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CARCELES Y CORONAVIRUS

Devoto: faltazo del Gobierno a la “mesa de diálogo” y represalia a presos tras el reclamo

Contra lo pactado en una reunión anterior, este jueves faltaron el viceministro de Justicia y los jueces de Ejecución. Ausencias acordes a la política dilatoria y negadora de la Casa Rosada. Los presos denuncian represalias tras la protesta del viernes 24.

Viernes 1ro de mayo de 2020 | 14:04

Foto archivo Infojus

Tras los hechos ocurridos el viernes 24 ante la crisis sanitaria en el penal federal de Villa Devoto, se había acordado una nueva reunión de la "mesa de diálogo" entre la población carcelaria, organizaciones defensoras de los derechos humanos y autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial competentes en la materia.

Finalmente (según consta en el acta a la que accedió La Izquierda Diario y se copia abajo de este artículo) este jueves se reunieron representantes de casi todos los pabellones del complejo penitenciario de Devoto, Matías Isequilla del sindicato de trabajadores privados de la libertad (Sutpla), el representante de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional Daniel Morín, la jueza de Ejecución Vilma Bisceglia, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco, representantes de la Procuración Penitenciaria y de organizaciones defensoras de los derechos de las personas presas.

Por el lado del Poder Ejecutivo Nacional, además de Blanco del SPF, estuvo el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Enrique Barbuto, un funcionario de tercera línea de esa cartera.

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Ausencias que son señales

En ese sentido, causó malestar entre los presos la ausencia del viceministro de Justicia Juan Martín Mena, quien hasta la noche anterior había asegurado su participación tal como lo había hecho en las dos reuniones anteriores como parte de la mesa conformada a instancias del propio Gobierno nacional tras la enérgica protesta del viernes.

La orden de la ministra Marcela Losardo de que Mena no vaya está en línea con los tuits lanzados casi en paralelo por Alberto Fernández y Axel Kicillof el miércoles a la noche, donde se lavaban las manos por la situación y dejaban todo en manos de "la Justicia".

El faltazo de Mena (del riñón político de la vicepresidenta Cristina Fernández) preocupa a los representantes de las personas detenidas. Y no es para menos ante la gravedad de la situación que convierte a los lugares de encierro en potenciales focos de contagio que pueden terminar en una tragedia, como aseguran la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Que Mena no haya ido a la reunión expresa la voluntad oficial de dilatar lo más que pueda la situación, sin adoptar medidas efectivas para evitar que estalle la olla a presión que son las cárceles en todo el país por el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención. En definitiva, llevar a un punto muerto el reclamo humanitario de miles de personas detenidas.

Otra ausencia nada menor (a excepción de la titular del Juzgado 2 Bisceglia) fue la de la totalidad de jueces y juezas de Ejecución Penal y de los secretarios de Cámara, quienes también habían participado en las reuniones previas. Una señal conjunta de los poderes Ejecutivo y Judicial que no es para nada bien leída en los pabellones y celdas. Por eso los detenidos exigieron que de la próxima reunión que se realizará el 6 de mayo participen tanto Mena como todos los representantes de esos juzgados.

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Renuncia incómoda

Hay otro dato que llama la atención. La abogada Claudia Cesaroni, quien como parte de una ONG comprometida con los derechos de las personas presas viene participando desde el primer momento de la mesa de diálogo, horas después de la reunión comunicó en sus redes sociales que renunciaba al cargo de Directora General para la Prevención del Delito y la Violencia de la Municipalidad de Quilmes.

El distrito del sur del conurbano está gobernado por la camporista Mayra Mendoza, quien había sumado a Cesaroni a su plantel buscando darle un perfil "progre" a las acciones de gobierno. La partida de Cesaroni (quien optó por no informar a través de sus redes los resultados de la reunión) podría ser parte de una interna mayor que hoy se está desatando en las huestes oficiales a partir de la crisis carcelaria.

Y otro elemento nada menor es el silencio ensordecedor del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, sobre este asunto. Su deliberada abstención indica, además de indiferencia por las miles de personas que sufren vejaciones intramuros, un alineamiento con sus jefes políticos en el marco de una crisis gravísima donde no se puede mirar para otro lado.

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Mucho ruido de funcionarios, pocas soluciones

De la tercera "mesa de diálogo" no salieron medidas concretas para resolver los pedidos urgentes de los detenidos. Por el contrario, quedó en evidencia la política retardataria del Gobierno y las represalias ante el mal llamado "motín" del viernes.

En el acta firmada quedó expresado que la situación de los detenidos en Devoto empeoró desde la protesta del 24 de abril. En uno de los puntos firmados al finalizar el encuentro los detenidos denuncian que "las condiciones y entrega de elementos de higiene, prevención frente al Covid-19 y alimentación" desde el viernes "han mermado", lo que muestra que en vez de tomar medidas sanitarias acordes como manifestó el propio Alberto Fernández los están exponiendo aún más a contraer la enfermedad.

Otro de los puntos es que respecto a las situaciones procesales que deben resolverse de acuerdo al fallo de Casación de hace casi un mes se evaluarán 405 casos de un total de 805 solicitudes que se encuentran en condiciones de acceder a un trámite más expeditivo para obtener la prisión domiciliaria. Pero esta promesa de revisar caso por caso ya tiene semanas.

De hecho de las 1.280 personas detenidas en las cárceles federales que reúnen los requisitos establecidos por Casación (mayores de 60 años, con enfermedades de riesgo, mujeres embarazadas o con hijos pequeños) sólo fueron liberadas 320 a más de un mes de declarada la cuarentena.

Otro de los puntos que exigieron los detenidos es que participen representantes de las mujeres detenidas y que de una vez se tomen medias medidas concretas para descomprimir el hacinamiento.

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La campaña es mentirosa

Tan grave es la situación en las cárceles del país que no puede taparse con ninguna campaña mentirosa, como la impulsada por la derecha, funcionarios del actual Gobierno y las grandes empresas mediáticas que organizaron un cacerolazo contra las que según ellos serían liberaciones masivas.

Nada dicen de los ladrones de guante blanco y los genocidas impunes, que además los pocos que están presos están en pabellones VIP que nada tienen que ver con las que sufren la enorme mayoría de los detenidos.

Los números hablan por sí solos. Ni siquiera han cumplido por lo resuelto por Casación hace casi un mes para los presos que hayan cometido delitos no violentos y que conformen grupos de riesgo.Tapar el sol con la mano cuando la sobrepoblación y las condiciones inhumanas de detención hacen de las cárceles una olla a presión, es imposible.

Acta firmada en Devoto







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