Política

CORRUPCIÓN

Dictaron orden de captura para Cristóbal López

Lo decidió el juez Ercolini. Fabián De Sousa ya está detenido. También fue procesado y embargado Ricardo Echegaray.

Martes 19 de diciembre de 2017 | 19:36

El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva y ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ambos empresarios del Grupo Indalo. Los acusa por defraudación al Estado por no habar pagado 8 mil millones de pesos en impuestos. También procesó a Ricardo Echegaray, aunque sobre el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no pesa ninguna orden de detención.

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De Sousa ya fue detenido y actualmente se encuentra alojado en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, ubicado en Retiro. Cristóbal López, según trascendió, está prófugo. La policía no lo halló en su domicilio de Puerto Madero.

La decisión del juez tiene como argumento violación de medidas cautelares impuestas por la Justicia, por parte de los procesados. Sobre los tres recae además, un embargo por 17 millones de pesos.

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La causa inició en marzo de 2016. Según la investigación, López se habría beneficiado con el incumplimiento en el pago de impuestos a la transferencia de combustibles líquidos (ICL). Las maniobras se habrían realizado a través de la empresa parte del Grupo Indalo, Oil Combustibles SA e involucran 8 mil millones de pesos.

Las autoridades de la AFIP, con Echegaray a la cabeza, habrían permitido que la firma de los empresarios no abonara en tiempo y forma el gravamen. Con el dinero que no se aportó el Estado, López y socios habrían aprovechado para expandir sus sociedades.

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Ercolini encontró responsable a Echegaray de haber "otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo" los planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA, por el ICL correspondiente a los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015.

En todo este tiempo, López y compañía no se privaron de precarizar, despedir y maltratar a los trabajadores de sus empresas de medios, mientras amasaban enormes fortunas a través de negociados fraudulentos con el Estado.







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