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BRASIL – OPERACIÓN LAVA JATO

Diputados brasileros votan un polémico paquete de medidas contra la corrupción

La reciente ley aprobada por Diputados, originalmente conocida como “10 medidas contra la corrupción” a propuesta del Ministerio Público Federal, impone límites al Poder Judicial y a la Operación Lava Jato.

Jueves 1ro de diciembre de 2016 | Edición del día

La Cámara de Diputados votó en la madrugada del martes un paquete de medidas anticorrupción. En una disputa en lo que menos importaba era combatir la corrupción, los diputados lograron derrotar al poder judicial en sus aspiraciones de contar con mayores atribuciones para actuar como árbitro en la política nacional. Las pocas medidas que dejaron intactas del proyecto original preservan el avance represivo del poder judicial, limitando el derecho a apelar sentencias en libertad y el derecho de habeas corpus.

En una votación que comenzó incluso con el trasfondo del accionar de la policía en las calles, en una jornada de supuesto “luto oficial” debido al accidente aéreo del club Chapecoense, los diputados alteraron en gran medida las propuestas presentadas por el Ministerio Público Federal para el supuesto combate a la corrupción. Lograron imponer derrotas al "partido judicial" que en caso de ser aprobadas en el Senado y luego sancionadas por el presidente Michel Temer limitarán su accionar, con la esperanza de garantizar por esta vía mayor poder e impunidad para la casta política. ¿El poder judicial tomará revancha a través de la Operación Lava Jato y a pocos días del testimonio de los arrepentidos de la empresa Odebrecht?

Como venimos planteando desde Esquerda Diário, se trata de una disputa de poderes sobre cuál será el papel del poder judicial en la crisis actual del régimen político. Los parlamentarios intentan poner límites a su accionar y evitar que avancen las investigaciones que involucran a más y más políticos. De parte del poder judicial se trata de contar con “superpoderes” y remuneraciones, con derecho a preservarse una parte del dinero proveniente de los testimonios de los arrepentidos en los casos de corrupción que investiga.

A pesar de haber desistido de incluir en el paquete aprobado la amnistía a la práctica conocida como “caja dos”, por la que se asegura el financiamiento de campañas electorales con fondos ilegales, para ayudar a Temer en su intento de reducir las críticas que viene sufriendo - temeroso del apelo popular de las manifestaciones del domingo convocadas por sectores de la derecha y la extrema derecha nacional, los diputados incluyeron medidas polémicas y suprimieron del texto las propuestas consideradas esenciales del proyecto original. Fue incluida la propuesta a la que el Ministerio Público Federal define como de “terror”, por considerar a jueces y fiscales responsables de "abuso de autoridad" cuando se tomen decisiones que posteriormente sean revertidas. Por ejemplo, si alguien es detenido en forma coercitiva y luego se lo considera inocente.

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Una de las propuestas retiradas fue la que el relator Onyx (del DEM-RS), el Ministerio Público Federal y los medios llaman de "informante del bien", que en criollo se podría llamar como “alcahuete” premiado. Alguien que indicase algún esquema de corrupción sería recompensado con dinero en efectivo por un valor de hasta un 20% del esquema denunciado.

Los límites a la arbitrariedad del poder judicial que se mantuvieron sólo benefician a los parlamentarios y a los funcionarios de alto escalafón. Cuatro de cada diez detenidos en el país nunca fueron juzgados, para ellos los diputados mantuvieron una de las principales medidas y atribuciones de carácter represivo del poder judicial: la limitación del hábeas corpus. Se eliminó también la responsabilidad de los partidos políticos y los dirigentes partidarios por los actos cometidos por miembros de sus siglas políticas. Otra medida eliminada fue la tipificación como delito de enriquecimiento ilícito y las reglas que facilitaban la confiscación de bienes provenientes de la corrupción.

Del texto original enviado por el Ministerio Público Federal, se mantuvo sólo la penalización de la “caja 2” de campaña electoral, el aumento de penas para los delitos de corrupción, la transparencia de los tribunales en la divulgación de los datos procesales, recursos limitados para la prorrogación de los procesos (hábeas corpus y el derecho de apelar y no cumplir penas hasta el llamado "tránsito en juzgado", es decir, hasta que la decisión o el acuerdo judicial no puede volver a apelarse).

Amenazas del poder judicial

En síntesis, los diputados limitaron cuanto pudieron al “poder judicial” para arbitrar en la política nacional, pero no sus atribuciones represivas especialmente frente al ciudadano común. Derrotados los fiscales de la Operación Lava Jato, ¿se vengarán a través de nuevas investigaciones y denuncias? Ya se conocieron declaraciones de los fiscales de la Operación Lava Jato que amenazan con renunciar colectivamente en caso de que medidas como la de “abuso de autoridad”, incluidas en la ley aprobada, entren en vigor.

Según declaró el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima que integra el equipo, “Nuestra propuesta es renunciar colectivamente en el caso de que la propuesta sea sancionada por el presidente”, señaló en una rueda de prensa pues consideró que atenta con la continuidad de las investigaciones y crea un clima de intimidación para el desarrollo de sus prácticas. Desde el lugar político que alcanzaron en la crisis política actual, no pareciera que permanecerán en silencio. Los siguientes capítulos de esta crisis y disputa, que no versa sobre condenar a los corruptos, se desarrollarán en los próximos días y semanas.







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