que las representaron en el juicio. Lo saben todos los que estuvieron ayer festejando la condena a Torales. Y lo saben también todos los responsables, policiales, políticos y judiciales que por el momento siguen impunes.

Ayer quedó demostrado que el 22 de septiembre de 2008 Luciano ingresó ilegalmente al destacamento de Lomas del Mirador y salió de allí varias horas después, torturado y atemorizado por Torales y sus camaradas de armas. Desde hace años también se sabe que cuatro meses después, el 31 de enero de 2009, fue llevado a ese mismo destacamento y desde entonces nunca más se supo de él. Hasta octubre de 2014, cuando su cuerpo fue encontrado enterrado como NN en una fosa del cementerio de la Chacarita.

También es verdad que entre aquellos años y la actualidad los responsables políticos y judiciales hicieron poco y nada por esclarecer el caso de Luciano Arruga. Entre ellos está nada menos que Daniel Scioli, el jefe de la Bonaerense torturadora y asesina de Luciano y de miles de jóvenes pobres más. Nada menos que uno de los candidatos presidenciales con más chances de gobernar el país en el próximo período.







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