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Cobros ilegales en el Posgrado de la UNAM y recorte al presupuesto del CONACyT

Luego de la huelga de 1999-2000 en la UNAM, se logró detener la elitización de la educación pública universitaria en México. No obstante, los gobiernos mexicanos nunca han cedido en sus intentos de convertir a la educación superior en un privilegio de la clase dominante, excluyendo a los hijos de los trabajadores, campesinos, indígenas y todo aquel que no pueda pagar por recibir dicho derecho.

Miércoles 25 de marzo de 2015 | Edición del día

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En un contexto de crisis capitalista internacional, las burguesías han implementado políticas sociales que obligan a que las clases explotadas sean las que paguen la crisis, siempre salvaguardando los intereses de las grandes trasnacionales.
En este sentido, la educación pública es una de las más afectadas en cuestión de reducción de presupuesto y la implementación de cobros ilegales. No obstante, las clase dirigente sabe que no es conveniente impulsar abiertamente esta política, dado que generaría mayor resistencia. Por eso, de forma discreta y paulatina van obligado a los alumnos a cubrir pagos, si es que estos últimos quieren seguir con su formación académica.

Uno de los atentados más obvios a la educación superior e investigación en el país, fue el recorte presupuestal que sufrió el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de 900 millones de pesos, anunciado el 29 de enero de 2015. Lo anterior es consecuencia en parte de la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, y a la entrega de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a las grandes trasnacionales. Provocando un agujero fiscal en los recursos del Gobierno federal que solo puede ser solventado por medio de disminución de dinero en áreas de interés de los trabajadores, como la educación y la investigación.

Si bien los funcionarios afirman que no tendrá un impacto significativo en los proyectos del Conacyt, la realidad a corto plazo será menor cantidad de recursos para becas para estudiantes de posgrado, así como la reducción a proyectos de investigación científica en territorio mexicano. A un mediano y largo plazo, este recorte anuncia la continuación de la dependencia de México a las tecnologías extranjeras y por ende un motivo más para la subordinación al imperialismo internacional.

En este contexto, a los alumnos de la mayoría de los posgrados de la UNAM, para poder llevar acabo trámites como la inscripción, reinscripción, certificados académicos, etc. se les obliga a realizar pagos a nombre del patronato universitario, del cual no hay reporte alguno. La situación se agrava cuando dichos cobros no están previstos en la legislación universitaria, provocando que los avisos para realizarlos sean de una manera verbal-informal y no por escrito.

Es decir, las autoridades no dejan constancia de que violan la ley y desconocen las luchas históricas de los estudiantes por la gratuidad de la educación, y han convertido las recaudaciones en una práctica común de muchos de los posgrados de la UNAM.

Por ejemplo, encontramos el caso del posgrado de derecho, en el cual se cobra una inscripción de cinco mil pesos si se desea entrar a la maestría. Luego, se cobra una reinscripción semestral de 3500 pesos para seguir en el posgrado. Estas cuotas no vienen estipuladas en ningún reglamento ni en la convocatoria pública para ingreso a la maestría, sino que son comunicadas a los alumnos hasta que ya pasaron todos los filtros y de forma oral.

El único momento en que se tiene un documento oficial es cuando el alumno recibe “la orden de pago” a nombre del patronato universitario, pero luego de ser pagado en Bancomer, es canjeado por un recibo en la caja de la facultad de derecho. O sea, el documento probatorio del ilegal e ilegítimo cobro es retenido por la misma institución para no dejar prueba del hecho.

Sin embargo, maestrías como la de Estudios Latinoamericanos no son víctimas de cuota alguna debido a que los estudiantes se han organizado para combatir esta discreta elitización de los estudios de posgrado de la UNAM. Lo anterior nos demuestra que la única forma de evitar el ataque a la educación pública es con la organización y la lucha, sin olvidar que los estudios superiores son pagados con el trabajo de los explotados de este país, y es a ellos a quienes tenemos que dedicar los conocimientos adquiridos.







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