Política

REGIMEN POLICIACO

¿Cómo pelear contra la persecución judicial de Morales y la libertad de los presos políticos?

Ayer el gobernador de Jujuy encabezó una marcha “contra la libertad de Milagro Sala y la intervención federal de la justicia”. El peronismo propone darle funciones al Poder Ejecutivo Nacional para remover jueces, funcionarios y hasta empleados judiciales provinciales. ¿Qué propone la izquierda?

Alejandro Vilca

Diputado PTS/FIT Jujuy | @vilcalejandro

Gastón Remy

Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.

Jueves 5 de marzo de 2020 | 16:34

Gerardo Morales viene mostrando su decisión de acompañar la política “antigrieta” desde que Alberto Fernández asumió la presidencia, en parte para evitar problemas con el peronismo local, en parte apretado por las necesidades financieras, que en la provincia dependen casi en un 80% de Nación. Sin embargo hay una “mini grieta” local que el gobernador radical está decidido a mantener y llevar hasta las últimas consecuencias: Milagro Sala. Pero detrás de esta bandera, se esconde la necesidad de sostener un Poder Judicial afín al Gobierno, a la vez que se criminaliza y judicializa toda protesta social, para mantener casi la única promesa de campaña que queda en pie: la “paz”.

Con este objetivo, ayer el gobernador encabezó una movilización “contra la libertad de Milagro Sala y la intervención federal de la justicia”, esto último a raíz de un proyecto de intervención presentado por el senador justicialista, Guillermo Snopek. Con poco entusiasmo y un “discurso” de cierre del propio Morales que duró apenas 55 segundos, unas 5 mil personas “coparon” las calles de la capital jujeña, encabezados por Morales, funcionarios y diputados y diputadas radicales y del peronista Primero Jujuy, todos integrantes del oficialista Cambia Jujuy. Además de trabajadores estatales y los más vulnerables, quienes reciben planes sociales, que fueron obligados a asistir. Detrás de esta manifestación se esconde una defensa cerrada a un Poder Judicial totalmente funcional al ejecutivo, incluyendo a jueces acusados de “imparcialidad” y hasta de violación, como el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca.

Incluso, en caso de que se produzca la salida de Baca, su lugar lo ocuparía Sergio Jenefes, hermano del ex vicegobernador de Fellner, un hombre que llegó a la función pública de la mano de la intervención militar de la provincia en 1976. Una prueba más de cómo la Justicia, es un botín, al igual que el conjunto de puestos en el Estado, para el reparto y la disputa de los partidos tradicionales que gobiernan históricamente para las minorías dueñas del país y las provincias.

En el mismo sentido, el pasado martes diputados oficialistas aprobaron en una sesión especial en la Legislatura un rechazo a la intervención solicitada por Snopek, que contó con el voto en contra solamente del bloque del Frente de Izquierda, dada la ausencia del bloque justicialista producto de divisiones internas que le impidieron llegar a una posición unificada.

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La “solución” del PJ: intervención federal del Poder Judicial

Los escándalos que atraviesan al Poder Judicial de la provincia motivaron al senador justicialista, Guillermo Snopek, a presentar en el Senado Nacional un proyecto de intervención federal de la Justicia jujeña. Según el proyecto, el objetivo es darle plenas funciones al Poder Ejecutivo Nacional para remover de sus funciones a jueces, funcionarios y hasta empleados judiciales de la provincia. Así un sector del peronismo intentaría “copar” el Poder Judicial de la provincia, por supuesto sin tocar en lo más mínimo los privilegios de la “casta judicial” ni su estructura y funciones persecutorias, como parte de su estrategia de debilitar a Morales y prepararse para volver a gobernar en 2023. Más allá de que este proyecto en principio no contaría con el apoyo del conjunto del peronismo, empezando por el propio Alberto Fernández, es tomado como bandera por un sector del PJ, supuestamente como una salida “progresista” contra la justicia adicta de Morales.

Pero lo cierto es que una intervención de este tipo, contemplada en la propia Constitución y utilizada históricamente por gobiernos constitucionales y dictaduras militares, no es para nada una salida para “democratizar” la Justicia. En la historia de las intervenciones a las provincias, el Estado Nacional, a través del Poder Ejecutivo dirimió internas entre caudillos de los partidos oligárquicos hacia principios del siglo XX, siendo dos presidentes radicales, Yrigoyen y Alvear, los abanderados de las intervenciones; luego lo hicieron y continuaron en las pujas dentro del Partido Justicialista. Los gobiernos militares también hicieron uso y abuso de esta facultad. Desde 1983 hasta ahora las intervenciones estuvieron más bien dirigidas a conservar el poder de las oligarquías provinciales ante levantamientos sociales como en Catamarca, Santiago del Estero o Corrientes.

Por otro lado, por más que Morales lo utilice en su campaña contra Milagro Sala, tanto Snopek como los distintos referentes peronistas no se cansan de “aclarar” que su objetivo no es bajo ningún punto de vista, conseguir la libertad de Sala, ni mucho menos terminar con la persecución judicial a la oposición. Ni en el proyecto presentado por el senador ni en las declaraciones públicas se menciona a Sala, ni ninguno de los principales referentes del PJ de la provincia se pronunciaron en contra del actual juicio contravencional a dirigentes sindicales, sociales y de la izquierda, perseguidos por participar de una movilización opositora a la Legislatura, en la apertura de sesiones en 2018. Incluso cuando muchos de los procesados pertenecen al propio peronismo.

En cuanto a las libertades democráticas de dirigentes y del pueblo trabajador, el PJ jujeño, ratifica su acompañamiento al régimen policíaco montado por Gerardo Morales. En esto se revalida también el pacto de negocios y gobierno, entre el titular del PJ, el empresario y diputado, Rubén Rivarola, con el Gobernador. La tropa justicialista, en sus múltiples expresiones y facciones, puede a veces mostrar algún que otro matiz pero en lo esencial se disciplinan al pacto de los jefes. La idea de "cambiar por adentro" al PJ queda en el lugar de las utopías reaccionarias.

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¿Cómo enfrentar la persecución judicial y terminar con los presos políticos?

Los trabajadores y sectores populares no podemos defender este Poder Judicial funcional al gobierno de Morales, pero tampoco apoyar una antidemocrática intervención del Poder Ejecutivo Nacional. Esa es la posición que levantó el Frente de Izquierda en la pasada sesión especial convocada por el oficialismo, y por lo cual recibió indistintamente ataques del lado de la UCR y del PJ.

Además de exigir la renuncia de jueces acusados de responder directamente a órdenes del gobernador o directamente de hechos aberrantes como una violación, como las denuncias contra el juez Baca, es fundamental pelear contra las persecuciones y arbitrariedades de la justicia, incluyendo el Juzgado Contravencional, creado por el propio Poder Ejecutivo para criminalizar la protesta social y perseguir a los pobres. Es a partir del propio Código Contravencional, votado por peronistas y radicales bajo el gobierno justicialista de Fellner, que metieron presa a Milagro Sala por participar de un acampe en Plaza Belgrano, y hoy se quiere condenar a dirigentes opositores. La movilización de los sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones sociales, empezando por las que estamos siendo llevadas a juicio, es el camino para enfrentar esta justicia para ricos.

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Junto a esto es necesario pelear por terminar con este Poder Judicial clasista, empezando por exigir que se terminen los privilegios para jueces y funcionarios, que todos ellos sean electos por el voto universal, que tengan cargos revocables y cobren como un trabajador. Pelear por implementar jurados populares, y no que una casta de jueces puestos a dedo por el Gobernador (que termina eligiendo una terna de los que pasaron los concursos) decidan sobre la vida de miles de jujeños.

Por último, no se puede permitir que se “naturalice” que haya presos políticos en nuestra provincia, como Milagro Sala. Más allá de las diferencias que nos separan de Sala y su organización, ella es sistemáticamente perseguida y estigmatizada por su rol como dirigente social y, como dijimos, fue detenida por participar de una movilización opositora a Morales. Su detención es una amenaza y un “ejemplo” de lo que le puede pasar a cualquiera que quiera enfrentar las políticas de ajuste. Por eso tanto ataque de Morales, y tanto silencio del propio peronismo. Y por eso desde el PTS-Frente de Izquierda exigimos su libertad.







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