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LEGISLATURA

Córdoba: se presentó proyecto de repudio por despidos de trabajadores estatales en Jujuy

Laura Vilches, legisladora por el PTS en el Frente de Izquierda, presentó un proyecto de declaración en la Unicameral de Córdoba por los 23 despidos en la secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en la provincia de Jujuy, entre los que se encuentra Natalia Morales, quien fuera candidata a gobernadora del Frente de Izquierda.

Martes 16 de febrero de 2016 | 19:43

Transcribimos a continuación el proyecto de declaración presentado:

La Legislatura de la provincia de Córdoba
Declara

Su preocupación por los 23 despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación en la provincia de Jujuy, y en particular de la trabajadora Natalia Morales quien fuera candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en dicha provincia, y exige la inmediata reincorporación de todos los empleados y el cese de la persecución por motivos ideológicos o políticos.

Fundamentos

El despido de 23 trabajadores se enmarca en una política llevada adelante por el representante de Macri en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales. Se aprovechan para dar de baja a los más vulnerables, que tienen contratos de monotributo, y dejan correr rumores de los despidos a raíz de que se trata de un sector de activistas gremiales como Eugenia Calvo y militantes políticos que estuvieron exigiendo la liberación de Milagro Sala y se solidarizaron con el acampe por esta causa. En el despido de Natalia Morales incluso pasan por encima de los derechos laborales adquiridos por los fueros como delegada. Los trabajadores de la dependencia respondieron inmediatamente con sus métodos imponiendo la huelga en defensa de los puestos de trabajo.

Natalia Morales es una reconocida luchadora por los derechos de los trabajadores y de las mujeres, ha sido candidata encabezando las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores en la provincia de Jujuy, obteniendo altas votaciones y siendo reconocida por decenas de miles de jujeños.

Se ha desempeñado en esa dependencia por 11 años, trabajando de forma precaria y ha sido delegada de base en representación de sus compañeros de trabajo.

Se trata de una clara persecución política dentro de un accionar de ajuste que viene aplicando Macri y los gobernadores en el país y en Jujuy Morales pretende terminar con la oposición política atropellando a los trabajadores.

Esta política viene siendo llevada adelante por el conjunto de las administraciones provinciales sin importar el color político.

Como dijo Nicolás del Caño en el primer acto que se realizo inmediatamente enterados de los despidos.

“Nuestra compañera, como ya lo hemos señalado, ha sido delegada de ATE hasta noviembre de año pasado, por lo cual también es un despido persecutorio e ilegal.
Ha sido candidata a gobernadora y junto a nuestro compañero Alejandro Vilca, que encabezó la lista a diputados provinciales, obtuvo una significativa elección, siendo la tercera fuerza, una alternativa política de los trabajadores ante los partidos patronales.
Esto demuestra que nuestro planteo y la exigencia de la libertad a Milagro Sala era correcta y sigue siendo correcto en el sentido de que era una criminalización de la protesta social, demostrando que van a venir por todos los trabajadores y por los que quieran enfrentar a este gobierno.

Ante este ajuste que implican los despido y la devaluación, se contrapone la resistencia de los trabajadores en todo el país, a lo que estamos viendo de los Moyano, de los Caló. Moyano directamente abrazado con Macri”.

La política de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy significa un atropello a todas las libertades constitucionales. Incluye al nombramiento de diputados y el apoderado de su partido en el tribunal superior y también la promulgación de un código contravencional dirigido a impedir la protesta social. Dirigentes opositores son perseguidos e inclusive los trabajadores en huelga reciben el hostigamiento policial.
Es en ese marco que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración para impedir que continúe el atropello a los trabajadores, a su sustento familiar y a la persecución de quienes desean organizarse libremente y actuar en el terreno político.







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